La comunidad nacional ha puesto objeciones al desarrollo de las centrales termoeléctricas a carbón por ser contaminantes. Por ello se realizó un programa para el cierre paulatino de esas termoeléctricas, y si bien las autoridades se han dado plazo hasta 2040 para el cierre de las plantas a carbón, se siguen buscando opciones para ir hacia una matriz más renovable, económica y amigable.

Se señala con frecuencia que las Energías Renovables No Convencionales (Ernc) son las del futuro y Chile no está ajeno a esta tendencia. Los gobiernos las han estimulado en las últimas décadas, pues se ve en ellas la solución limpia al abastecimiento. Se prevé que las Ernc que más prosperarán en Chile serán la solar y la eólica, tecnologías que se generan en la medida que dispongan del recurso renovable: sol y viento. Asimismo, está la generación de hidrógeno verde, que podría ser exportable. También se requerirá de las plantas convencionales de respaldo, para llenar con rapidez los espacios cuando el recurso renovable esté ausente.

En lo que va del año, la generación a partir de las Ernc representa un 35% de la producción total, mientras que en 2021 el indicador a esta fecha llegaba al 26%. La principal razón es la fuerte entrada de nuevos proyectos a funcionamiento, solares y eólicos.

Desde hace años se trabaja para que las Ernc alcancen una mayor participación en la matriz eléctrica nacional. El requerimiento de energía va en constante crecimiento y las distintas fuentes deberán hacerse cargo de entregar la electricidad que dejarán de producir las plantas termoeléctricas a carbón.

La situación energética nacional ha estado complicada por una prolongada sequía que durante más de una década ha afectado a gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona centro sur, donde se encuentran las hidroeléctricas. No es un problema nuevo: la crisis hídrica se viene acumulando desde hace tiempo. También está la fuerte oposición que han recibido algunos proyectos importantes, cuyas inversiones están detenidas.

El sector energético ha planeado sus estrategias y hojas de ruta, acelerando una transición hacia una matriz más eficiente, económica y limpia, capaz de sostener el desarrollo del país y, a la vez, reducir su impacto sobre su entorno y el clima.

Lamentablemente, la delincuencia ha ganado terreno en los últimos años en Chile. Pasa en el campo y las zonas urbanas. En los pueblos y las grandes ciudades. Parece que, en este país, los malos ganan. Y como no encuentran una señal de aplicación de la ley lo suficientemente fuerte, se atreven a ir por más.

Cada vez que se detecta un problema de seguridad en alguna zona del país, el problema se trata de resolver "aumentando la dotación". Pero si se les instala sin respaldo ni autoridad, no se va a provocar ningún efecto contra la delincuencia. Este no es un problema de número de policías, sino de facultades y atribuciones.

Y usted, estimado lector, se preguntará con razón, ¿por qué llegamos a este escenario?. La respuesta es triste, pero real: hoy, nuestros Carabineros no cuentan con el respaldo, el reconocimiento a su función y las herramientas necesarias para enfrentar al fenómeno complejo de la delincuencia, que día a día avanza.

Como todo lo relacionado con el hampa, son múltiples los factores. ¿Hay responsabilidades propias de la institución? Sin duda. Pero, los casos aislados de errores no pueden eclipsar el trabajo duro y constante de los miles de funcionarios que, a diario, con vocación y valentía, arriesgan sus vidas para dar seguridad a los chilenos.

El mayor daño al trabajo y credibilidad de Carabineros se lo han hecho muchos políticos y Gobiernos, que sucesivamente han ido minando la autoridad de la que hace solo algunos años, era la institución más querida y respetada por los chilenos.

Lo que les digo hoy es muy peligroso. Si el país no empodera a los encargados de la aplicación de la ley, está perdido, porque se genera un incentivo para el crecimiento de la delincuencia. En el estado actual de las cosas en Chile, si un Carabinero, como parte de un procedimiento contra personas que cometen ilegalidades, hace uso de las facultades que se le otorga por su carácter, los políticos de turno le condenan públicamente. Y ese funcionario muchas veces, antes de una investigación o juicio, termina expulsado de la institución. Eso ha ido provocando desánimo en los funcionarios, que no sienten el respaldo de la autoridad para realizar su labor.

Para terminar alguna vez con el flagelo de la delincuencia, la policía debe poder actuar. Y cuando lo haga, no puede hacerlo para perder frente a los "malos".

Christian Arntz MacEvoy, director ejecutivo de la