Verónica Salgado

Tener una vivienda propia es un anhelo que se transformará en realidad para cerca de 300 familias que por décadas han luchado viviendo en precarias condiciones en el macrocampamento de Rahue Alto, ubicado al final de avenida Real.

El asentamiento es el más grande la región, con más de 600 familias instaladas, por lo que la erradicación de la mitad de ellos obliga a generar medidas de contingencia para evitar que lleguen nuevos pobladores o las mediaguas sean vendidas o arrendadas, lo que impediría poder cerrar de forma paulatina, pero definitiva, el gran asentamiento irregular.

A nivel local, la realidad es abrumadora en la materia, considerando que los campamentos aumentaron drásticamente entre 2019 y 2022, es decir, en 3 años la comuna pasó de 6 a 20 asentamientos irregulares emplazadas en tomas ilegales de terrenos fiscales y particulares, lo que evidencia también un incremento en el número de familias que viven en precarias condiciones, pasando de 594 (en 2019) a 1.266 (en 2022).

Estas cifras oficiales corresponden al Catastro Nacional de Campamentos 2022, realizado por el Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, que también identificó 1.091 tomas ilegales a nivel país, donde el 50% de ellos se encuentra en las regiones de Valparaíso (255), Metropolitana (142) y Bío Bío (156).

Plan de cierre

El plan de cierre de un asentamiento irregular es un trabajo que se realiza durante varios años, labor que se incrementa cuando un alto número de familias cuenta con soluciones habitacionales que están en construcción y con fecha cercana de salida de los terrenos tomados. Esta es la realidad que enfrenta el macrocampamento de Rahue Alto, donde viven más de 600 familias, incluidas las 380 que conforman el asentamiento Por un Futuro Mejor 3.

Con el objetivo de coordinar el plan de cierre y evitar que otras personas se tomen los terrenos que serán liberados por aquellas erradicadas o que se realice la venta o arriendo de los espacios, se realizó una reunión la mañana del jueves entre las autoridades municipales, del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), la delegación provincial, dirigentes del macrocampamento, entre otros.

Esto, dado que cerca de 300 familias están a la espera que concluyan las obras de construcción de sus viviendas en el sector de Francke y Ovejería Alto, por lo que se requiere trabajar en compromisos integrales que permitan cerrar de forma definitiva la histórica toma ilegal.

Rubén Licán, dirigente del macrocampamento, argumentó que es fundamental trabajar en coordinación con los servicios públicos involucrados en la erradicación de las familias.

"La idea es ir desocupando, desarmando casas, entregando el terreno al municipio como corresponde. Queremos evitar que las personas vendan o arrienden las casas del campamento cuando reciban sus viviendas definitivas, para lo cual necesitamos el apoyo del municipio, carabineros, la delegación, de forma que se haga un proceso ordenado de salida y de devolución de este terreno al municipio, que creo es lo que corresponde", explicó el dirigente.

Una realidad que los dirigentes y familias no pueden evitar sin apoyo de organismos públicos que tienen las atribuciones legales para impedir nuevas tomas o desalojar a familias que así lo hagan si fuera necesario.

Desde hace varios años que se han realizado denuncias sobre la venta de espacios con mediaguas al interior de campamentos a través de redes sociales, algunas de ellas ubicadas en el macrocampamento. Los precios fluctúan entre los $800.000 y $6 millones, lo que depende de la ubicación, condiciones de la vivienda y otras características descritas en el texto y reforzadas con imágenes en cada aviso.

Este tipo de comercio ilegal, que ha sido investigado por distintos organismos públicos, aumentó durante la pandemia, transformándose en un emergente mercado inmobiliario fraudulento, ya que los vendedores no poseen título legal alguno sobre el sitio que pretenden traspasar, ya que están ubicados en campamentos formados mediante la toma u ocupación ilegal de terrenos que son propiedad del Estado o privados.

El terreno en cuestión es propiedad municipal, por lo que es fundamental el trabajo que realice el municipio a medida que vayan saliendo las familias hacia sus viviendas definitivas. El alcalde Emeterio Carrillo explicó que "estamos en definitiva coordinando el traslado y cierre de los espacios ocupados a medida que vayan saliendo las familias, por lo que establecimos una agenda de trabajo que nos permita una buena coordinación para que los espacios liberados no sean tomados por otras personas".

Vivienda propia

Isabel de la Vega, directora regional del Serviu, precisó que para lograr un cierre exitoso de los campamentos siempre es necesario trabajar en coordinación con otros servicios públicos, "debemos ordenar el despeje del terreno municipal (…) es importante avanzar en el compromiso de las familias para desarmar su actual vivienda cuando reciban sus hogares definitivos, de forma tal que evitemos que estos espacios sean vendidos, arrendados o cedidos a otras familias, sino que la municipalidad pueda recuperar ese terreno y darle el uso para el cual está destinado", indicó la directora.

Agregó que es una labor que involucra temas de seguridad ciudadana, de logística y coordinación para los traslados y cierres, por lo tanto, es fundamental la participación de los organismos de seguridad y del gobierno provincial y local.

Marcos Azócar, encargado regional del Programa de Asentamientos Precarios del Serviu, explicó que 295 familias serán erradicadas entre 2023 y 2024.

"Sabemos que hay más familias en este asentamiento y continuaremos trabajando con aquellas que estén habilitadas para postular a un subsidio, con el apoyo de los organismos públicos. Este no es un proceso corto, por eso debemos programarnos con tiempo. La idea es que las familias puedan acceder a su vivienda definitiva y evitemos el repoblamiento de estos terrenos", señaló.

Entre las medidas está el compromiso al desarme y retiro inmediato de las precarias viviendas una vez que las familias se trasladen a su casa propia, eliminación de las conexiones ilegales de luz y agua, limpieza de terrenos por la alta presencia de pozos negros y fosas, además de la desinfección, dado que otras familias seguirán viviendo alrededor, a la espera de soluciones habitacionales. Se suma el cierre perimetral e instalación de distintos métodos para impedir que sean tomados por otros pobladores.