Tal como indica el documento: "en consecuencia, podemos ver que estamos ante un acto arbitrario de la autoridad, pues niega el acceso a la educación de las comunidades en un Plan Regular de EPJA en sedes (sociales, vecinales, etcétera), sin esgrimir fundamentos, además de caer en notorias contradicciones con la aplicación de la ley en otras zonas del país. Un acto arbitrario, pues, como se ha expresado, existe una interpretación antojadiza de la norma, la que llega a contradecir lo decretado por el nivel central (… ) sino que además no respeta lo establecido en la ley general de educación, como la ley de procedimientos administrativos. Por lo cual no nos queda más que entender que existe una vulneración grave de la igualdad ante la ley (artículo 19 n° 2 de nuestra carta fundamental) por parte de la Seremi de Educación y del Ministerio de Educación si así correspondiere".

Vecinos

Margarita Carrillo, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Octay, explicó que una de las razones por las cuales tantas personas están inscritas para concluir su escolaridad, es justamente por que las clases se dictan en sedes sociales, que están cerca de sus domicilios.

"La verdad es inexplicable, porque cuando presentamos el año pasado el proyecto en la administración anterior lo encontraron muy bueno, ya que no se habían desarrollado iniciativas que acerquen tanto la nivelación de estudios a los territorios donde viven los potenciales alumnos y días antes de terminar el gobierno lo dejaron rechazado. Hablamos con las autoridades de Educación actuales y lo que partió como un entendimiento terminó en resoluciones que cambian las condiciones del programa. En el fondo, quieren que presentemos todo el programa nuevamente, el cual ya estaba validado, y que se realicen las clases en escuelas rurales, no en sedes sociales", indicó la dirigenta.

Agregó que muchas personas viven en sectores rurales donde justamente no finalizaron sus estudios básicos o medios porque las escuelas más cercanas quedan a kilómetros de distancia, lo que en invierno se transforma en una dificultad imposible de superar.

"En otras regiones se realizan las clases en iglesias, sedes sociales, deportivas y acá pueden haber condiciones que no están consideradas. Es muy raro, porque además otra entidad anda desesperada ofreciendo clases para adultos también en sedes sociales. Entonces, es inevitable pensar que pueden existir intereses creados para apoyar a una entidad y no a otra, lo cual es grave, porque se estaría pensando en quienes dictan las clases y no en los alumnos", explicó Carrillo.

Rosalía Álvarez, dirigenta de las Vegas Altas de Rupanco (Puyehue), a sus 62 años también espera completar la educación media que tiene pendiente desde 1972, cuando terminó octavo básico en su Quilpué natal para emigrar al sur.

"Esta idea de realizar la nivelación en sedes sociales es maravillosa, porque en mi caso para llegar a la escuela más cercana tengo que andar dos horas a caballo para llegar al muelle, luego viajar en bote una hora más y después tomar una micro. En cambio para llegar a la sede más cercana, que es en el sector El Poncho (Puerto Octay), sólo ando a caballo y bote, lo que es mucho menos. Concentrar la nivelación de estudios en escuelas es una locura, porque es justamente eso lo que impide que muchas personas estudien. Esperamos que la justicia nos otorgue la razón y no nos corten las alas, tal como está haciendo la Seremi de Educación", enfatizó.

Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Osorno, espera que el programa se ajuste a la realidad de las familias y no al revés: "estamos hablando de personas, incluidos muchos jóvenes, que no han podido concluir sus estudios porque no tienen cómo acceder a las escuelas más cercanas o porque deben trabajar. Que ahora las autoridades de educación pongan las mismas trabas por burocracia o desconocimiento territorial, es imperdonable, más aún si rechazan un proyecto que fue desarrollado conjuntamente con dirigentes de cada sector para impulsar uno que deberá partir de cero y sin apoyo de las bases sociales".

En la seremi de Educación declinaron referirse al tema, ya que aún no han sido notificados por el tribunal.

700 personas están inscritas en el programa de nivelación de estudios básico y medio, desarrollado a través de un proyecto impulsado por dirigentes vecinales de la provincia.

61 sedes sociales de las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, Puyehue, Puerto Octay, además de Frutillar, aparecen como salas para impartir clases a los mayores de 18 años.

14 dirigentes vecinales de cuatro comunas de la provincia presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, que lo declaró admisible el pasado 29 de abril.