Verónica Salgado

La Corte de Apelaciones de Valdivia admitió a tramitación un recurso de protección interpuesto por 14 dirigentes vecinales, por lo que ellos consideran un quebrantamiento a los derechos de educación, libertad de enseñanza y principio de igualdad ante la ley de más de 700 vecinos de zonas rurales de la provincia por parte de la Seremi de Educación de Los Lagos.

La acción judicial de resguardo a las garantías otorgadas por la Constitución, fue presentada el 29 de abril a raíz del rechazo ejercido por el estamento público al proyecto para realizar la nivelación de estudios básicos y medios para mayores de 18 años, debido a que no se aprobaron como salas de clases las sedes sociales emplazadas en 4 comunas de la provincia. A eso se suman otros cambios arbitrarios de condiciones administrativas asociadas al programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación (Mineduc).

Margarita Carrillo, presidenta de la Unión Comunal de juntas de vecinos de Puerto Octay, y miembro de la agrupación social creada con los dirigentes del resto de las comunas afectadas, comentó que la decisión de presentar el recurso de protección busca que la justicia se pronuncie sobre la pertinencia de realizar clases de nivelación en sedes sociales, así como el resto de cambios generados al programa.

"Resulta un contrasentido que sea el propio Mineduc quien ponga trabas para que más de 700 personas adultas, la mayoría de sectores rurales y apartados, puedan terminar su escolaridad. Un proyecto de nace desde los dirigentes con el apoyo de una entidad especializada que tiene experiencia de más de 15 años y replica un programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas que se ejecuta en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins con clases en sedes sociales, deportivas, iglesias, entre otros recintos. Y eso ¿por qué no se puede hacer en nuestra provincia?", indicó la dirigenta.

Fue en octubre del año pasado cuando una organización asociada al programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) del Mineduc aceptó la propuesta vecinal para realizar el programa de nivelación de estudios básicos y medios orientados a personas con escolaridad incompleta de zonas rurales de la provincia. Es así como se inscribieron más de 700 personas de las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, Puyehue y Puerto Octay, además de un grupo de Frutillar, en la provincia de Llanquihue, quienes tendrán clases en durante 2 horas diarias en 61 sedes sociales de la provincia.

Acción judicial

El recurso de protección (información pública disponible en la página web del Poder Judicial) argumenta que la Seremi de Educación de Los Lagos habría negado sin fundamento jurídico, técnico ni pedagógico la admisibilidad del proyecto provincial, el cual es similar en forma y fondo al desarrollado por más de 30 años en otras regiones, los cuales están basados en decretos del propio Mineduc.

El documento precisa textual que "la declaración de inadmisibilidad es una resolución que claramente manifiesta un acto ilegal y arbitrario, que conlleva una desigualdad ante la ley, pues ¿cómo es posible que regiones con grandes zonas urbanas y mayor accesibilidad, sí puedan ejercer estos programas, los cuales se entregan directamente en las comunidades, facilitan que éstas no se desplacen; y en las zonas con mayor ruralidad, como con mayor número de personas que no han terminado su escolaridad, el Estado, representado por la Seremi de Educación, se niegue sin establecer ningún criterio jurídico para fundamentarlo", se lee en el escrito.

Precisa que durante el proceso, la Seremi de Educación eventualmente habría incurrido en la vulneración de los principios de otras normativas de legalidad, de procedimientos administrativos, de celeridad, economía, de formalidad, de imparcialidad, entre otros.