Hay preocupación en los consumidores por las continuas alzas en los precios de la gasolina. La de esta semana fue de $20,5 por litro y analistas han dicho que de no mediar una acción el Gobierno, las bencinas pronto llegarán a $1.500, lo que no sólo impacta en el bolsillo de las personas, sino que también tiene efectos en la inflación. Por ello es que parlamentarios han llamado al Ejecutivo a generar medidas que permitan bajar el precio de las bencinas a través de una modificación del impuesto específico a los combustibles.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, ha indicado que se estudia la fórmula de que los consumidores individuales, que tienen su auto y se mueven para trabajar o para llevar a sus hijos al colegio y que tienen un consumo bajo de gasolina, puedan tener una devolución de este impuesto específico. Rebajar o eliminar este tributo es una idea que se ha planteado con fuerza en los últimos meses, debido a los altos precios que han alcanzado las gasolinas. Incluso hay proyectos que han presentado parlamentarios y que se encuentran detenidos en el Congreso. En abril, la sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pidió al Presidente Gabriel Boric eliminar de manera permanente o transitoria el impuesto específico. Entonces, se estimó que eliminar este tributo permitiría una rebaja de más de $400 en el precio de la gasolina a los consumidores.

En los últimos meses las gasolinas no han dado tregua y esto se ha traducido en sistemáticos aumentos en los precios. Aun con los cambios realizados ahora al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), los precios suben fuerte.

Hay quienes dicen que el impuesto específico ya cumplió con su objetivo. Es más, como las carreteras son concesionadas y las construyen consorcios privados, se condena al automovilista a una doble carga: a pagar peajes a los privados que hicieron las obras y, además, a pagar el citado tributo de beneficio fiscal, lo que es carente de toda lógica.

El impuesto específico deteriora la condición de desempleo y caída de los ingresos de las familias, a la vez que se transforma en un generador de mayor inflación. Es un problema que requiere una solución definitiva y no de paliativos momentáneos.

A menos de 55 días para un hito histórico y democrático para Chile, estamos en carrera contra el tiempo, y al parecer este corre más rápido que todas las acciones que están ocurriendo especialmente en nuestro país.

¿Fue sobrepasado al actual gobierno? Creo que sí. Es evidente que el equipo de autoridades no ha sido capaz de resolver y comunicar efectivamente la avalancha de problemas que nuestro país ha debido sobrellevar, tales como una alta inflación, la más alta en los últimos 28 años alcanzando el 13% en los últimos 12 meses. Una devaluación del peso nunca antes vista, llevando el valor de la divisa a un valor superior a los $1.000, el IPC que sigue golpeando a las familias, y no se ven acciones profundas e innovadoras que vayan a mitigar las consecuencias incalculables sobre los bolsillos de los ciudadanos.

A ello se agrega una reforma tributaria que va generando espacios de incertidumbre para alcanzar una recaudación fiscal bastante relevante y una apuesta del gobierno sobre la NC que genera mayores incertezas que virtudes. Esperaríamos que el Estado mejore su gestión, y haga eficiente su gestión pública, ahorrando cada peso en el gasto público.

Poco se avanza para mejorar nuestra alicaída economía, se ingresarán progresivamente U$5 mil millones desde Hacienda para frenar el alza del dólar, lo cual es una medida fiscal, sin embargo, no se ha logrado el efecto deseado, llevando al dólar a valores históricos. Eso afecta ostensiblemente a los costos de productos importados especialmente a los precios de los combustibles y fertilizantes, que están indexados a esta divisa.

Se nos acaba el tiempo, para tomar buenas decisiones, acertadas, no populistas y con arraigo en los que más lo necesitan. A esto se suma las ganas de las autoridades a intervenir políticamente al BC, y esto es un aviso de lo que se podría venir.

Se nos acaba el tiempo para tomar buenas decisiones, y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es mejor mejorar lo existente para no refundar o partir de "0". Con ello queremos una Constitución que nos una, que nos dé más libertad y nos entregue los derechos sociales adecuados y necesarios, en calidad y cantidad, pero no la presentada en la CC.

Carlos Bustos, presidente Multigremial de Osorno