Un estudio realizado por Elige Educar, iniciativa público-privada que funciona al alero de la Universidad Católica, ha revelado que existe un déficit importante de docentes en el país. Se estima que para el año 2025 faltarán cerca de 26 mil docentes, y de no mediar cambios importantes, para 2030 faltarán 33 mil.

Esa escasez afectaría principalmente a la Enseñanza Media (32%) con déficit en áreas como: Historia y Geografía (44%), Ciencias Naturales (40%), Inglés, Tecnología y Música y Educación Básica. El tema no es nuevo, pero hay que considerar que hasta al 2020 se proyectaba un déficit de 13.630 docentes, lo que ya era un escenario complejo. Por lo mismo, el año pasado el Ministerio de Educación convocó a una primera mesa de trabajo para la atracción de jóvenes a las carreras de Pedagogía.

La Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, establece que todas las carreras de Pedagogía deben estar acreditadas y ser impartidas solo por universidades acreditadas.

Lo cierto es que en 2018, el conjunto de las universidades chilenas tenían matriculados 18.700 estudiantes en Pedagogía, y este año, los alumnos son un poco más de 9.000, lo que es preocupante, porque están ingresando a la carrera de Pedagogía la mitad de jóvenes que hace unos años. Hay un déficit actual y proyectado de profesores, y así no se puede garantizar el derecho a una educación de calidad. El bajo interés por estudiar Pedagogía es una tendencia que se arrastra marcadamente desde hace más de cinco años, y si bien ha habido mejoramientos de remuneración e incentivos, al parecer no han sido suficientes.

La baja calidad del transporte público es un problema que se vuelve cada día más evidente no sólo en Puerto Montt y Osorno, sino que en buena parte del país. Los esfuerzos por mejorar estos servicios parecen concentrarse en la Región Metropolitana -más líneas de metro, nuevos buses, mejores tecnologías-, mientras el resto del territorio debe enfrentarse a la deficiencia cotidiana de una movilización colectiva propia de fines del siglo pasado.

A la escasa cobertura territorial y a la insuficiencia de vehículos en horas peak, se suman problemas estructurales como la falta de vialidad adecuada -que dificulta el desplazamiento y provoca incomodidades y retrasos a los pasajeros-. Los usuarios además, sufren inseguridad, desde robos a situaciones de acoso, y deben asumir los altos precios de los recorridos, que no guardan relación con la baja calidad del servicio.

La Ley 20.378, conocida como la "Fondo Espejo" y que buscaba otorgar simetría en la inversión de transporte público entre Santiago y las regiones ha sido, en términos generales, un fracaso. Prueba de ello es que, a 13 años de su promulgación, el transporte público en regiones es igual o peor que hace una década.

En días recientes, un grupo de parlamentarios, solicitó al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley que permite la creación de empresas de transporte por parte de municipalidades y gobiernos regionales.

Se trata, sin dudas, de una idea plausible. Así como existe acuerdo en que servicios fundamentales para el bienestar de las personas como la educación y la salud no pueden estar administrados exclusivamente por privados, con el transporte público debería también aplicarse un criterio similar. No obstante, es necesario considerar que una solución de este tipo tiene implicancias financieras y logísticas que deben ser evaluadas cuidadosamente. Cada día son más las personas que deben trasladarse de un punto a otro -ya sea dentro de los centros urbanos o desde los sectores rurales aledaños- y requieren una solución eficiente.

Contar con sistemas de transporte que conjuguen las opciones tradicionales y las no convencionales permitiría desincentivar el uso del automóvil, promover un comportamiento más sustentable -con la implementación de tecnologías no contaminantes- y asegurar un sistema de transporte seguro, cómodo y eficiente para los miles de personas que requieren desplazarse en trayectos cada vez más extensos.