Nadie duda que la ciudadanía tiene derecho de manifestarse y expresar sus demandas, pero no se puede desconocer que las familias no quieren vivir atemorizadas por la violencia, que el país altere su funcionamiento y en ocasiones casi se paralice por el vandalismo.

En los últimos años, los actos de destrucción y saqueos que se generan en algunas fechas han dejado saldos lamentables, con personas heridas, destrucción de la propiedad, de obras que son de beneficio de la comunidad, ataques y saqueos a locales comerciales. Hay pequeños comerciantes a los que les vandalizan y roban sus negocios, y sufren la pérdida del patrimonio logrado con años de trabajo y sacrificio.

Con motivo de la conmemoración de los tres años desde que se produjo el estallido social del 18 de octubre de 2019, en el país una vez más se han producido estos desmanes.

Los violentistas, en gran medida, son menores de 30 años, que crecieron después del término de la dictadura. Son más bien los hijos de la democracia, que no han entendido cómo deben expresarse y a quienes tampoco les han hecho entender que así como tienen derechos, también hay deberes y que el Estado de Derecho y sus instituciones no deben ser pasados a llevar, pese a todos los cuestionamientos que puedan existir.

Nos enfrentamos a una realidad que es necesario atender y enfrentar, porque el derecho a la manifestación social se ve comprimido por la violencia de algunos sectores. Es evidente que hay un desplome de la confianza en las instituciones, que habla de una tendencia y una crítica social sistémica.

Las instituciones en general -y no solo el gobierno- deben estar atentas para proyectar una imagen positiva a la ciudadanía, que se encuentra especialmente sensible a diversos temas que explican su malestar. Para construir el futuro debe tenerse presente que la legitimidad es clave. La autoridad y toda la institucionalidad deben funcionar en forma eficiente porque cuando eso no sucede, la legitimidad retrocede, el terreno cambia y pasa a ser material fecundo para los populismos, el deterioro del debate, del diálogo y de la democracia.

Un grupo de 17 profesionales aspiran al cargo de fiscal nacional, es decir, a ser la máxima autoridad del organismo al que la Constitución le encarga dirigir con exclusividad la investigación de delitos, ejercer la acción penal pública y resguardar a víctimas y testigos. Si bien no es una autoridad que goce del conocimiento de toda la población, sus funciones son imprescindibles para el país, y la oportunidad en que se proveerá su cargo hace que deba importarnos aún más.

En efecto, luego de una alicaída y cuestionable gestión del otrora mandamás Jorge Abbott, como país estamos peor que antes en seguridad, particularmente por el arribo del crimen organizado. Los expertos están de acuerdo en que si bien estas transnacionales del crimen ya comenzaron a funcionar en el país, aún no somos un destino codiciado. Sin embargo, si la persecución penal no logra ser efectiva, es solo cuestión de tiempo para que estas bandas rivalicen con el Estado y su monopolio de la fuerza lo sigan haciendo retroceder.

Por esto el futuro fiscal nacional nos debe importar, porque nuestra seguridad no sólo depende del Gobierno, sino de quienes logran dar con los culpables y obtienen pruebas para conseguir sus condenas.

Sin embargo hay otro aspecto en el que como ciudadanos debemos estar vigilantes: el fiscal nacional debe ser elegido por 2/3 del Senado. Y en un contexto en el que la corrupción política es investigado por el Ministerio Público, cabe preguntarse cuáles serán los criterios con los que la Cámara Alta definirá al sucesor de Abbott. Si entre los postulantes hay quienes persiguieron el financiamiento irregular de la política, ¿nuestros senadores votarían por él? Si uno de los representantes de nuestra región pagó $35 millones para evitar un juicio, ¿votará por el mejor candidato o por quien le asegure impunidad?

Si de verdad la seguridad es nuestra principal preocupación ciudadana, no hay margen para que perdamos de vista a los 17 aspirantes ni a nuestros tres senadores.

Juan Carlos Claret, Colegio Abogados de Osorno