"Con esto se pierde el sentido social del programa de electrificación rural que ha sido fundamental por años para acortar la brecha entre las familias del campo y la ciudad. Subió casi 5 veces el copago, que por lo demás tuvo el mismo valor por décadas, entrando en vigencia reajustes que apuntan a que una familia debe tener $700 mil para contar por primera vez en su historia con luz eléctrica. Claramente, estas decisiones centralizadas son tomadas por personas que no tienen idea de la realidad del país, que piensan que todos tienen luz en sus casas y todo lo que eso significa. Enviamos ya un oficio como municipalidad y en mi calidad de presidente del capítulo provincial al Gobierno Regional para que tome cartas a la brevedad en este asunto", comentó Carrillo.

Esta problemática también afecta a las comunas de Purranque, Puyehue, San Pablo y Puerto Octay, donde en total más de 500 familias esperan acceder a electricidad en sus hogares, pero no cuentan con $700 mil para cofinanciar proyectos que por años han esperado.

Voluntad

El Programa de Electrificación Rural (PER) está orientado a viviendas en sectores fuera del perímetro urbano que no cuentan con conexión a la red o por sistemas de autogeneración. Para esto se desarrollan proyectos a través de los municipios, que deben contar con factibilidad técnica (RS), económica (copago) y social (familias en el rango del 60% más vulnerable en el Registro Social de Hogares). A través de ellos se busca la integración de los sectores rurales al desarrollo económico, frenar la migración campo-ciudad, aumentar la posibilidad de ingresos y mejorar la calidad de vida a través del acceso a la tecnología digital en base a la electricidad.

En ellos, el Estado cumple un rol subsidiario a través del financiamiento y elaboración de la iniciativa. Son ejecutados por la compañía eléctrica presente en cada zona (en este caso Saesa) y deben contar con un cofinanciamiento de los beneficiarios.

Mirta González, presidenta de la Unión Comunal Rural, llamó a las autoridades del nivel central a tomar medidas que permitan mantener el copago en la cifra que históricamente ha estado asociada.

"Es una locura tener que reunir $700 mil de un día para otro, fue un alza desproporcionada y que no guarda relación alguna con la realidad que viven las familias campesinas. ¿Cómo permiten que estos proyectos, que siempre han sido subsidiados por el Estado, queden a libre disposición de la empresa privada que usará cualquier posibilidad para su beneficio. Mejorar los estándares de seguridad debe ser a costo de la empresa que presta el servicio, no de los usuarios y menos para acceder a luz en zonas que nunca han tenido o es de muy mala calidad. Eso es una segregación social y abuso", manifestó la dirigenta.

La opinión es compartida por dirigentes vecinales de toda la provincia, muchos de ellos recién enterándose de esta medida.

La empresa eléctrica Saesa explicó mediante un correo electrónico que: "en julio de 2021 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) modificó el estándar y exigencias técnicas de la instalación interior domiciliaria. Hasta ese momento, y desde 1995, el copago solicitado por este ítem en electrificación rural era de $150.000. Dicho monto nunca fue reajustado, pero las nuevas exigencias y el alza de los materiales de construcción, representan un valor por vivienda -por parte de los contratistas- de $700 mil aproximadamente".

Agregó textual el escrito que "como empresa estamos disponibles para trabajar, junto al Gobierno Regional, municipios y comunidad, en la búsqueda de una solución a esta situación que impacta a nuestros vecinos de sectores rurales".

1995 hasta julio de 2021 El cofinanciamiento de cada beneficiario era de $150 mil, situación que ahora cambió pasando a un precio de $700 mil por vivienda.

12 de julio del año pasado entró en vigencia el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (decreto 8), de la SEC, el cual establece exigencias y estándares más elevados.

25 mil viviendas en todo el país no contaban con electricidad, según el mapa de vulnerabilidad energética desarrollado por el Ministerio de Energía en 2019. Desde entonces la cifra se ha incrementado.