El robo de cables de telecomunicaciones y de electricidad es un delito que afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.

El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicadas a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Este delito aumentó de manera explosiva a nivel nacional durante el año 2022, registrándose más de 22 mil hechos, que afectaron los servicios de más de dos millones de personas. Esto significa que cada día se registró un promedio de 60 delitos de robo de cables. El hurto de este tipo de material casi se duplicó el año pasado, transformándose en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado.

La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados. Por ello, en las reuniones de las mesas de trabajo se realizan diagnósticos; se buscan los puntos críticos en los que se producen los robos y se analizan los destinos que pueda tener el material robado.

Estos delitos no solo implican que las personas queden sin suministro eléctrico sino también la interrupción de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía.

De acuerdo con la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de Internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, el tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es el robo de cables de cobre (68,7%), seguido por la fibra óptica (20,6%), baterías (6,4%), y otros como cerco perimetral y generadores.

Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en crear un comité de Capital Natural (CN), construyendo así una importante articulación para incorporar la biodiversidad como parte de la estructura económica.

¿Por qué esta articulación es relevante? El capital natural son los elementos de la naturaleza que directa/indirectamente producen valor para las personas, incluidos los ecosistemas, las especies, el agua, tierra, minerales y los océanos. Esto comprende tanto componentes bióticos, como los organismos vivos y componentes abióticos, como las rocas. Cuando estos interactúan brindan servicios, denominados Servicios Ecosistémicos (SSEE), un flujo de productos, funciones regulatorias o procesos ecológicos de apoyo que contribuyen directa/indirectamente al bienestar humano.

Estas consideraciones suelen ser ignoradas por el principal indicador de actividad económica de los países, el PIB. Esta medida, contabiliza el valor de mercado del flujo de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado.

Un bosque -por ejemplo-, será contabilizado por su valor final, la madera, y no precisamente por los servicios ecosistémicos que proporciona, como el hogar de múltiples especies o el secuestro de carbono. Esta omisión (depreciación/pérdida de valor) no logra ser contabilizada por la principal herramienta contemporánea para juzgar la prosperidad de las naciones, por lo tanto, se simplifica, no se mide y puede dar señales engañosas sobre el desempeño económico y el bienestar de un país.

Como medida de actividad, el PIB es indispensable para el análisis y gestión macroeconómica de corto-plazo, pero puede ser totalmente inadecuado para evaluar la sustentabilidad económica.

Al incorporar el CN y SSEE en la contabilidad nacional, se reconoce la fuente biofísica y limitaciones regenerativas de la cual dependen los procesos productivos. Se reconoce el stock, y como este ha cambiado con los años. Mas del 55% del PIB depende de los SSEE y la Biodiversidad, por lo tanto, avanzar hacia políticas, acciones y metodologías de contabilidad y valoración apuntan en la dirección correcta, por consiguiente, buscan ir mucho mas allá del PIB.

Mauricio Hernández, investigador Ceder