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Decretan 7 años de cárcel contra isleño por ataques sexuales a niñita en Ancud

REGIÓN. Sujeto fue sentenciado por violación impropia. Se exponía a casi dos décadas de presidio.
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Pedro Bárcena

Ante el valiente y detallado testimonio de una pequeña que recién se empina por los 10 años, se acreditó la impactante pesadilla que vivió por más de la mitad de su vida. La menor sufrió sistemáticos ultrajes en un domicilio de Ancud, ataques por los que un sujeto fue sentenciado en las últimas horas a 7 años de presidio.

El obrero de iniciales J. O. O. V. (57) se exponía a 19 años de reclusión por las agresiones contra esta niña, perpetradas entre el 2015 y 2020. Así lo invocó el Ministerio Público en el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Castro.

De acuerdo a lo presentado por el fiscal Luis Barría en la audiencia, el isleño llevó a cabo actos de significación sexual contra la víctima, los cuales configuraban los delitos de abuso sexual y violación impropios, ambos en carácter de reiterados.

Por el primer ilícito, el persecutor solicitó 7 años de cárcel, mientras que por el otro sumó 12 años, en consideración a la gravedad de los mismos, como también por la extensión del mal causado.

Junto a la prueba testimonial, cuya base fue la versión entregada por la afectada, el abogado sumó el informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud, como también las conclusiones de las pericias sexológicas y forenses del Servicio Médico Legal (SML).

En tanto, el defensor Carlos Barahona pidió la absolución de su representado, remarcando que la evidencia expuesta ante la sala presidida por el magistrado Rodrigo Alarcón era insuficiente para acreditar la intervención del encartado.

Uno de los puntos de mayor debate fue el cuestionamiento a las diligencias policiales, en virtud a eventuales aristas indagatorias que se habrían desechado. Especial atención cobró una sindicación inicial de la niña contra un primo, lo cual posteriormente descartó. La defensa apuntó a esta retractación aduciendo que no fue mayormente explorada.

Bajo ese contexto, también se buscó dejar en entredicho la pericia de credibilidad del relato, en cuanto a que no fue "categórico" para corroborar la veracidad de los hechos.

Pese a todas estas alegaciones que pretendían instalar la duda razonable entre los sentenciadores, estos de manera unánime establecieron que el imputado es responsable de un delito de violación infantil, eso sí, en carácter de continuado en oportunidades y días distintos entre 2015 y 2020.

En base a esta calificación, como especificó la fiscal (s) Pilar Werner, quien estuvo en la audiencia de lectura de fallo, "se logró la condena a 7 años de cárcel al autor de este ilícito, mientras que el tribunal decidió absolver por el abuso sexual. La sentencia es de cumplimiento efectivo".

Accesorias

Igualmente, los sala decretó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

Otras de las medidas anunciadas por la magistrada redactora, Loreto Yáñez, contra el ancuditano fueron "la interdicción del derecho de ejercer la guarda, ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de las penas principales y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación con menores de edad".

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el TOP dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Dos Carabineros son sentenciados por delito de apremios ilegítimos

JUICIO ORAL. La pena impuesta de 61 días la podrán cumplir en libertad.
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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) dio a conocer la sentencia contra los dos Carabineros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), acusados de apremios ilegítimos durante el denominado estallido social.

La pena dictaminada es de 61 días de presidio para ambos funcionarios, la que podrán cumplir en libertad y bajo vigilancia por 2 años.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2019, en calle Antonio Varas, al llegar a la esquina de la calle San Martín, lugar donde el joven fue detenido. Allí, de acuerdo a la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fue golpeado por los dos Carabineros.

El fallo indica que "al momento de trasladar a R. Z. T. hasta el carro policial, el suboficial M. A. pretendió usarlo como escudo frente a las esporádicas piedras recibidas por el personal policial en ese momento".

El documento agrega que "a consecuencia de los hechos, R. I. Z. T. sufrió sangramiento nasal en cavidad bucal, una equimosis en puente nasal, hematoma en el labio superior y erosión en el codo derecho de 4 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho, de carácter leve".

Milena Sánchez, abogada y directora regional (s) del INDH, dijo que en esta causa efectivamente el instituto participó como querellante institucional. "Estamos bastante satisfechos con la condena, independiente que la determinación de la pena, que se aplicó a ambos funcionarios, de 61 días, corresponden definitivamente a la consideración del tribunal a ciertas atenuantes de la responsabilidad penal".

Añadió que son atenuantes de la cual tienen derecho los imputados.

5 de noviembre de 2019 ocurrió este hecho en el centro de Puerto Montt, en las protestas del llamado estallido social.

2 Carabineros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Puerto Montt, son sentenciados en esta causa.

Privados valoran disposición al diálogo en el pacto por una región sostenible

GOBERNANZA. Culminó la instalación de las mesas de trabajo con miras a desarrollar una nueva gestión del cambio climático.
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En el marco del pacto por una región sostenible e inclusiva, culminó la instalación de todas las mesas de trabajo de los respectivos sectores productivos participantes.

La iniciativa liderada por el gobernador Patricio Vallespín y el Consejo Regional, y que ejecuta la Universidad de Los Lagos, pretende establecer una nueva gobernanza en ocho sectores productivos de la región: turismo, salmonicultura, mitilicultura, construcción, silvicultura, pecuario, marítimo-portuario y agricultura.

El objetivo es poder hacer frente a los efectos del cambio climático, con una mirada sostenible e inclusiva.

La presidenta de la Delegación Puerto Montt de la Cámara Chilena de la Construcción, Francisca Sanz, comentó sobre los avances del pacto, que "a pesar de que venimos de distintos ámbitos, tenemos una visión bastante común de dónde están las brechas, los desafíos y hay algunas ideas bien claras de cómo poder abordarlas".

En tanto, el presidente de AmiChile, Branco Papic, sostuvo que "todas las iniciativas que lleven a fortalecer al sector mitilicultor son buenas, pero esta es particularmente interesante, porque busca favorecer toda la gestión productiva de la región, ya que este ordenamiento nos ayudará a prevenir el impacto en los ecosistemas, lo que nos permitirá enfrentar de mejor forma el cambio climático y lo que se nos viene en el futuro con el agotamiento de los recursos y del sistema en general".

Mientras que para el presidente del Consorcio Lechero, Sergio Niklitschek Hausdorf, "la evidencia científica nos está demostrando que el calentamiento global de la tierra se está acelerando y todos sus habitantes tenemos la obligación moral de ayudar a detener esta eminente catástrofe".