La prolongada sequía que ha afectado al país desde hace al menos 12 años ha generado una situación muy compleja, especialmente en las zonas agrícolas. De hecho, 2019 fue el año más seco del que se tenga registro, y hoy, pese al invierno que se inicia, los caudales de los ríos de varias regiones no se han recuperado, sino que son muy inferiores.

Naciones Unidas llamó a que el 17 de junio se celebre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Desde hace más de una década que Chile sufre una de las mayores sequías de su historia, que se ha manifestado de modo distinto, pero que ha afectado mayormente a las zonas rurales entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos, donde la escasez de agua dificulta el desarrollo de la agricultura y la ganadería, además del consumo humano.

Es probable que los habitantes de los centros urbanos no alcancen a dimensionar esta situación. Sin embargo, en las áreas rurales esto se traduce en que las napas se están secando paulatinamente, lo que afecta a miles de personas que no cuentan con un buen suministro de agua.

Los suelos cultivables se afectan a causa de la falta de lluvias y de las sequías prolongadas, que no sólo repercute en los cultivos y en la ganadería, sino también en las condiciones de vida de las personas que habitan estos lugares. Asimismo, ha habido en los últimos años un cambio en el régimen pluviométrico: cuando caen precipitaciones fuertes, se concentran en poco tiempo, por lo que el agua escurre superficialmente y no se infiltra para recargar los acuíferos.

Eso parece explicar los problemas que hay en la captación de aguas subterráneas en verano, cuando en los últimos años se ha debido repartir el recurso en camiones aljibe a los habitantes de zonas rurales, para satisfacer sus necesidades elementales.

Y mientras la zona centro y sur enfrenta el déficit de lluvias, en el norte de Chile la desertificación avanza sin cesar, por lo que es necesario que las autoridades tomen las medidas necesarias para que el recurso sea bien utilizado en las actividades productivas en el campo, en la industria, en la minería y en los hogares. El cuidado del recurso y del medio ambiente le compete a todos y debe partir desde los hogares y las empresas, pues el agua se está haciendo cada vez más escasa.

El anuncio del Gobierno de combatir la delincuencia armada, quitándole las armas a todos los civiles, con la brillante idea de así reducir los índices de delincuencia, se parece a la historia del sofá de Don Otto.

Nuevamente, desde el Presidente hacia abajo, las autoridades demuestran falta de sintonía con el Chile real. Y de concretar esta idea, podrían dejar muy desprotegidos a quienes viven en sectores rurales, porque, como en el chiste, no es por la mera existencia de las armas que la gente comete delito, sino porque delinquir con éstas no tiene una efectiva penalidad que haga desistir de su uso. Y se ha insistido desde años en políticas públicas que buscan desarmar al que cumple la ley y no poner el foco en el delincuente que las usa para cometer delitos.

Hay que tener en cuenta que la extensión y baja densidad poblacional de los territorios en las zonas rurales hace que la presencia del Estado y los agentes del orden público sea muy menor, así como también su velocidad de reacción ante un delito en relación al sector urbano, y por tanto, la seguridad en los campos debe considerar herramientas de disuasión y respuesta a los delincuentes, como son las armas de fuego, que forman parte de la cultura del mundo rural desde siempre ante esta evidente realidad.

Adicionalmente a lo anterior, si consideramos que más allá de los valerosos esfuerzos de sus funcionarios, hoy Carabineros se encuentra carente de respaldo político, de personal, vehículos y elementos para hacer su trabajo, ésta condición de la ruralidad, sin armas para defenderse, podría incentivar la delincuencia en nuestros campos.

Veamos también la perspectiva productiva. En los campos se generan anualmente pérdidas del orden del 5% al 20% de la superficie de praderas y sembrados de maíz en algunas zonas, que son atacados por jabalíes. Se trata de una especie exótica, dañina, introducida a nuestro país, al igual que las liebres, y que solo pueden ser controladas con programas de caza sustentable, regulada por el SAG. Para ello existe normativa y permisos trazables y controlables por la autoridad.

Dejar a los campos sin herramientas de control de plagas, y a quienes viven en ellos sin posibilidad de defensa, ¿es lo que se necesita para controlar la delincuencia?

Lo que hoy plantea el Gobierno viene a castigar y poner en primera línea de peligro a un sector que hoy y siempre ha cumplido con toda la reglamentación vigente.

Christian Arntz MacEvoy, director ejecutivo de la