Prohibición de armas
"La única manera de frenar a un mal hombre con un arma, es un buen hombre con un arma", escribió el empresario estadounidense Wayne LaPierre, defensor de la tenencia legal de armas. Con las particularidades propias de nuestras tierras australes, concuerdo con LaPierre. El derecho que tenemos los ciudadanos de bien a poseer armas legales es el derecho preferente a defender a nuestra familia en el hogar.
Esto es lo que contempla la legislación, el derecho a la legítima defensa, que siempre se debe ejercer apegado a la ley. Somos tenedores de armas legales, es nuestro derecho y debemos defenderlo. Eso es lo que hacemos en la Asociación Chilena del Rifle (ACDR). Una agrupación por la libertad y defensa del derecho a poseer y utilizar armas de fuego, el fomento del deporte del tiro al blanco, la caza sustentable, el coleccionismo y el uso responsable de éstas en la defensa personal.
Hoy en Chile nuestra realidad es el alto nivel de delincuencia. Se puede observar que el país es cada vez más violento. Los delitos de alta connotación pública como homicidios y los robos con violencia se han incrementado en un de 41%, según la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Paralelamente, las policías, con limitaciones en su actuar y escaso apoyo político de las autoridades, se ven superadas en poder de fuego por los verdaderos enemigos, que son el crimen organizado con sus armas ilegales, de contrabando y de fabricación hechiza. Los ciudadanos de bien que tenemos armas inscritas y empadronadas no somos los proveedores de bandas delictuales, como lo pretende hacer creer el Gobierno.
Desde La Moneda se nos pretende mostrar como coautores materiales de delitos con resultado de muertos y lesionados graves por el sólo hecho de tener un arma legal, ello en la voz de la ministra del Interior, quien señala que el mayor porcentaje del armamento empleado en estos ilícitos provenía de tenedores legales. El Gobierno fabrica una historia con estadísticas antojadizas, utilizando extractos de datos de realidades extranjeras, para construir argucias legislativas levantando acusaciones y atentar contra las libertades de las personas.
Somos ciudadanos de bien, que en cumplimiento de la ley tenemos registrado legalmente nuestro armamento. Nos capacitamos, responsablemente tomamos cursos, lo que nos permite alcanzar un dominio técnico de nuestras armas de un nivel similar que el de funcionarios policiales.
Hay que ponerle atajo a la delincuencia, al crimen organizado y al terrorismo, al tráfico de armas ilegales. El Estado debe apuntar su esfuerzo en controlar el contrabando de armas destinadas al crimen organizado, muchas de ellas de alto poder de fuego que ingresa de manera ilegal al país. También detener las armas ilegales de fabricación hechiza o adaptadas por técnicos al servicio de bandas delictuales de narcotraficantes.
Yerko Papic Mardones
Indemnización y expropiación
Tanto la Constitución vigente como la propuesta por la Convención Constitucional reconocen la institución de la expropiación como un límite jurídico al derecho de propiedad y, en ambos textos, se establece la procedencia de una indemnización. Al margen de la discusión sobre el sentido y alcance de la expresión "justo precio" que utiliza la norma de la propuesta de la Convención, es necesario advertir una sutil, pero esencial diferencia entre ambas regulaciones.
De acuerdo a la solución constitucional actual: "a falta de acuerdo, la indemnización se debe pagar en dinero efectivo y al contado". En cambio, en la propuesta constitucional, la regulación respectiva abre la posibilidad de que el pago de esta indemnización esté sujeto a modalidades. Así, podría el acto expropiatorio establecer que la indemnización se pagará en cuotas y, si bien es cierto, se contempla la posibilidad de que "el expropiado reclame judicialmente la modalidad del pago", no es seguro que este reclamo prospere, sin perjuicio de los costes en tiempo y recursos que implica un trámite judicial.
El pago de la indemnización sujeto a modalidades, por ejemplo, en cuotas, puede implicar graves perjuicios para el expropiado, puesto que no contará con los recursos de una sola vez que le permitan decidir las inversiones que considere pertinente en este nuevo escenario y, por otro lado, es una medida que puede resultar discriminatoria, porque el poder asumir el pago de una indemnización parcializada dependerá de los recursos económicos del expropiado.
Jorge Astudillo Muñoz, académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello sede Viña del Mar
Pluralismo
El Presidente anunció en su cuenta pública que el Gobierno firmará un convenio mediante el Ministerio Secretaría General de Gobierno con tres universidades estatales - del norte, centro y sur-, cuyo nombre es "Más amplitud, más voces, más democracia". Dado que ese convenio de trabajo tiene por finalidad recoger y sistematizar las diferentes propuestas que hay en torno a los derechos asociados a la comunicación y su relación con el actual sistema de medios chileno, contemplando la participación de diversos entornos académicos, sociales y gremiales, para así avanzar en el fortalecimiento de un ecosistema medial diverso, que contemple las voces y miradas de todos, ¿no sería esperable que se integrarán más universidades para reflejar precisamente todas las miradas desde la academia en su dimensión pública y privada?.
Igualmente, sería plausible que nos pudiéramos integrar a ese convenio todos los investigadores de las facultades de comunicaciones de Chile que formamos parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID y que hemos participado en el Concurso de Estudios sobre Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, generando propuestas de valor para favorecer la democracia y la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.
En esa misma línea, es necesario tener presente que ya en la Agenda Digital 2020 el Estado reconoció que, el desarrollo del marco normativo nacional en materia digital había avanzado de manera desigual en relación al desarrollo de nuevas tecnologías, lo que ha impactado significativamente en los derechos fundamentales de las personas. Es esperable, en consecuencia, que dicho marco normativo sea el que se robustezca ante el entorno digital.
María José Labrador
Prohibición de las armas
Si el Presidente Gabriel Boric promete prohibir totalmente las armas, imagino que empezará por desmovilizar a la CAM y otros grupos violentos.
Esteban Meza