Las autoridades nacionales han expresado su preocupación por la gran cantidad de inmigrantes que han ingresado en forma ilegal al país y que no han regularizado su situación, por lo que pasan a generar un nuevo problema social, al incrementar la población que vive en campamentos. Esto representa a la vez una presión para los servicios de educación y salud, entre otros. Hay estudios internacionales que dicen que cuando las personas llegadas a un país representan más de un 10% de la población, se generan desafíos relevantes, pues hay que pensar en proporcionarles vivienda, empleo, salud, cobertura previsional y educación para los niños, además de desarrollar políticas de inclusión.

Los últimos gobiernos se han enfocado en la regulación del proceso migratorio, para que quienes ingresan lo hagan con su documentación al día y con las autorizaciones. Entrar con RUT y visa facilita la inserción de quienes vienen a trabajar, considerando que no hay una capacidad infinita para integrar inmigrantes.

Una vez reabiertas las fronteras tras el período más difícil de la pandemia, muchas personas que perdieron los medios de subsistencia en sus países comenzaron a emigrar a lugares donde creen que tendrán mejores condiciones. Hace unos días, el senador José Miguel Insulza advirtió que este verano vendrá otra ola migratoria ilegal y que si ahora hay unos 40 mil inmigrantes ilegales en el país, se podría pasar a 60 mil o 70 mil entre enero y marzo. Aunque el proyecto del Gobierno para agilizar las expulsiones de indocumentados fue aprobado en el Senado, el parlamentario dijo tener dudas que en la práctica se puedan concretar las expulsiones, ya que se exige notificarlos previamente en forma presencial. Con la actual norma se les debe avisar en tres ocasiones y el proyecto en estudio lo rebaja a dos, pero los involucrados van cambiando domicilio, de manera que en la práctica pasan a ser inubicables. De ahí que sugiera que hay que obligarlos a fijar domicilio y que no puedan trasladarse.

Es relevante sincerar la migración que viene a trabajar a Chile y no disfrazarla de un turismo que no es tal. Es aún más relevante cuando el país debe enfrentar un acelerado proceso de recuperación de los empleos perdidos en la crisis derivada de la pandemia del covid.

El Congreso de Hoteleros de Chile en Los Ángeles fue fantástico: 300 personas hablando de turismo, escuchando a los que saben, palpando lo que va a venir y poniéndonos de acuerdo en la importancia de la promoción. Hay regiones que, con menos recursos naturales que nosotros, menos experiencia y menos tradición turística, se están poniendo las pilas y ligerito nos van a dejar en el camino si no despertamos: Copiapó e Iquique están a la ofensiva, los anfitriones del Laja quedaron por las nubes, le tomaron el gusto al turismo y están afilando los dientes. Y Los Ángeles es una ciudad linda, ordenada, limpia, con mucho que mostrar en términos patrimoniales, gastronómicos y alrededores.

No nos vaya a pasar lo del camarón o lo del conejo y la tortuga. Nadie está preocupado de nosotros, si no nos promocionamos vamos a perder. Está claro que el turismo interno, los vecinos argentinos y próximos seguirán siendo nuestros visitantes mayoritarios en los próximos años y ahí tenemos que jugar nuestras fiches, pero bien jugadas. No tenemos recursos para correr riesgos ni promocionarnos en Grecia, que constituye más o menos el 0,03% de nuestros visitantes extranjeros.

La pesca deportiva sigue botada. No hemos sido capaces de consolidar este rubro que entrega tantas divisas a los argentinos. Me contaron que el acceso al río Pescado está cerrado. No lo he ido a ver, pero si es cierto sería nefasto. Hay que recordar que este río fue considerado hace algunos años como destino mundial de la pesca con mosca. La región tiene de todo para que este deporte nos deje dividendos, cree empleo y mueva una parte importante del turismo.

Lo que nos hace ponernos más colorados es la huelga de guardaparques. Es un tema con muchas aristas: los bajos salarios es lo que hizo de detonante. A pesar de que están en los parques, que son sectores aislados, muchos están sin familia y con turnos bastante sacrificados. Nos atienden, nos aconsejan de los riesgos, son amables, pacientes y saben de bosques. Ganan casi el mínimo. Lo peor es que se sabía poco de la huelga hasta que Fedetur señaló que se perdían US$100 millones de ingresos al país. Crimen. En la región es el Parque Vicente Pérez Rosales el que genera más plata por la cantidad de gente que va. El resto tiene menos visitas.

Si Chile no tiene plata para pagarle a los guardaparques debiera, sin dejar de proteger los ecosistemas, abrirlos a la comunidad privada y concesionar algunas actividades que puedan reportar ingresos, total, todos sabemos que Conaf es el pariente pobre del turismo: confiterías, camping, expediciones, granjas forestales, etc. Hay que ingeniárselas: el pecado mortal es tener los parques cerrados porque los que nos cuidan ganan el mínimo.

Jorge Tramón Guarda, director

de la Fundación Paralelo 41