Como una manera de reconocer e incluir a las personas sordas, en los últimos años se ha visibilizado la importancia de la lengua de señas tanto en la comunidad como en los servicios públicos. Esto ha permitido, de igual modo, que las instancias de aprendizajes de este tipo lleguen a líderes sociales o funcionarios que ejercerán el rol de garantizar el acceso a la información.

De acuerdo con el II Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015, 712.005 personas en el país tienen algún grado de pérdida de audición y, de este total, se estima que 179.268 personas tendrían sordera total.

Conociendo esta realidad, la publicación de la Ley N°21.303 el año pasado -que modificó la Ley N° 20.422- vino a oficializar la lengua de señas entre las personas sordas, así como a promover su uso en la educación, mercado laboral, salud y otros ámbitos.

Entre sus artículos destaca que la enseñanza del sistema de comunicación estará a cargo, preferentemente de personas sordas calificadas. Por ello se determinó la creación de un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para regular las condiciones, requisitos y calificaciones necesarias.