El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La norma modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optar por alternativas como realizar donaciones o subcontratar personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan su plena integración.

Lo que ha pretendido esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad, y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos. Ha habido avances, pero aún falta mucho.

Es posible ver cómo algunos municipios se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones que aún no los tienen.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

En julio de 2021 se inició el trabajo de la Convención Constitucional con altas expectativas y participación ciudadana para generar un cambio constitucional por convencionales constituyentes, con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios. Proceso validado en las urnas por elecciones que fueron impecables y muestran la seriedad y fortaleza de nuestro sistema electoral.

Luego de 10 meses de trabajo las expectativas han variado, distintas encuestas de opinión muestran un desencanto y valoración distinta al trabajo de la Convención Constitucional, las que apuntan a desinformación, un mal manejo comunicacional y una arremetida en medios de comunicación masivos y redes sociales con alusiones negativas o derechamente falsas, lo que no ha permitido valorar los avances de propuestas ya aprobadas.

Las propuestas de artículos que se han ratificado por el pleno al 30 de abril son 316 artículos en distintas áreas, quizás los más relevantes tiene que ver con los principios constituciones que afectan trasversalmente distintas materias, entre ellos: Chile un estado social y democrático de derechos; la soberanía reside en el pueblo; la democracia es inclusiva y paritaria; el reconocimiento de la familia en sus diversas formas; la responsabilidad ambiental; el Estado es intercultural; el Estado laico; la supremacía constitucional y legal, entre otros. Muchos de estos principios implican un gran avance para construir un mejor país e implicarían un cambio radical en la convivencia nacional.

Aun así, es pronto para evaluar una propuesta que está en su recta final. No debemos olvidar que surge para resolver una crisis política social, donde la ciudadanía de manera contundente decidió cambiar el modelo de desarrollo del país y eligió una Convención Constitucional que apuesta a nuevas formas de convivencia para dar respuesta a las expectativas ciudadanas, que requieren de acuerdos y alianzas para la propuesta final que será sancionada por elección popular y voto obligatorio.

El proceso constituyente nos ha permitido como país la oportunidad de reflexionar la sociedad que queremos y cómo deseamos proyectarlo en el tiempo, a lo que han estado abocados los convencionales y variadas organizaciones que han apoyado su labor, fortaleciendo las propuestas de una nueva Constitución que nos permita poner en el debate el país que queremos.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos