Déficit hídrico incrementa gasto anual de los municipios de la zona
INVERSIÓN. Las siete comunas destinan de $150 millones para pagar el suministro de agua potable que reparten en zonas rurales e camiones aljibes, los que son costeados por la Onemi (excepto en Osorno). Además, está la compra de estanques de agua, recipientes, entre otros ítem que cada año van tensionando los presupuestos.
El déficit hídrico ha tenido consecuencias devastadoras para la provincia, lo que ha generado problemas medio ambientales, económicos y sociales, que deben ser abordados por la institucionalidad del Estado donde los municipios se transforman en la primera puerta de soluciones, debiendo asumir la entrega de agua potable en zonas rurales frente a la escasez del vital elemento.
Esto ha significado un incremento en el gasto anual de los municipios de la provincia, quienes deben destinar cada año más recursos para poder responder a las familias afectadas por la sequía en sus comunas. Las siete comunas destinan en total más de $150 millones anuales para el pago del suministro de agua potable a la empresa sanitaria Essal, a lo que se suman gastos en la compra de estanques de almacenamiento, recipientes de traslado, bombas de limpieza, entre otros artículos que son entregados como aportes a los familias rurales afectadas por la sequía en la provincia.
La respuesta de los gobiernos comunales al déficit hídrico y sus implicancias no está contemplada en la ley orgánica de municipalidades y, por lo tanto, no tiene unos ítems especiales presupuestarios, pudiendo sólo destinar recursos para estos efectos a través de los fondos de emergencia comunal. Una situación que evidencia que las acciones locales frente a la crisis si bien son fundamentales, están muy lejos de contar con el apoyo necesario desde el Estado.
En el país, las dos entidades que suministran agua potable a los habitantes son las empresas sanitarias en las zonas urbanas y el sistema de Agua Potable Rural (APR) en los campos, sin embargo, los municipios se han visto en la obligación de entregar agua potable mediante camiones aljibes que son costeados en su mayoría por el Ministerio del Interior a través de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Esto debido a los efectos del cambio climático, así como los sociales registrados durante los últimos dos años con motivo de la pandemia del covid-19 y la parcelación de terrenos que suma habitantes a las comunidades ya existentes en sectores rurales.
Realidad provincial
La demanda de agua potable en sectores rurales se ha duplicado desde el 2020 a la fecha pasando de 3 mil familias en el 2019 a más de 6 mil durante el 2021 que dependen del reparto de agua potable en camiones aljibes durante todo el año. Es decir, se ha pasado de distribuir el vital elemento principalmente los meses de verano y a un número acotado de familias en localidades específicas, a repartir todo el año, a un mayor número de personas, en prácticamente todos los sectores rurales.
Este aumento está ligado con la sequía, la que obligó a que en abril del 2021 se decretara zona de escasez hídrica a las provincias Llanquihue, Osorno y Chiloé. Juan Carlos Soto, alcalde de San Pablo, explicó que la demanda de agua potable es una realidad que aumenta cada año y de la que deben hacerse cargo los municipios con sus recursos.
"Efectivamente tenemos apoyo desde el Ministerio del Interior para la contratación de camiones aljibe, pero no es suficiente porque como municipalidad igual tuvimos que contratar con recursos propios otros camiones porque no eran suficiente los financiados por el Estado. Además, los municipios pagan el suministro de agua potable a Essal, que es la sanitaria autorizada para después distribuirla en los sectores rurales. Tenemos creado en el ítem emergencia un fondo que termina siendo cerca de $25 millones anuales para todo lo relacionado con la demanda de agua en las zonas rurales", expresó el jefe comunal.
Agregó que están trabajando en distintas soluciones definitivas para sectores como La Poza, Quilacahuin, Lololhue, entre otros: "la parcelación y el aumento de la población en zonas rurales incrementa el gasto municipal, no sólo en materias de agua potable o electrificación, también retiro de basura, mejoramiento caminos, etc. El déficit hídrico es un tema que ya debe ser abordado como una realidad territorial y no como una emergencia momentánea y eso partiendo por el propio Estado y sus ministerios", explicó Soto.
De hecho esta demanda territorial provincial y tensión presupuestaría municipal está directamente relacionado con la población de la provincia que aumentó un 36% durante los últimos cuatro años. Y es que en 2017 la población estable era 234.122 habitantes en las siete comunas, lo que se incrementó a 318.413 durante el