Verónica Salgado

La demanda por ayuda social ha sido una realidad creciente en la provincia, lo que se refleja en los cerca de mil millones de pesos que hasta la fecha han invertido los municipios de la provincia para ir en apoyo de las cientos de familias de cada territorio, las cuales arrastran una disminución en sus ingresos y derechamente enfrentan la cesantía, o bien los sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas debido al alto costo de la vida.

Lo más requerido son cajas de alimentos, materiales de construcción, insumos para calefacción, medicamentos, pagos de servicios básicos (luz-agua), aportes en salud, entre otros, los cuales son gestionados íntegramente con el presupuesto municipal.

Así lo explican los jefes comunales, quienes aseguran que durante el 2022 la necesidad de ayuda social se ha incrementado tanto en cobertura como en costo de los insumos, lo que consideran es un reflejo de la crisis social que enfrenta el país y donde no existe un apoyo concreto desde el Gobierno para responder a las necesidades de la gente ni a las corporaciones edilicias con recursos frescos que permitan quitarle presión a los presupuestos municipales.

La realidad actual se acerca a la vivida durante 2020, cuando más del 80% de los recursos municipales en la provincia y el país fueron destinados a las áreas sociales y sanitarias, luego que las administraciones comunales optaran por reducir al máximo todos los gastos; ello involucró, por ejemplo, bajar al máximo de pago de horas extras, capacitaciones, viáticos, uniformes, salidas en comisión de servicio, aumento de sueldos, entre otros los que fueron socializados con los sindicatos que respaldaron las decisiones.

Dicho escenario se repitió con menor intensidad durante 2021, pero los presupuestos municipales se encuentran agónicos por la disminución de los ingresos propios debido al congelamiento del pago de arriendos, caducidad anticipada de concesiones, disminución de los aportes del Fondo Común Municipal (FCM), menores permisos de circulación, entre otros.

La prioridad es la gente

Sebastián Cruzat, alcalde de Río Negro, explicó que hasta la fecha han destinado más de $90 millones para el concepto de ayuda social, lo cual se acerca mucho a lo requerido durante 2020, en el inicio de la pandemia.

"La realidad ahora es muy complicada, porque tenemos una cobertura constante de familias vulnerables, pero también de quienes se han ido sumando sobre todo en la ayuda en alimentos, calefacción y materiales de construcción para mejorar sus precarias viviendas. Para nosotros es una prioridad la gente y no podemos negar la ayuda, más aún cuando sabemos que no existen mayores apoyos desde el Gobierno, que si bien está orientado a reactivar el empleo, los ingresos de las familias no son suficientes para abordar el alto costo de la vida que sube cada día y no así los ingresos", apuntó el jefe comunal.

Agregó que se han realizado diversas modificaciones presupuestarias para incrementar el gasto social, que inicialmente tenía un presupuesto de $60 millones para todo el 2022, lo que al cierre del año terminará siendo el doble, es decir, $120 millones. "Estamos asumiendo todo con recursos municipales y los presupuestos están muy tensionados, se requiere buscar alguna solución desde el Gobierno que vaya en apoyo de las familias que no lo están pasando bien por la crisis económica que vive el país", comentó Cruzat.

Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en la provincia la elaboración anual de los presupuestos municipales depende en más del 50% de los recursos aportados por el Fondo Común Municipal (FCM), con una distribución de: San Juan de la Costa (90,9%) con un presupuesto proyectado de $3.300 millones; Río Negro (68,6%) con $3.500; San Pablo (68,5%) con $3.300 millones; Purranque (63,8%) con $4.500 millones; Puerto Octay (60,1%) con $2.600 millones; y Puyehue (55,5%) con $3.600. Sólo la comuna de Osorno tiene una mayor independencia presupuestaria ya que depende un 37% del FCM con un presupuesto total de $32 mil millones.

Juan Carlos Soto, alcalde de San Pablo, explicó que la demanda por ayuda social de las familias es creciente a causa del aumento de la cesantía y de los bajos sueldos que no permiten responder al alto costo de la vida actual.

"Tenemos cero aporte del Gobierno para paliar la gran cantidad de ayuda social que requieren las familias de nuestra comuna. Hemos realizado más de tres modificaciones presupuestarias en lo que va corrido del año para inyectar más recursos al área social. Tenemos que asumir con recursos municipales la entrega de alimentos, medicamentos, materiales de construcción, calefacción, entre otros, muchos de los cuales son requeridos por adultos mayores que no cuentan con redes de apoyo o sus pensiones están muy lejos de ser suficientes", dijo el alcalde.

Agregó que la ayuda entregada bordea los $80 millones, por lo que se estima que el presupuesto al cierre del 2022 superará los $100 millones en ayuda social.

Una realidad difícil

Al aumento en la cantidad de personas que requieren apoyo se suma el alto valor de los insumos, partiendo por una caja de abarrotes básica que se entrega a las familias. Durante 2021 tenía un valor promedio de $35 mil, mientras que a septiembre pasado llegaba a los 65

"Acá la ayuda apunta mayormente a los adultos mayores y aunque no aumente la cantidad de personas en cobertura, el costo igual se disparó de los insumos y no podemos decirle a la mitad que no serán ayudados porque está todo más caro"

Bernardo Candia,, alcalde de La Costa