tienen cómo responder a esa titánica tarea", opinó Huenchul.

Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, explicó que el problema con personas que sufren graves trastornos siquiátricos actualmente es silencioso y un riesgo del que son testigos vecinos en distintos barrios.

"La mayoría de estas personas están a cargo de adultos mayores, quienes no tienen la fuerza física ni mental para lidiar con el problema. Estamos hablando de personas con diagnósticos muy complicados que suelen tener cuadros de agresividad o violencia que terminan en las calles, siendo un peligro para ellos mismos. La verdad, el Estado hace vista gorda en el tema, porque dicen que les dan tratamientos ambulatorios, pero muchos no se toman los medicamentos o sus controles son tan lejanos entre sí, que dejan de hacerles efecto. Retomar un sistema de internación es lo óptimo. Estas personas, además, terminan en las calles pasando una vida muy compleja y nadie hace nada", expresó la dirigenta.

Complejo escenario

Efectivamente la normativa actual indica que la hospitalización siquiátrica involuntaria es un procedimiento que constituye una excepción al libre consentimiento de las personas en su atención de salud y una privación de libertad, por lo que, en los casos en los cuales se considera realizar una hospitalización siquiátrica de carácter involuntario, la Autoridad Sanitaria, los tribunales de familia y los establecimientos de salud público y privados, deben velar para que se cumplan los requisitos legales para ello.

Para que una persona pueda ser hospitalizada de forma involuntaria debe reunir todas estas condiciones sin excepción: certificado de un médico especialista que fundamente en detalle la necesidad de proceder al ingreso, donde previamente se realizó una evaluación de su estado; que la situación del paciente revierta un riesgo real e inminente de daño a sí mismo o a terceros; que la hospitalización tenga exclusivamente una finalidad terapéutica; que no exista otro medio menos restrictivo de suministrar los cuidados apropiados; y que el parecer de la persona (el enfermo) se tenga en consideración. De no ser posible esto último, se tendrá en cuenta la opinión de su representante legal o, en su defecto, de su apoderado a efectos del tratamiento; y en ausencia de ambos, de la persona más vinculada a él por razón familiar o de hecho.

En el Servicio de Salud de Osorno (SSO) se limitaron a precisar vía correo electrónico que "más allá de situaciones particulares, si bien a nivel sanitario existen instancias de tratamiento, esta oferta no resuelve -por sí sola- problemas sociales asociados como por ejemplo ausencia de redes de apoyo, baja existencia de alternativas residenciales para personas con esas necesidades y débil respuesta de otros sectores del Estado. Por tanto, desde el sector no se cuenta con la capacidad para resolver las condiciones sociales asociadas a cada caso. Asimismo, cabe recalcar que la situación de calle y los casos sociales no son sinónimo de personas que presenten diagnósticos de salud mental".

Agregaron que "desde el punto de vista sociosanitario, cuando una persona cursa un cuadro agudo de salud y requiere hospitalización, el procedimiento es el mismo para todos los usuarios de la red asistencial; mientras que cuando se presentan casos clínicos con mayores requerimientos sociales, se evalúa social y clínicamente, buscándose alternativas. Y respecto de usuarios en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social es la entidad que maneja mayor información respecto a la oferta programática asociada".

Una realidad

Jorge Castilla, médico y ex subdirector del Servicio de Salud Osorno, explicó que efectivamente en el país existe falta de infraestructura y políticas públicas para abordar las enfermedades siquiátricas gravísimas.

"Hay programas donde se apoya a las familias en la atención ambulatoria para que puedan tener una mejor calidad de vida, tanto el paciente como su entorno. En lo que se refiere a manejar situaciones de crisis, se hacen esfuerzos, pero son insuficientes. Existen recintos de hospitalización para casos sin retorno y severos, pero están en otras regiones y copados", explicó el también concejal por la comuna.

Agregó que no es un tema simple de abordar, ya que existen muchos servicios públicos involucrados y que por más que el Estado intenta resolverlo, es una realidad que afecta a muchas familias que se ven sobrepasadas y cansadas por este tipo de realidades siquiátricas. "No todos los pacientes siquiátricos requieren este tipo de intervención mayor y muchos responden bien a tratamientos ambulatorios, pero no podemos desconocer que hay situaciones que son de extrema complejidad médica, social y familiar, pacientes que están en las calles y es ahí donde se requiere más voluntad y recursos para ayudarlos", comentó.

Según estudios realizados por el Minsal y la Organización Mundial de la Salud (OMS), menos del 5% del presupuesto total de salud en el sector público se destina a la salud mental. Si bien esta cifra representa un aumento significativo durante los últimos 10 años, considerando que era sólo de 1,2% en el presupuesto en 2013, sigue siendo bajo para las necesidades de Chile en este ámbito.

El recurso humano que trabaja en los dispositivos de salud mental también es bajo: 32 personas por cada 100 mil habitantes. La proporción de enfermeras y asistentes sociales es menor que la de otros profesionales: por cada una de estas profesionales trabajan aproximadamente 2 terapeutas ocupacionales, 3 siquiatras y 7 sicólogos.

2012 entró en vigencia la ley 20.584 que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, incluyendo los procedimientos siquiátricos.

4 recintos para internación permanente de pacientes siquiátricos graves y sin opción de solución mediante medicamentos existen en el país.

5 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud está destinado a la salud mental, cifra inferior a las necesidades existentes en el país en este ámbito.