Fiscalizaciones

Actualmente, para habilitar recorridos en zonas rurales se utiliza el mismo principio que en zonas urbanas: la oferta demanda del mercado. Es decir, el número de pasajeros que existan mandará para que el Ministerio pueda negociar con las distintas empresas algún recorrido. Bajo esa lógica, incluso los propios dirigentes de los distintos sectores deben hacer listados para cuantificar la necesidad de transporte público, operación matemática que cada día resulta más desigual, aunque no significa que las personas no requieran contar con transporte público.

Margarita Carrillo, presidenta de la Unión Comunal de Puerto Octay, comentó que muchos vecinos de zonas rurales deben pagar viajes privados que pueden superar los 15 mil pesos solo para el trayecto de ida hacia el sector centro de la comuna y más de 20 mil pesos si se trata de un viaje hacia o desde Osorno.

"Es una realidad que nuevamente nos lleva al centralismo, porque el transporte público rural está en crisis por la falta de apoyo desde una política pública real y eso depende de que se generen cambios en la forma de abordar, por ejemplo, las subvenciones. Acá no se trata de beneficiar a las empresas privadas, sino a la gente que depende de la locomoción colectiva en los campos para abastecerse, ir al médico, al colegio, para todo. Esa realidad está dejando al campo sin conectividad terrestre y parece que a nadie le importa, a menos que ocurra una tragedia como la de San Juan de la Costa y todos opinan, corren a fiscalizar, pero y ¿qué apoyo concreto entrega?, ninguno, a pesar de que son años pidiendo mejorar el transporte y los caminos", expresó la dirigenta.

Sarita González, presidenta de la comunidad indígena Liucura y alrededores, manifestó su pesar por el accidente ocurrido en vísperas de Fiestas Patrias y que involucró a vecinos del sector.

"Es terrible que tengan que pasar tragedias para que las autoridades se acuerden de la realidad de las zonas rurales. El transporte en estos sectores es una de las tantas falencias del mundo rural, donde parece que las personas que vivimos en estas áreas no existimos. Los caminos están en pésimo estado todo el año y por mucho tiempo los dirigentes y la comunidad debe andar solicitando por favor que le mejoren sus condiciones de vida. Eso

es vergonzoso, porque además las decisiones se toman en Santiago para todo y con un desconocimiento total de la realidad de los campos", dijo la dirigente.

Manuel Peña, presidente de la Asociación Rural de Buses de la provincia, que agrupa a cerca de 60 socios de líneas (150 máquinas), explicó que efectivamente existe un problema con el transporte público hacia zonas rurales con menos población, donde los operadores hacen lo que pueden por mantener los servicios activos.

"Muchas veces hemos manifestado esta situación que ocurre en diversas partes del país, donde no hay apoyo directo, aun sabiendo que la cantidad de personas que viven en determinadas zonas rurales disminuye y los costos de mover una máquina son altísimos. Hacemos las adecuaciones, conversamos con los dirigentes y tratamos por todos los medios de no dejar a la gente sin transporte, pero también es un riesgo, porque los caminos no están del todo operativos y si ocurre algo que nadie quiere que pase, una tragedia, de forma inmediata se apunta a la fiscalización a las empresas que tratamos y cumplimos con todo, pese a los caminos están malos que empeoran con el mal tiempo. Además, la informalidad que existe en el transporte a estos sectores es enorme: buses clandestinos y vehículos particulares de taxi, es un grave problema. Es una realidad que se ha conversado a nivel central con distintos gobiernos y seguimos igual o peor, porque después de la pandemia y la crisis del combustible el escenario es mucho más complicado", aseveró Peña.

Autoridades

Diversos parlamentarios y autoridades políticas durante los últimos días han solicitado aumentar las fiscalizaciones y medidas preventivas en rutas de zonas rurales, aunque según los dirigentes, no apuntan a solucionar el problema de fondo, que es la crisis del transporte rural por falta de apoyo del Estado.

El seremi de Transportes, Pablo Joost, precisó que durante el fin de semana largo se generaron distintas situaciones en caminos y rutas de la provincia. "Acá vemos dos problemas: uno estructural debido a la informalidad en que están funcionando muchos operadores y donde es importante la labor de los usuarios de estos sistemas, realizando las denuncias por los canales adecuados para que nosotros podamos activar los distintos instrumentos de fiscalizaciones y sanciones cuando corresponda. Además, se evidencia una falta de transporte público, principalmente en sectores rurales. Aquí también instamos a los vecinos para que realicen sus requerimientos para que podamos articular las distintas formas para mejorar el transporte público en esos sectores (…)", dijo el seremi.

Precisó que en lo que va corrido del año se han realizado más de 160 controles a vehículos de transporte público rural y durante el último mes se incrementó el número debido a las Fiestas Patrias.

60 socios conforman la Asociación Rural de Buses de la provincia, con más de 150 máquinas conectando las distintas localidades con los centros urbanos comunales y con la capital provincial.

15 de septiembre se provocó la tragedia en La Costa, donde 47 personas resultaron heridas y una joven madre falleció luego que un microbús que realizaba el recorrido Osorno-Loma de la Piedra se volcó.

247 mil habitantes tiene la provincia, según el Censo del 2017, aunque según cifras de la población corregida y publicada en febrero pasado por el Ministerio de Medio Ambiente, la cifra ya está sobre los 300 mil.