Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), el 67,7% de nuestra población mayor de 15 años sufre sobrepeso u obesidad, lo que sitúa a Chile en el tercer lugar con esta enfermedad por sobrealimentación de los países miembros, después de México y Estados Unidos.

La obesidad y el sobrepeso se han transformado en un problema de salud en Chile, por los hábitos de vida sedentarios, que incluyen poca actividad física y dietas alimenticias sobrecargadas en calorías. Tal vez está ligado a la conducta y al crecimiento que vivió el país a partir de la década de los 90, la que abrió una nueva forma de vida a las familias, un estilo en que el sedentarismo y el consumo de comida chatarra han sido detonantes de estas peligrosas cifras. Son alarmantes las cifras de obesidad, pero es preocupante el aumento de la obesidad en niños, niñas y adolescentes.

Las cuarentenas en los períodos más críticos de la pandemia de covid agravaron el problema.

Para fomentar la alimentación sana, se creó la Corporación Propescado, compuesta por distintos actores vinculados a los productos del mar.

El sobrepeso y la obesidad tienen impacto directo en enfermedades como la diabetes, patologías cardiovasculares e hipertensión. Por el contrario, los ácidos grasos Omega 3, presentes en los productos del mar, están asociados a los beneficios de la salud del corazón, disminuyendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Si bien ha sido un avance y el consumo promedio es de 15 kilos de productos del mar al año, es necesario continuar con las campañas.

En Chile, el estado de derecho está en la UCI hace un buen rato. Una de las aristas fundamentales para su sobrevivencia es el eficaz control del orden público y mantener la delincuencia y el crimen organizado a raya, demostrando al lumpen que la fuerza institucionalizada del Estado es muy superior a la de ellos.

Tuvieron que ser tres los carabineros muertos para que el gobierno escuchara el clamor popular para robustecer la acción de las policías y con ello, lograr la publicación de la ley Naín-Retamal, en un tiempo récord, el pasado lunes 10 de abril. Triste constatación.

Esta ley, aplaudida por unos y criticada por otros, tiene la particularidad de presumir la correcta actuación policial cuando un funcionario hace uso de su arma de servicio dando muerte a una persona que intentaba atacarlo y poner en riesgo inminente su vida e integridad física. Es decir, potencia la legitima defensa privilegiada invirtiendo el peso de la prueba hacia el delincuente, quien deberá probar un eventual exceso en la fuerza policial para repeler una agresión ilegítima. En otras palabras, el carabinero o detective que haga uso de su arma de servicio en contra de un delincuente ante una agresión actual e inminente bajo condiciones de amenazas y riesgos para su integridad física o de terceros (no bienes), estará favorecido con la presunción legal de que hizo uso racional de su arma para repeler el ataque, relevándolo de la carga de prueba en este sentido.

Por otra parte, esta nueva ley establece que los beneficios sustitutivos distintos a la cárcel efectiva no procederán en delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

Estimo que esta ley va en el sentido correcto atendida la forma y circunstancia en que el Estado va perdiendo la batalla en contra el lumpen y ciertamente confiamos en que nuestros fiscales y jueces le den el sentido y alcance que el legislador tuvo a la vista al momento de su promulgación.