Verónica Salgado

Han transcurrido 4 años desde el desplome del puente Cancura, tragedia ocurrida la madrugada del 23 de junio del 2018 cuando las aguas del río Rahue arrastraron parte del viaducto que unía las comunas de Osorno y Puerto Octay por la ruta U-55. En el fatídico hecho falleció Germán Mancilla Pulgar, de 24 años, y seis jóvenes quedaron gravemente heridos.

Hasta la fecha no existe claridad respecto a cuáles fueron los factores que confluyeron para causar el colapso de la estructura de hormigón construida en 1978, ni resultados de las investigaciones y sumarios administrativos comprometidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Tampoco se han determinado responsabilidades administrativas ni penales. Esto, pese a los compromisos públicos adquiridos por las autoridades nacionales, regionales, provinciales e incluso locales, dado el impacto nacional que causó el colapso de la estructura y la irreparable pérdida de la vida de una persona, así como los daños físicos y sicológicos de otras seis.

La tragedia es un dolor que aún enfrentan las víctimas y sus familias, para quienes este 23 de junio es una fecha llena de amargura, pero también desilusión y rabia, dado que llevan cuatro años luchando contra la burocracia del Estado, la desidia de las autoridades, la lentitud del sistema judicial y el olvido de gran parte de la comunidad.

El puente Cancura hace unos días volvió a estar en el ojo del huracán, tras la decisión del MOP de postergar por quinta vez el inicio del proceso de licitación que permitirá materializar la construcción de un nuevo viaducto, que reemplazará al puente mecano instalado en el lugar de forma provisoria en enero del 2019. El postergado proyecto demandará una inversión cercana a los $6 mil millones.

"Cuando se realizan este tipo de anuncios en torno a lo material, todos quieren hablar y se acuerdan que han transcurrido cuatro años desde la caída del puente. Pero ningún político ni autoridad es capaz de partir diciendo que por ese colapso perdió la vida una persona, mi hijo, mi 'tatán' y otros seis jóvenes resultaron con heridas físicas y sicológicas de gravedad. Familias que aún sufren por no tener respuestas ni responsables de su dolor y de la negligencia humana que tuvo irreparables consecuencias", manifestó Germán Mancilla, padre de la única víctima fatal de la tragedia.

Cuatro años esperando

Cerca de las tres de la madrugada del 23 de junio, los amigos Egon Vargas, Mario Romero, Fernando Mancilla y José Miranda quedaron gravemente lesionados luego que el automóvil donde viajaban volcó al interior del río Rahue, tras caer de la altura por el desplome del puente Cancura, por donde circulaban desde Puerto Octay a Osorno luego de un partido de fútbol.

Esa misma jornada Germán Mancilla, de 24 años, perdió la vida cuando la camioneta en que se desplazaba junto a su amigo también se vio involucrada en la misma tragedia.

"Esta fecha es la más dolorosa del año calendario, porque es la partida de mi hijo Germán. Muchos podrán pensar que a medida que pasa el tiempo el dolor se calma y, la verdad, es peor. Es una pérdida que nunca podremos superar, es un hijo, un hermano, un nieto, un amigo que siempre vamos a tener en nuestros corazones y pensamientos. Nosotros no hay día donde no tengamos en nuestro pensamiento y corazones a quien esa fatídica mañana se fue. Y lo más duro es ver que pasan los años y aún no hay ningún resultado de todas los sumarios, investigaciones administrativas internas del MOP y otros organismos públicos", explicó Germán Mancilla.

Agregó que durante meses fueron testigos de cómo las autoridades comunales, regionales y parlamentarias relegaron el caso a carpetas archivadas. "Para muchas autoridades me transformé en una persona no grata, como que ven en mí una molestia, no existe ninguna empatía con nosotros. Siempre me pregunto si ellos hubieran perdido un hijo, ¿no estarían golpeando puertas para lograr justicia?. Los jóvenes que sobrevivieron no han tenido ni apoyo ni reparación adecuada a todo su sufrimiento físico y sicológico. Aquí no se trata de dinero, se trata de agilizar una burocracia", enfatizó el acongojado padre.

Avances

Los sobrevivientes y sus familias, así como la de la única víctima fatal, sólo esperan tener respuestas que les permitan entender las razones que llevaron al colapso y caída de un viaducto emplazado en una ruta de alta afluencia, una negligencia humana como ya ha sido reconocido por los organismos involucrados.

En agosto del 2019, en el Juzgado de Garantía de Río Negro, se realizó la audiencia de formalización de los tres imputados por la responsabilidad que pudiesen tener con el colapso del puente. Los cargos fueron por cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones graves y menos graves presentados por el fiscal Naín Lamas, quien estaba en ese momento a cargo de la investigación que realiza el Ministerio Público.

Los imputados, hasta ahora, son el inspector fiscal y profesional del MOP, Roberto Lobos; así como Jaime Toro, profesional residente de la firma RCN Ingeniería y Construcción que realizaba los trabajos de reparación; y Roberto Carrillo, dueño de la empresa.

En julio del año pasado, tras la sorpresiva renuncia de Naín Lamas al Ministerio Público, se le entregó la carpeta investigativa al fiscal jefe de Río Negro, Daniel Alvarado (después de varias semanas sin que la Fiscalía entregara el caso oficialmente y ante los reclamos de los afectados).

"Desde que recibí la causa, me reuní con la familia de Germán Mancilla Pulgar, con quienes mantengo contacto directo, al igual que con los otros jóvenes que resultaron heridos. Esta es una causa muy complicada por todos los detalles técnicos que involucra y que requiere de expertos que apoyen con estudios y análisis técnicos. También hemos avanzado con investigaciones que estaban pendientes, como de la Dirección General de Aguas (DGA), del peritaje forense realizado al momento de desmontar la estructura caída, entre otros. Eran 7 u 8 diligencias de este tipo pendientes y ahora sólo nos queda una", comentó el fiscal.

Agregó que las últimas indagaciones están asociadas al informe de investigación final realizado por la Contraloría (que tomó la investigación que realizaba el MOP para darle una mayor seriedad y alcance administrativo) que está en poder del Ministerio Público desde hace unos días.

"Son decenas de páginas, es una investigación muy larga y acuciosa que estamos encuadernando, para lo cual tengo una persona de dedicación exclusiva, luego se las haremos llegar a las partes involucradas y nosotros la analizaremos detalladamente. Si todo resulta con los tiempos que estamos manejando, esperamos que durante 2022 esté la investigación cerrada para luego dar paso a lo que legalmente corresponda", enfatizó el persecutor.

En la práctica, cerrar la investigación significa que el Ministerio Público ha terminado su labor investigativa para establecer los hechos y la participación de los imputados en ellos. El Ministerio puede formular acusaciones contra él o los imputados, proponer al juez el sobreseimiento temporal o definitivo, o usar la facultad de no perseverar (sólo si no cuenta con antecedentes suficientes para acusar).

Desde el momento que se formalizó (agosto 2019) existe un plazo de 2 años con derecho a solicitar extensiones de plazo justificadas (en esta causa se debe considerar todo lo relacionado con la pandemia que frenó un avance más expedito). Dado que la investigación aún está abierta y con la recepción de antecedentes que pueden ser fundamentales, no se descarta que existan nuevas personas formalizadas.

Desde el resto de los organismos involucrados aseguran que los antecedentes han sido puestos a disposición de los organismos que realizan las investigaciones, como Contraloría y el Ministerio Público.

La causa tiene el carácter reservado, al igual que todos los antecedentes que contiene la carpeta investigativa.