Un reciente estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales reveló que actualmente el 4% de las personas están realizando teletrabajo desde sus casas, lo que está lejos del peak de 20,3% que se alcanzó a mediado de 2020, en plena pandemia, con contagios de covid y cuarentenas.

Antes de la pandemia, el teletrabajo era casi inexistente entre los empleados en Chile, y llegaba apenas al 0,6% entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020. Sin embargo, durante la crisis sanitaria esta cifra se elevó en forma considerable. No obstante, el levantamiento de las restricciones se tradujo en una rápida caída del trabajo a distancia.

Los expertos estiman que en adelante las empresas y diversas instituciones adoptarán un sistema de trabajo híbrido, es decir, una mezcla de actividad presencial y a distancia. La popularidad del trabajo híbrido no es accidental, ya que combina lo mejor de ambos mundos. El trabajo híbrido permite a los empleados la flexibilidad y autonomía para laborar desde casa.

Una reciente encuesta del Organismo Técnicos Intermedios para Capacitación Sofofa Capital Humano, del Centro de Ingeniería Organizacional de la Universidad de Chile y su Fundación para la Transferencia Tecnológica, señaló que el 79% de los encuestados dijo que el sistema híbrido mejoró la productividad de sus organizaciones.

En Chile, a fines de marzo de 2020 se promulgó la ley de trabajo a distancia, que entró en vigencia en abril de ese mismo año y que buscó hacer compatibles la necesaria adaptabilidad laboral que requieren nuevas formas de contratación, con las protecciones a que tiene derecho el trabajador dependiente.

Cuando hablamos de gobernanza en ámbitos públicos nos referimos a la capacidad de decidir y gestionar junto al Estado, incluso a escala internacional o global. Un aspecto fundamental para este proceso es la legitimidad de los actores y los procesos más allá de lo legal. Pero hay acciones que afectan profundamente esta condición.

La industria del Salmon en Chile ha sido un proyecto resistido en cada lugar donde se ha emplazado, aunque no se ha traducido aún en un fracaso económico. Así, a pesar de la gran crisis del virus ISA en 2008, la industria ha mostrado una reconocida resiliencia productiva. Uno de los factores que la ha hecho resiliente es la credibilidad que mantiene ante el mercado financiero y los consumidores internacionales. Un instrumento central en esta credibilidad ha sido el sistema de certificación internacional.

Hace unas semanas conocimos el litigio de compra y venta en relación con una importante firma salmonera. Dejando de lado los detalles, dado este litigio salió a la luz pública que esta empresa ha cultivado salmones hasta un 50% por sobre el límite de producción en los últimos tres años. Lo preocupante es que podemos agregar que, de los catorce centros de cultivo denunciados, seis están certificados por Aquaculture Stewarship Council (ASC), que es un sello de certificación reconocido por su rigurosidad y altamente valorado en el mercado.

El sello comunica que el producto que está comprando el consumidor en los Estados Unidos o Japón, ha sido cultivado bajo un estándar ético, respetando normas ambientales, laborales y comunitarias del lugar donde se produce.

Estas certificaciones se basan en evidencia indirecta, es decir, evalúan si las empresas figuran o no con sanciones ambientales en los países de producción. Ya vemos que este tipo de evidencia es efímera y frágil. Habrá que esperar la reacción el ente certificador, tal como ocurrió en 2019 ante la falsificación de estadísticas de mortalidad de otra firma salmonera.

Y es que la industria del salmón no puede seguir teniendo un estándar para Chile y otro ante el mercado internacional en materia de gobernanza medioambiental.