Aumento en el copago de electrificación rural afecta a más de mil familias en la provincia
SERVICIO. Alcaldes y dirigentes denuncian que el valor que deben aportar por hogar pasó de $150 mil a $700 mil, lo que resulta inviable, dado que son proyectos para personas vulnerables en zonas donde llevan años esperando tener luz. En Saesa aseguran que entre 1995 y 2021 el copago nunca fue reajustado, pero las nuevas exigencias y costo de materiales suben el valor por vivienda.
Con sorpresa e incredulidad se encuentran los vecinos, dirigentes y alcaldes de la provincia, debido al alza en los precios del copago o aportes financieros que deben realizar las familias para acceder a energía eléctrica en zonas rurales a través de proyectos desarrollados por los municipios y financiados con presupuestos estatales aportados por el Gobierno Regional.
En julio del año pasado entró en vigencia la nueva normativa eléctrica que significó que el cofinanciamiento pasó de $150 mil a $700 mil por vivienda, es decir, un aumento de 466% en la cantidad de dinero que debe aportar cada beneficiario asociado a los proyectos de electrificación rural.
Esta situación afecta a más de mil familias en la provincia, pertenecientes al 60% más vulnerable, quienes por años han trabajado para tener electricidad en sus hogares y mejorar así su calidad de vida.
Esta alza se gatilla a causa de la entrada en vigencia el 12 de julio del año pasado del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (decreto 8), de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cual establece exigencias asociadas con el diseño, construcción, puesta en servicio, operaciones, reparación y mantenimiento de toda la instalación de consumo de energía eléctrica, incluida la conexión del cliente con la red de distribución.
Según los datos del mapa de vulnerabilidad energética, desarrollado por el Ministerio de Energía, hasta 2019 había cerca de 25 mil viviendas que no contaban con acceso a electricidad a nivel nacional, mientras más de 5 mil sólo tienen un acceso parcial (algunas horas al día). Esta cifra aumentó con la pandemia y el incremento de loteos irregulares en sectores rurales, donde la Región de Los Lagos presenta la mayor cantidad de familias sin energía eléctrica, seguida de las regiones de La Araucanía y Coquimbo.
Sorpresa
La realización de este tipo de iniciativas es de largo aliento, debido a complejidades técnicas, así como la obtención de permisos de paso para el emplazamiento de las líneas exteriores que muchas veces no están en fajas públicas, sino que en terrenos que requieren autorizaciones legales de sus dueños para su construcción y uso permanente.
Bernardo Candia, alcalde de San Juan de la Costa, explicó que estos proyectos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias en zonas rurales, a quienes por primera vez se les dotará de electricidad. Ello facilitará el acceso a la conectividad, así como la posibilidad de adquirir electrodomésticos que para las zonas urbanas son habituales, como un refrigerador, lavadora, computador, televisión, entre otros.
"El aumento en el copago es una locura y totalmente desproporcionado a la realidad social al que está enfocado. Hablamos de familias que cuentan con ingresos mínimos, muchos de ellos viven sólo de lo que producen en sus terrenos. Si ya reunir $150 mil era de mucho esfuerzo, ahora estamos hablando de un copago de $700 mil. Es una situación que esperamos se resuelva, para lo cual ya oficiamos al Gobierno Regional y el martes tenemos una reunión con la empresa Saesa, responsable de la ejecución de este servicio", indicó el jefe comunal.
Precisó que la cantidad de familias que requieren electricidad es variable, considerando que se van sumando familias a los sectores, a quienes deben ampliar la red existente, así como el aumento de cobertura.
"Con esta medida directamente son más de 100 familias las que están inmediatamente afectadas, porque el proyecto estaba para presentarse ahora, pero no con esos copagos tan elevados. Los municipios no tenemos recursos para poner $500 mil adicionales por cada vivienda", dijo Candia.
Efectivamente, los proyectos presentados o postulados hasta julio de 2021 están valorizados con el cofinanciamiento de $150 mil por vivienda, sin embargo, todos los tramitados con posterioridad a esa fecha requieren la adecuación tarifaria a $700 mil de aporte por beneficiario.
Sebastián Cruzat, alcalde de Río Negro, manifestó su preocupación por la situación que en su comuna involucra a más de 200 familias que llevan más de 10 años esperando tener acceso a electricidad en sus hogares.
"No se consideró la realidad rural cuando entró en vigencia el decreto, porque pensar que una familia puede reunir $700 mil de copago es una burla, considerando que han trabajado mucho para lograr reunir en su momento $150 mil. Es un retroceso, porque la gran mayoría de las familias de nuestros campos ha logrado mejorar su vida a través de estos proyectos que tienen un rol subsidiario del Estado, donde hablar de casi un millón de pesos en estos tiempos es aún más complicado. Es un desincentivo a la gente que sigue en nuestros campos. Oficiamos al Gobierno Regional esta problemática y nos sumamos como capítulo provincial también, porque urge una salida", comentó el jefe comunal.
Emeterio Carrillo, alcalde de Osorno y presidente del capítulo provincial, enfatizó que el efecto causado por el decreto va en contra de todas las políticas públicas que se han adoptado para apoyar y mejorar la calidad de vida del mundo campesino. En el caso de la comuna, de forma inmediata hay más de 150 familias rurales afectadas.