La división de predios rurales
Quienes cuestionan las medidas aplicadas por el SAG advierten sobre el impacto en la economía y más seguridad jurídica. Los espacios destinados a la agricultura que se dividen suelen destinarse luego a habitación y turismo, con el impacto ambiental que el uso humano implica.
La aplicación de normas para la división de predios agrícolas ha despertado polémicas. La discusión se instaló luego del anuncio del Ministerio de Agricultura sobre la regulación de las parcelaciones rurales siguiendo disposiciones que datan desde 1980 y que posteriormente se conociera un instructivo de evaluación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad que tramita y certifica las subdivisiones de predios rústicos (SPR).
Al respecto hay distintas miradas. Por una parte, argumentos ambientales; por otra, el legítimo derecho de los dueños a subdividir y disponer de sus bienes; también la conciliación equilibrando cuidado del espacio, respeto de las reglas de uso de suelos y apoyo a quienes necesitan generar ingresos en tiempos de crisis, vendiendo sus terrenos.
El punto de distancia entre las diferentes posiciones es el uso de esos espacios, que originalmente tienen un destino agrícola, pero que al separarse muchos se convierten en lugares con fines habitacionales, turísticos y recreativos. Es decir, el lugar se aleja de lo productivo, se aumenta la presencia humana, la presión sobre el entorno y el daño ambiental.
A nivel nacional, según el SAG, las peticiones para lotear predios agrícolas han pasado de promedio de 10 mil requerimientos en 2019 a 19 mil en 2021, un alza de 90%; y las proyecciones para 2022 hablan de 20 mil solicitudes formales en diversas regiones.
La discusión legislativa para tratar el tema y buscar ordenamiento para el desarrollo de áreas rurales, comenzó en el Senado esta semana. Alcaldes, representantes de las empresas inmobiliarias y de gremios se reunieron con parlamentarios y, afortunadamente, señalaron que hay coincidencia en que el cuidado ambiental debe primar y en la voluntad de equilibrar decisiones, generando propuestas públicas y privadas con miradas de largo plazo, que permitan -entre otras materias- determinar en quién recae la responsabilidad de la utilización del terreno dividido, si en el dueño original que vende o en quien compra y se hace cargo de un terreno con resguardo agrícola.