La vorágine legislativa para aprobar la Ley 21.560, más conocida como "Nain-Retamal", fue la desesperada e improvisada respuesta política para salir del paso ante la enorme presión de la opinión pública por mayor protección y facultades para las policías, después de que en pocos días y en un escenario de delincuencia desatada, varios carabineros trágicamente perdieran la vida a manos de delincuentes fuertemente armados.

Durante su tramitación el aspecto central que abrió un álgido debate nacional fueron las reglas y límites que debe tener el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía, específicamente la utilización de sus armas de fuego. En simple: bajo qué circunstancias un carabinero puede "legalmente" disparar.

Al Gobierno, dogmáticamente incrédulo de la represión estatal, no le gustó nada el proyecto aprobado por los diputados que, a diferencia del texto que finalmente se convirtió en ley, sí ampliaba el amparo jurídico del policía que hace uso de su armamento, desde que autorizaba su utilización fuera de los estrictos márgenes de la legítima defensa, incluyendo hipótesis propias del ejercicio diario de la función policial, como evitar la comisión de determinados delitos.

Sin embargo, la exitosa negociación del Ejecutivo en el Senado, campaña "gatillo fácil" de por medio, logró frenar en seco el frenesí legislativo pro-Carabineros, retrotrayendo la autorización legal sólo a aquello que desde siempre ha estado permitido, incluso para cualquier persona: la legítima defensa. Por otra parte, la incorporación de la norma que los considera víctimas o testigos, "a menos que las diligencias permitan atribuirles participación punible", jurídicamente no altera la regla general que estaba vigente, pudiendo incluso tener efectos contraproducentes, como privar a un policía de sus derechos, como el de guardar silencio.

Nadie puede desconocer que la Ley Nain-Retamal incorporó avances en la protección jurídica de las policías, pero fue en otras materias y no, como se ha hecho creer a la opinión pública, en el empleo de sus armas de fuego, donde su aporte es más bien "cosmético".

Como señal política, eso sí, debiera llevar a los operadores del sistema de justicia a ser más cautelosos en sus decisiones.

Pero toda esta discusión, donde llama la atención la falta de posición de actores relevantes en el combate del delito, recién está comenzando. Recuerde que al poco andar de la promulgación de la ley, el Gobierno ingresó un proyecto de reglas del uso de la fuerza, cuyas disposiciones derechamente maniatan a las policías y consagran la doctrina del "gatillo imposible".

Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad, la mitad con una disminución importante de su funcionalidad o dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden la plena integración de esas personas.

En 2010 entró en vigencia la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas; y eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

Lo que pretendió esa ley es facilitar la inclusión y rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios.

Además, aseguró el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones públicas y privadas y se perfeccionaron las normas sobre estacionamiento preferente. Se sumaron disposiciones para facilitar el acceso de discapacitados al sistema educacional y al mercado del trabajo y se reconoció el lenguaje de señas como medio de comunicación de las personas con limitación auditiva, por lo que los canales de televisión tuvieron que generar posibilidades de acceso a su programación para personas sordas.

Ha habido avances, pero aún falta mucho. La legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero todavía resta mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.