Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que dificultan la plena integración de esas personas.

En febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que decía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta por avanzar, respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

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Los agricultores trabajamos con la naturaleza, y debemos respetar sus tiempos, para lograr producir alimentos de calidad. En nuestro caso, los animales poseen ciclos y necesidades biológicas siempre urgentes, muchas de las cuales son imposibles de postergar. Así, el trabajo en la lechería presenta particularidades únicas, que no son homologables a otros rubros laborales.

De esta manera, durante la discusión de la Ley de 40 Horas laborales, realizamos todos los esfuerzos tanto desde nuestro gremio como desde la Federación Nacional de Productores de Leche, para hacer ver a los parlamentarios y autoridades que el no considerar estas características de la lechería, podría afectar gravemente al rubro y su sostenibilidad.

Sin embargo, y como señalamos en una columna anterior, una vez más vemos como el Congreso y las autoridades gubernamentales no escuchan al agro, resultando en una Ley promulgada que no incorpora ninguna de las sugerencias entregadas por los gremios agrícolas.

Los animales no son máquinas que se puedan apagar, y no tienen horarios rígidos. De esta forma, se hace indispensable adecuar y flexibilizar la normativa a las especificidades del rubro lechero, una actividad integrada en mayor medida por pymes, y que en las regiones de Los Ríos y Los Lagos está íntimamente vinculadas a la economía regional.

Las raíces del sector lechero en la economía birregional son muy profundas: el año 2012, demostramos mediante un estudio que el Índice de Actividad Económica Regional (Inacer), refleja una relación intrínseca con el crecimiento del sector; tanto que si la recepción de leche aumenta en un 10%, el Inacer podría crecer en un 7.5% (fuente: https://www.aproleche.cl/wp-content/uploads/2018/05/impactolechero.pdf).

Desde nuestro gremio y Fedeleche, se está analizando como se enfrentará el proceso venidero, pensando en desarrollar charlas con expertos, y reuniones con productores, para abordar juntos la nueva Ley, y volver a presentar nuestros antecedentes y argumentos, para justificar la adecuación y flexibilización laboral en los predios lecheros.

El no avanzar en esta senda, significará un mayor costo, y un gran golpe a la rentabilidad del sector, afectando no solo la economía de dos regiones completas, sino también la calidad de vida de miles de familias sureñas.