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Dictan prisión preventiva para los tres imputados en crimen de Daniel Palma

CARABINEROS. La Fiscalía relató que el suboficial mayor habría sido abatido por Ovimarlixon Garcés, quien junto a Luis Lugo y David Fuentes fueron imputados por seis delitos distintos.
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Luis Lugo Machado, Ovimarlixon Garcés Briceño y David Fuentes Escalona, hasta el momento los tres imputados por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, fueron formalizados ayer por un total de seis delitos, quedando todos en prisión preventiva.

En la audiencia, los persecutores de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, Felipe Olivarí y Cristián Meneses, realizaron el relato de lo ocurrido el 5 de abril y en los días anteriores, finalizando en el crimen del funcionario policial en Santiago Centro y causando conmoción a nivel nacional al ser el tercer efectivo asesinado en menos de un mes.

En la instancia, la Fiscalía identificó a Garcés como autor del homicidio del uniformado, y reiteró que continúa la búsqueda del prófugo Carlos Cortez Flores, quien también habría participado, además de dos personas no identificadas.

El relato

Olivarí separó los hechos en dos episodios, relatando primero lo ocurrido el 5 de abril, día en que asesinaron a Palma, y lo que pasó en los días anteriores, sobre todo el 2 de abril.

Ese día, en una plaza de la comuna de Lo Prado, el fiscal señaló que cerca de las 23:30 horas, Lugo, Garcés y Cortez, intimidaron con armas de fuego a dos personas, robándoles un bolso con ropa, una billetera y un teléfono. Los sujetos huyeron del lugar a bordo de un vehículo Chevrolet azul.

El fiscal explicó que el 5 de abril Garcés, junto a otros dos sujetos, llegaron en un vehículo Nissan Versa, con encargo vigente por robo y patentes adulteradas, a un cité en la esquina de San Francisco con Coquimbo, en Santiago. En otro auto llegaron los tres imputados.

A las 21:00 arribó al lugar el administrador del inmueble, de 18 habitaciones, junto a su pareja y un posible arrendatario, para mostrarle el lugar y cobrar el arriendo a los inquilinos, todos extranjeros, narró el persecutor.

En ese momento, los seis sujetos "procedieron a efectuar múltiples disparos" contra los tres recién llegados, quienes lograron escapar arrojándose por la ventana y luego abordando un taxi, mientras seguían recibiendo disparos. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad.

La hipótesis de la Fiscalía es que la banda quería quitarle al administrador el dinero recolectado al cobrar el arriendo, o bien tomarse el cité.

En la huida, Garcés, Cortez y los otros dos hombres no identificados "abordaron el Chevrolet Sonic de color azul", mientras que Lugo y Fuentes se subieron en la parte trasera de un Chevrolet Spark manejado por una pareja, a la que intimidaron para que los trasladaran hasta la calle Carmen con Argomedo, además de robarles cinco mil pesos.

En paralelo, y siempre según el relato de Fiscalía, Palma recibió el llamado de la balacera en el cité en San Francisco.

El carabinero llegó hasta el lugar donde se encontraba el automóvil azul. Según Olivarí, el suboficial "intentó fiscalizar el auto, no disparó, no sacó el arma, no le dieron ninguna oportunidad y le dispararon sin ningún tipo de misericordia". El autor de los disparos, estima la Fiscalía, sería Ovimarlixon Garcés.

Los delincuentes huyeron y abandonaron el vehículo con un arma de fuego en su interior. Posteriormente, Garcés, Cortez y un hombre más -el otro escapó a pie- abordaron un taxi e intimidaron con armas de fuego al conductor para que los sacara del sector, robándole el efectivo.

Formalizados

La Fiscalía imputó los siguientes delitos para los formalizados: robo con intimidacióncontra Lugo y Garcés; receptación de vehículo contra Garcés; homicidio frustrado contra Garcés, Fuentes y Lugo; robo con intimidación con retención de persona contra Fuentes y Lugo; homicidio a funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones, porte de arma prohibida y secuestro contra Garcés.

El juez del 7° Juzgado de Garantías de Santiago accedió a la petición del Ministerio Público y dejó a los imputados en prisión preventiva durante los seis meses de investigación.

"Criterio Valencia": Defensoría Penal Pública avisa que "no es el camino"

SEGURIDAD. Asociación de Magistrados señaló que cautelar la aplican jueces y oposición quiere convertir instrucción en ley.
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Luego de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, instruyera a todas las fiscalías del país solicitar prisión preventiva a los extranjeros indocumentados que sean detenidos y que no puedan verificar su identidad, desde la Defensoría Penal Pública le bajaron el pulgar al llamado "criterio Valencia".

Carlos Mora, defensor nacional, declaró ayer que "las políticas de persecución penal que fija el Ministerio Público no son vinculantes con las resoluciones de los tribunales".

Mora señaló que la prisión preventiva "es excepcionalísima conforme a lo que señala la ley y los estándares internacionales de Derechos Humanos" y que "para que opere debe cumplir presupuestos materiales como lo son la existencia del delito, presunción de participación junto con la necesidad de cautela bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad".

También afirmó que "no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país", agregando que el "Derecho Penal no soluciona estos conflictos y es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal, crear expectativas en ese sentido".

Mariela Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas afirmó a 24 Horas que "somos los jueces y juezas quienes de acuerdo a los antecedentes que se aportan (por parte del Ministerio Público), resuelven los casos concretos".

Consultada respecto al proyecto de algunos senadores de oposición respecto a transformar el "criterio Valencia" en ley, Hernández dijo que "nosotros estamos para aplicar la ley. En su (eventual) aplicación "como en todas las leyes, los jueces tendremos que aplicarla al caso contrato".

Además, ante la opinión de algunos legisladores de que esta ley "emparejaría la cancha" entre chilenos y extranjeros, la magistrada aseguró que "la ley es igual para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros".