Sergio Silva Vásquez

Luego de un mes en prisión preventiva, una comerciante osornina investigada por el tráfico de drogas junto a su pareja, fue reformalizada por el Ministerio Público, esta vez por la venta de municiones y armas, entre pistolas y fusiles. Ambos registran domicilio en el barrio Bellavista, ubicado en el sector oriente de Osorno.

Este nuevo delito se logró establecer por diligencias que pudieron establecer la conexión con un procedimiento acontecido a fines de diciembre del año pasado, donde se detuvo a un sujeto que dijo ser comerciante, con residencia en el camino a Puyehue, quien tenía en su poder municiones y droga.

En esa ocasión (el 30 de diciembre del 2022) la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos a inmuebles de Osorno y Puyehue, donde encontraron droga y municiones de grueso calibre.

Ese hecho dio paso para comenzar a buscar al proveedor de las municiones. Con el correr de los meses se estableció el nexo con el procedimiento efectuado en abril pasado, donde fue detenida la pareja -el hombre de 24 años y una mujer de 35- ambos comerciantes, quienes se dedicaban al abultamiento de drogas y su posterior venta a través de la modalidad de "delivery".

En las diligencias recientes se estableció que ella, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2022, y en forma reiterada, ofreció, distribuyó y comercializó distintas armas de fuego y municiones al imputado del procedimiento registrado en diciembre.

"Por celular y mensajería a través de WhatsApp coordinó y ofreció tales elementos, todo lo anterior sin contar con las competentes autorizaciones", expuso el fiscal Joaquín Yáñez en la audiencia de formalización de la mujer.

El primer ofrecimiento ocurrió en la quincena de noviembre del 2022, donde por $100 mil, transferidos a la cuenta de la imputada, vendió munición calibre punto 38. A fines del mismo mes, la "comerciante" le ofreció mediante una conversación por WhatsApp, al mismo sujeto, la venta de dos pistolas con cargador y munición. Dicha acción siguió al mes siguiente.

"En diciembre pasado la imputada ofreció por la suma de dos millones y medio de pesos, al mismo sujeto, un fusil punto 50 y municiones. Más tarde ofertó por seis millones 800 mil pesos cuatro armas y 22 cargadores de 9 y 45 milímetros. Parte de las municiones fueron descubiertas en un procedimiento realizado en diciembre pasado", explicó el fiscal.

A juicio del Ministerio Público, la mujer cometió del delito de venta ilegal de armas de fuego y municiones.

Debido a las características de este delito, se solicitó el alzamiento del secreto bancario de la imputada para obtener la copia de su cuenta. Ello, con el fin de tener las pruebas de los depósitos por la venta de armas y municiones.

La mujer y su pareja siguen en prisión preventiva en la cárcel de Osorno mientras dura la causa.

$2,5 millones fue el valor de un fusil que ofertó a otro imputado capturado en diciembre de 2022.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia que condenó al buzo mariscador de 37 años Yossy Soto San Martín a la pena de 10 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de femicidio perpetrado en abril del año pasado, en la comuna de Puerto Octay.

En fallo dividido, la primera sala del tribunal de alzada desestimó una errónea aplicación del derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno.

"Que en cuanto al motivo absoluto de nulidad -en lo que interesa al recurso- se debe tener presente que el Tribunal en lo Penal de Osorno dio como establecido respecto de Soto San Martín su participación como autor de un delito femicidio frustrado, porque concurren los requisitos que exige el tipo penal, esto es la acción de realizar una conducta destinada matar a una persona, en el caso conviviente y madre de una hija en común; y la muerte no se produce como el resultado de esa acción, por una falsa apreciación del sujeto, quien creyó que había logrado su propósito".

El hombre intentó estrangular a su pareja, quien perdió el conocimiento; luego de volver en sí, pidió ayuda a familiares.

"Existiendo relación de causalidad entre la pérdida de conciencia (aparente muerte) y la conducta del agente homicida; y la infracción denunciada, consiste en que hay insuficiencia en la justificación condenatoria, en circunstancias que el artículo 297 del Código Procesal Penal señala que es el tribunal el que debe valorizarla, pudiendo apreciarla con libertad, sin más limitaciones de no contradecir principios de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicos afianzados", precisa el fallo.

Agrega que "por la forma en que se han establecido los hechos, no obstante los argumentos de la defensa, aparece acreditada la autoría, en la medida en que el acusado interviene como autor en el femicidio (existió un proceder ilícito y un resultado) de manera que la sentencia no incurre en la causal de nulidad invocada".

El agresor cometió el ataque cuando la víctima mantenía en sus brazos a una menor de edad y los hechos habrían sido generados por los celos del ahora sentenciado.