centros urbanos o con tiempo de viaje hacia ellos no mayor a los 30 minutos. Esto, considerando la necesidad de contar con acceso a zonas de estudio, trabajo, salud y abastecimiento que no se encuentran en áreas rurales.

Los datos nacionales están directamente relacionados con la experiencia local, donde las distintas miradas de una misma realidad quedan de manifiesto a través del relato de dos propietarios de parcelas de agrado, dirigentes vecinales de localidades rurales y representantes del mundo agrícola de la zona.

Un sueño cumplido

Paula Arias junto a su marido Marcelo compraron hace poco más de un año un terreno donde comenzaron a construir lo que definen como la vivienda de sus sueños. "La verdad, tenemos dos niños pequeños y siempre pensamos que la vida de campo era mucho más sana y segura. Además, comprar la parcela y construir una casa es mucho más barato y de calidad que comprar una casa en la zona urbana. La verdad es como el sueño del campo, pero con las comodidades de la ciudad. Sabemos que es bien cuestionado este tema, pero la verdad puedo hablar por nosotros, no tenemos ninguna intención de pasar a llevar a nadie y sabemos que hay temas que irán más lento, pero para qué estamos con cosas, si estos terrenos no los habitamos, hace rato que tampoco eran usados para trabajos agrícolas. Al menos en nuestro caso no había rastro alguno de plantaciones o de animales. Era sólo un terreno más en el paisaje sureño", dijo Paula Arias respecto a su propiedad emplazada en los alrededores de la ruta 215, en la comuna de Osorno.

Carlos Shonherr es propietario de una parcela de agrado hace más de 5 años, donde según explicó, ha logrado cimentar una vida familiar más tranquila y sin la presión propia de grandes urbes. "Cuando hablamos de suelo rural, creo que se confunde con suelo agrícola, porque entiendo que ese tipo de campos productivos están protegidos. Lo que sí es verdad que actualmente existe mucha venta de loteos inferiores a 5 mil metros cuadrados, donde la gente tiene derechos de uso, pero no son propietarios y es ahí donde quizás falta una mayor fiscalización de parte del Estado, porque también son un problema para quienes somos propietarios", indicó Shonherr.

Esto, debido a que efectivamente fuera de los límites urbanos, donde está vigente y regulado el plan regulador comunal, no se puede adquirir un terreno menor a 5 mil metros cuadrados, de lo contrario sólo se está comprando los derechos de uso de ese loteo.

Ello está relacionado con el Decreto Ley N° 3.516 promulgado en 1980, que establece la normativa sobre la subdivisión de suelos rurales, que tuvo como objetivo permitir la división de los terrenos aptos para agricultura, ganadería y forestal en una superficie más pequeña (mínima de 0,5 hectáreas) y con la prohibición de cambiar su destino productivo. Salvo en casos como viviendas sociales o turismo, que son llamadas "parcelas de agrado".

En ese mismo decreto se establece que la vivienda principal de parcela debe tener como máximo una amplitud de 500 metros cuadrados; y como los terrenos tienen la denominación agrícola, deben realizar las tramitaciones en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que verifica que se cumpla la normativa legal y que cuenten con accesos de entrada y salida hacia un camino o faja pública.

Además, los propietarios deben inscribir las propiedades en el conservador de Bienes Raíces y contar con permisos de edificación municipal.

En el caso de los derechos de uso, están asociados a terrenos menores donde efectivamente se generan construcciones habitacionales. El propietario subdivide, ya sea entre familiares o compradores, el derecho de habitar en un espacio determinado, pero el dueño sigue siendo sólo uno y el resto forma parte de la comunidad conjunta. En este punto no es posible lograr los permisos de edificación ni las autorizaciones del SAG, ya que es un poblamiento irregular y fuera de la normativa legal. Ello les impide lograr, entre otras cosas, créditos bancarios o programas de inversión pública.

La realidad rural

Si bien ambas figuras en la teoría tienen grandes diferencias legales, en la práctica generan los mismos efectos en las zonas donde están emplazados, forzando la pérdida de suelo agrícola productivo, así como la pérdida de bosque nativo, destrucción de humedales, fragmentación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, entre otras consecuencias medioambientales negativas.

Y también provoca una crisis social que no se identificaba en zonas rurales, donde la principal mirada es la unidad y apoyo entre vecinos para generar un orden al momento de avanzar en adelantos, como los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) por ejemplo, que se formaron mediante comités vecinales que consideraban al número de familias y viviendas para elaborar la capacidad técnica de sus proyectos de abastecimiento del vital elemento.

Estela González, dirigenta del sector Agua Buena, en la ruta 215, explicó que el primer problema que comenzaron a resentir con la explosiva llegada de familias desde las zonas urbanas fue el colapso del APR.

"En terrenos donde antes había entre 8 y 10 familias, ahora fácilmente encontramos 30 a 40. Todos quieren tener acceso al mismo sistema de agua potable, pero no están dispuestos a adecuarse a la forma de uso o no se suman a los proyectos para ampliar la cobertura de los mismos. En los últimos 5 años hemos visto una explosión de residentes en el mundo rural, pero con costumbres y ritmos propios de las ciudades, lo que está destruyendo la vida campesina", manifestó la dirigenta.

Explicó que existen dos tipos de familias: las que llegan a loteos irregulares donde los dueños originales fallecieron y los herederos optaron por subdividir entre hijos y nietos o a través de la venta de derechos. En esos terrenos se construyen viviendas de distintas características, pasando de 10 a 25 viviendas. A ellos se suman las parcelas de agrado, muchas de las cuales conforman condominios cerrados que excluyen al entorno, con los problemas que esto significa.

"Los caminos rurales también terminan deteriorados, porque no son familias que hagan labores agrícolas, sino que viven en el campo, tienen vehículos grandes y circulan a altas velocidades. Al punto que debemos solicitar lomos de toro para que nuestros vecinos estén más seguros. Muchos de ellos actúan como que somos sus inquilinos o ignorantes, imponiendo temas como los muros o cercos de sus propiedades. Reclaman por los terrenos sin edificar a sus lados, siendo que en ellos las familias tienen cultivos o animales. Es un problema que no hay a quién pedirle que fiscalice. Genera un crecimiento de la comuna sin orden y con una evidente segregación hacia los que aparentemente tenemos menos recursos o educación", explicó González.

La presidenta de la Unión Comunal Rural, Mirta González, explicó que la sobrecarga para las zonas rurales es a todo nivel, partiendo por los APR, que están sobrepasados en más de 200 hogares en relación a su diseño original, así como la generación de basura.

"La gente viene a vivir al campo, pero no están dispuestos a sumarse a las comunidades existentes, sino que las van aislando y sin ninguna empatía. En el campo es fundamental que las comunidades se entreguen apoyo mutuo, unos con otros, pero esa solidaridad se ha perdido, pues ya no sabemos quiénes son nuestros vecinos. No tienen empatía al consultar sobre temas tan simples como levantar un muro o el manejo de la basura. No respetan los días que pasa el camión y simplemente sacan todo hacia los contenedores comunes, que son para depositar basura domiciliaria y no escombros, como pasa ahora. No todas las familias son iguales, pero un gran número de ellas no tiene esa mirada de respeto al otro y lleva al campo el individualismo de las grandes ciudades", expresó la dirigenta.