Un dato preocupante salió a la luz tras un estudio que buscaba averiguar por qué los hogares y las empresas no reciclan ni reparan los aparatos electrónicos y eléctricos en desuso (RAEE), realizado por el WEEE Forum, consorcio que agrupa a las empresas que gestionan su reciclaje, y cuyos resultados fueron respaldados por el Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar).

Según la encuesta, unos 5.300 millones de teléfonos celulares y "smartphones" dejarán de usarse este año y, pese a estar fabricados con materiales altamente valiosos, como oro, cobre, plata, paladio y otros componentes, solo una mínima parte de ellos será reciclada. El resto acabará en contenedores, incinerado con la basura, o perdido en un cajón, siendo los teléfonos móviles los más acaparados por los consumidores. Qué quiere decir esto, que cuando una persona cambia su teléfono celular, ese aparato que ya no usará no es reciclado ni reutilizado, sino que queda abandonado en algún rincón del hogar.

Si bien el estudio fue realizado entre junio y septiembre de 2022 en 8.775 hogares de la Unión Europea, esto es Portugal, Países Bajos, Italia, Rumania y Eslovenia, además de Reino Unido, entrega indicios de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro país, donde los artículos electrónicos y eléctricos se han convertido en elementos indispensables de la vida diaria de las personas.

Por ello, se hace necesario realizar indagatorias de este tipo a nivel local y a la vez incentivar la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos que puedan ser refaccionados y tener una extensión de su vida útil. Esto, además de fomentar el reciclaje de este tipo de productos que -como se sabe- generan una alta contaminación al medio ambiente si no cuentan con una correcta disposición final, también ayudará en la economía familiar al bajar los altos niveles de consumo de estos utensilios.

Esta semana fuimos testigos de nuevos desmanes y violencia desmedida en las calles. La ciudadanía se ha expresado de manera silenciosa pero constante en el último tiempo: la seguridad ante la delincuencia es hoy la máxima prioridad, y los chilenos sabemos que el camino no es ni será nunca la violencia.

Uno de los grandes problemas para alcanzar acuerdos como sociedad, era que la violencia quedara legitimada como medio para instalar demandas o manifestar descontento social. Pero las últimas encuestas señalan que la mayoría no valida la violencia como medio. Así, ante la pregunta "Qué tan de acuerdo está con esta frase: la quema de infraestructura pública y los saqueos son necesarios para llamar la atención de las autoridades", un 86% de los encuestados señalaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo (encuesta Instituto UNAB).

A su vez, las cifras de inseguridad, delincuencia y terrorismo han aumentado preocupantemente en todo el país. Casi el 60% de los locatarios ha sufrido algún tipo de delito (encuesta de Victimización de la Cámara Nacional de Comercio); los homicidios han escalado un 28,7%% en el primer semestre de 2022, respecto al mismo periodo del año anterior (fuente PDI); y pese al incremento de los actos terroristas en la macrozona sur, apenas cuatro personas han sido formalizadas en las más de 110 investigaciones abiertas por hechos de violencia rural en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, en los primeros cinco meses de este 2022.

Frente a esto, los civiles que han optado por adquirir armas de fuego para asegurar su autodefensa, pasando por arduas evaluaciones psiquiátricas y trámites burocráticos con el fin de inscribirlas, hoy ven como el Gobierno busca avanzar en un desarme de la población civil, en vez de poner acento en confiscar las armas ilegales en manos de delincuentes.

Desde el gremio vemos instalado un problema multisistémico ante la violencia y la delincuencia: una falta de voluntad política, un insuficiente apoyo a las policías, y un poder judicial debilitado, que no cuenta con las herramientas legales necesarias. Es urgente que el mundo político escuche, entienda y empatice con la ciudadanía, la cual ya no puede esperar más por soluciones concretas, para que sus familias puedan vivir en un país más seguro, y con menos violencia.

Alejandro Rudloff, director de Aproleche Osorno