El Ministerio Secretaría General de Gobierno quedó autorizado para transferir a la municipalidad de San Juan de la Costa 724.697 pesos para la adquisición de un decodificador de recepción satelital para prestar servicio en Bahía Mansa y Maicolpué, que permitirá a sus habitantes captar las imágenes de Televisión Nacional.
"Vemos que la municipalidad nos cumplió en ingresar estos humedales".
Ricardo Becerra — Pdte. Red Ambiental Ciudadana, por humedales que postulan a protección
"Este festival es una gran oportunidad para disfrutar en familia".
Karen Doggenweiler — conductora de Mega
El concepto de Modernización del Estado se escucha cada vez más, pero por el momento sólo queda en aquello: la escucha. Poco y nada realmente se hace, pues los intereses involucrados siguen siendo lo suficientemente poderosos para evitar su real implementación.
Es increíble la cantidad de estudios que demuestran que estamos operando en el siglo XXI con un Estado de mediados del siglo pasado. Si lo miramos desde el punto de vista de los ciudadanos, encontramos desazón y malestar por los largos procesos y reiterados "papeleos" que, muchas veces, al lograr el último documento pedido, el primero que obtuvimos ya venció. Lo paradojal es que la mayoría son emitidos por distintos estamentos del mismo Estado.
El Estado se autoalimenta de requisitos que pretenden hacer eficiente cada parte, por separado, pero el trámite general es ineficaz. Cuando vemos que más del 40% de los recursos destinados a prestaciones sociales se gastan en burocracia, que un estudio reciente encargado por el Ministerio de Hacienda demuestra que se gastan US$1.000 millones anuales en "papeleo", equivalente al 2% de la recaudación anual, que entre el 30% y 50% del tiempo de los funcionarios públicos se gasta en procesar documentos físicos (a mano), nos podemos preguntar si realmente se requieren más impuestos o debemos ver, primero, si los que hoy tenemos se gastan eficientemente. Según la Comisión Nacional de Productividad (CNP), entre 5 y 13 miles de millones de dólares estarían perdiéndose todos los años en la industria de la construcción por falta de eficacia.
En julio del 2022, la OCDE publicó "Recomendaciones sobre evaluación de políticas públicas" con el fin de que sus miembros puedan mejorar su eficiencia en la toma de decisiones y respectivas implementaciones de los programas públicos; ¿tomará el Estado de Chile dichas sugerencias?.
Si el sector público pide más recursos, es necesaria la transparencia. Es una condición previa que sería recomendable escuchar en las discusiones parlamentarias sobre Reforma Tributaria, Pensiones, Salud, Educación, etcétera.
Todo indica que es urgente abordar la Modernización del Estado y lograr como consecuencia de ello un mayor bienestar y, a través de la eficiencia del gasto, minimizar la necesidad de mayores recursos tributarios. Hagámoslo ya y partamos con programas pilotos en regiones.
Mario Díaz, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Osorno
De los 303 microbuses que circulan por la ciudad de Osorno actualmente, 107 máquinas tienen 22 años de antigüedad (53 de 1991 y 54 de 1992) a las que se suman 27 de la temporada 1993 y 13 de 1994. Es decir, hay 147 micros (el 49% del total) con entre 19 y 22 años de funcionamiento. Son las micros más viejas en la zona sur.
La mejor evaluación del país por gestiones a favor de la seguridad ciudadana obtuvo Osorno, según la última encuesta "Delincuencia y Opinión Pública", que la Fundación Paz Ciudadana y Adimark aplicó en 37 comunas del país, con una muestra de 10.590 personas. El dato fue destacado por las autoridades comunales y policiales.
Chile produce 17 millones de toneladas de desechos al año, y de éstas, 7,4 millones se generan en los hogares. Según el Banco Mundial, Chile es el segundo país de América Latina que genera más basura: en promedio, cada persona produce 1,1 kilo de residuos domiciliarios al día. Pero sólo el 10% de los desechos va a reciclaje, cifra ínfima respecto de un promedio de 60% que van a reutilización en las naciones desarrolladas.
Sin embargo, en los últimos años ha habido avances en materia de reciclaje, un tema estratégico, cuyo principal objetivo es cuidar el medio ambiente a través de la reorientación del comportamiento de los ciudadanos. En junio de 2017 entró en vigencia la Ley de Fomento al Reciclaje, que debería introducir un paulatino cambio cultural en las personas para aprovechar muchos de los desechos y reintegrarlos al proceso de producción. La iniciativa obliga a los fabricantes de productos prioritarios, como neumáticos, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, a hacerse cargo de ellos una vez que terminan su vida útil. El objetivo es aumentar a 30% la cantidad de residuos que se reconvierten en el país. En marzo de 2021 se publicó el decreto que establece las metas de recolección y valorización de la categoría "envases y embalajes" de la ley de reciclaje de productos. Se estableció que las empresas agrupadas en un sistema de gestión deberán instalar y operar establecimientos de recepción y almacenamiento de residuos de envases, obligaciones que serán exigidas de manera progresiva, llegando a estar en plena vigencia el año 2030.
Mención aparte merecen las bolsas plásticas. En Chile se usaban más de siete millones de bolsas de polietileno cada día y sólo un 23% se reciclaba. En los últimos años las autoridades iniciaron una campaña para ir limitando su entrega en supermercados y multitiendas, hasta prohibirlas desde febrero de 2019. Pero la pandemia trajo además otro problema: las millones y millones de mascarillas que se desechan en las calles, tema que genera un nuevo desafío para el reciclaje. El camino no ha sido fácil, pues el reciclaje requiere un cambio cultural, pero lo importante es que se vayan dando pasos y las nuevas generaciones lo internalicen.