avanzando, queremos extenderlos más.

-¿Está considerado el arriendo?

-Es uno de estos canales. Porque todo el mundo pone el acento en el arriendo y el programa del Presidente Boric habla de cinco mil viviendas año. Consideramos a distintos promotores o gestores de esto que van a ser los gobiernos regionales, los municipios, los serviu y entidades sin fines de lucro con las cuales veremos el financiamiento que les permita construir, por cierto, sujetos a las reglas de precio y de construcción para que llegue a determinadas personas.

-¿Cuándo podría partir lo del arriendo o hay que esperar que las casas se construyan?

-Hay que construirlas, pero hay algunas que sí están y ahí se verá. De hecho, hoy existe un sistema de subsidio al arriendo que está aportando a 60 mil familias. Hay una diversidad de alternativas mucho más de emergencia que la que estamos pensando nosotros, que suponemos que van a ser por un período mayor.

-El arriendo podría presionar al mercado para bajar los precios, que están disparados, ¿no?

-Depende de qué mercado, porque en la vivienda hay distintos mercados, dependiendo del nivel de ingresos, del lugar, de cuál región es. Los mercados son bastante diferenciados. Pero si nosotros llegáramos a construir cinco mil viviendas al año, esto va a tener un efecto en los mercados de viviendas de más bajos ingresos, sin ninguna duda.

-Con el alza de los materiales de construcción, ¿qué va a pasar con las nuevas viviendas sociales? ¿Se mantendrá el estándar o habrá ajustes?

-Nosotros estamos manteniéndonos en el estándar que estábamos. Es cierto que vamos a incorporar viviendas industrializadas que son otro tipo de materiales. Son grandes también, pero tienen distintas condiciones que por ejemplo aceleran la construcción. En cuanto a los precios, pretendemos mantenerlos en los rangos actuales. El Estado no puede seguir pagando y pagando subsidios. Por eso es que nos preocupa el tema de los materiales, porque no solo subieron, sino que también hay que analizar las razones y qué se puede hacer frente al alza del valor a los usuarios. Eso nos preocupa mucho, porque ciertos productos que se producen en Chile han subido mucho, como la madera o el cemento. Entonces, en eso nosotros queremos intervenir y estamos viendo con Corfo alternativas.

-¿El metraje no variará?

-Es que el metraje va a tener que depender del tamaño de la familia. Así fue en la historia nuestra. Antes había viviendas de 50 a 90 metros y dependía mucho de la familia, porque no todas son iguales y no todas pueden plantearse al mismo tamaño.

-¿Se van a priorizar algunas regiones? La situación de vivienda en el norte es compleja, por ejemplo.

-Estamos tratando de recoger la especificidad de las características propias de cada región, incentivándolos a que propongan líneas propias. Por ejemplo, hay una región que nos informa que hay 2.450 localidades y todos los programas están más pensados para las grandes ciudades. Entonces, tenemos que pensar en alternativas para las pequeñas localidades, cosas de esa naturaleza. Además, hay regiones que tienen menos déficit que otras y ese déficit está concentrado en un sector medio emergente, no necesariamente en los sectores de menores ingresos. Eso también nos ha ocurrido en varias regiones.

-¿Y la ubicación también va a ser considerada?

-Siempre está considerada. La calidad de la vivienda tiene que ver también con la localización, pero sin duda que eso tiene que ver mucho con los terrenos a los que se logre acceder y también de las propias preferencias de las familias.

-¿El plan incluye algún capítulo especial para los migrantes?

-Los migrantes están en la misma situación que los chilenos. Tienen que postular. En algunos lados, lo que han hecho migrantes antiguos es que se han organizado como comités y están con proyectos propios, han conversado con el Serviu. Hay distintas alternativas, pero nosotros creemos que los migrantes deben estar en la misma condición que los chilenos.

-¿Estar en una toma se considerará como un punto en contra para acceder a estos programas?

-Vamos a seguir el camino regular. Así que los que estén postulando tienen varias alternativas. Para los campamentos, sobre todos los más antiguos, tenemos unas estrategias de urbanización y de construcción en algunos casos y eso va a avanzar también. No sería raro que en estos años lleguemos a 26 o 27 mil soluciones para personas en esa condición.

-¿Ha subido el número de migrantes que han recibido beneficios de vivienda?

-Los migrantes han llegado a las tomas y campamentos en los últimos años. Pero no hace mucho. Ahora, la mayoría de los nuevos campamentos son principalmente de migrantes, fundamentalmente porque ellos tienen otra historia, otra cultura y hay gente vendiéndoles terrenos, mintiéndoles, traficantes de suelos que les prometen supuestas escrituras de terrenos de los cuales que serían propietarios. Son cuestiones que tenemos que ver.

-Durante la campaña se dijo que no se iban a desalojar las tomas. ¿Eso se mantiene?

-Se plantearon distintas cosas, pero lo que pasa es que hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Ellos asumen su responsabilidad. Y en los terrenos públicos nosotros estamos tratando de, antes que se instalen grupos, hacerles ver que tienen que salir. En muchos casos son terrenos que están listos para construir viviendas para otras familias, entonces se provocan conflictos de otro tipo. En ese sentido, no lo vamos a hacer y la toma no va a ser un camino principal para llegar a la casa, porque aquí hay comités que están funcionando hace 15, 20 años por lo tanto hay que darles la prioridad que deben tener.

-¿Le gusta cómo fue definido al derecho de vivienda digna por la Convención Constitucional?

-Es raro que no lo hubiéramos tenido antes, esto del derecho a la vivienda, la responsabilidad del Estado en que una propiedad tiene fines de bien común y bien individual. Esos son principios que tienen muchos países latinoamericanos y ni hablar de los europeos. Esto lo que hace es fijar prioridades, orientaciones, responsabilidades públicas y en ese sentido me parece un avance y, ojalá, debiera ser muy consensuado.

-¿Cómo entiende usted el concepto de vivienda digna?

-Tiene distintos acercamientos, pero se trata de una vivienda en que pueda vivir un grupo familiar y que tenga cierta dotación de equipamiento. Lo mismo su sector, que tenga equipamiento de servicios.

-¿Le gusta el borrador de nueva Constitución?

-Me parece un avance y, como todos, lo estoy leyendo y estudiando, y falta que termine todo el proceso para que sea un texto definitivo.

-¿Qué es lo que más le gusta?

-No me meta en esos temas porque tengo restricciones. Estamos tratando de no hacer declaraciones al respecto.

-Aparte de lo que dijo el Presidente sobre vivienda, ¿qué otras cosas le gustaron de la Cuenta Pública?

-A mí me pareció interesante y profundo lo que dijo respecto de seguridad. Creo que los parlamentarios de derecha no han leído bien. Cuando el Presidente dice que en materia de seguridad se va a optar por seguir la huella del dinero, está diciendo que va a ir por el destino de las ganancias que produce la venta de la droga, los que ganan. Se va a perseguir a las mafias que están explotando mujeres o armas. Por otro lado, dice que entre más se arma el país, más inseguros somos. Ha habido reacciones bastante poco serias, porque nadie pretende que los deportistas de tiro al blanco no sigan disparando al blanco. Pasa que eso no justifica esta libertad que hay ahora de acceso a las armas. Como en otros países, hay que organizar las armas para los juegos, para el tiro al blanco. También usted comprenderá que nadie pretende que las Fuerzas Armadas o Carabineros no tengan armas. Las van a tener. El problema es que hemos llegado a casi dos millones de armas, la mitad de las cuales es ilegal, lo que está generando una forma de convivir con armas en distintas realidades. Necesitamos dejar en claro que no es normal tener armas como forma de convivir. Hay que parar esto y reducirlo.

-¿Y de qué otra forma se puede combatir la inseguridad?

-Personalmente creo que hay que atacar el tema de las causas y poner mucho énfasis en fortalecer el tejido social, de tal manera que el combate a la delincuencia provenga de la misma organización social, tal como fue históricamente en nuestro país. Lo que pasa es que hay que revitalizar la organización social y el Estado no solo tiene que tratarlos como aliados para hacer políticas públicas, sino que como constructores de convivencia, de formación de los niños, de muchas cosas que se debilitaron en los últimos años. Respecto a otras formas adicionales, hay muchas, y eso el Estado lo sabe, como la inteligencia.

El ministro Montes explica que hay una serie de "traficantes de suelo" vendiendo terrenos ajenos a inmigrantes.

"La mayoría de los nuevos campamentos son principalmente de migrantes, fundamentalmente porque ellos tienen otra historia, otra cultura y hay gente vendiéndoles terrenos, mintiéndoles".

"Para los campamentos, sobre todos los más antiguos, tenemos unas estrategias de urbanización y de construcción (...) No sería raro que en estos años lleguemos a 26 o 27 mil soluciones para esas personas".

"Hemos llegado a casi dos millones de armas, la mitad de las cuales es ilegal, lo que está generando una forma de convivir con armas en distintas realidades. (...) No es normal tener armas como forma de convivir".