Altas expectativas existían desde hace algunas semanas frente a la inminente reformulación del plan Paso a Paso, especialmente con cambios relacionados al uso de mascarillas, aforos y la posibilidad de que se definieran nuevas fases según el avance del covid. El jueves pasado los cambios se concretaron y la base esgrimida por el Gobierno de Gabriel Boric para esta nueva forma de manejo de la pandemia se relaciona con las diferencias que vive el país respecto de hace dos años, cuando se iniciaron las medidas de prevención. Un escenario distinto en que donde la alta cobertura de vacunación, que supera el 90%, ha sido clave en la disminución de la posibilidad de enfermar gravemente o, incluso, de fallecer por coronavirus.

Las autoridades han señalado que, junto a la inoculación, la adopción por parte de la ciudadanía de las medidas básicas de prevención, como las mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol gel, etcétera, han permitido que se pueda reformar el Paso a Paso.

La reformulación del plan contempla tres fases: Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario. A éstas se suman dos escenarios, siendo el más grave Restricción y el más favorable Apertura. Las nuevas etapas del plan "Seguimos Cuidándonos Paso a Paso" se han determinado sobre la base de criterios sanitarios y de prevención, como circulación comunitaria del virus e impacto en redes asistenciales, así como la posibilidad de enfermedad grave o fallecimiento de las personas contagiadas.

Sin embargo, la medida que más ha llamado la atención es la flexibilización del uso de las mascarillas al aire libre, elemento que sigue siendo obligatorio en los espacios cerrados, así como también las zonas abiertas donde haya aglomeración de personas. Si bien el riesgo de una mala práctica respecto de esta última medida es alto y se mantendrá una fiscalización permanente por parte de los organismos correspondientes, al menos en una primera etapa, es importante no dejar de lado el rol de la comunidad ante posibles incumplimientos.

Una ciudadanía activa, que ayude a mantener los límites de la flexibilización de medidas, puede ser tanto o más eficiente que las propias autoridades, y sobre todo reflejará que el aprendizaje de los dos últimos años no fue en vano.

Cuando se reclama un trato preferente, frente a la fragmentación y la competencia, que tanto daño ha hecho al sistema educativo chileno, es evidente que son los actores de la educación pública quienes se han visto profundamente afectados en cobertura y calidad; en cambio, son los privadas quienes exhiben hegemonía de matrícula en todos sus niveles.

Las universidades públicas son referentes en cuanto a valores como libertad académica, pluralismo, diversidad, tolerancia, democracia, equidad e inclusión, aspectos que las privadas no pueden asegurar porque abrazan algún credo religioso, ideológico o están ligadas a algún grupo económico. En síntesis, no satisfacen intereses generales de la sociedad.

Cuando las Ues de la Red G9, compuesta por seis universidades católicas, Concepción, Austral y Federico Santa María, piden un trato igualitario con las universidades públicas producto de los planteamientos del actual gobierno en torno a fortalecer al sector público universitario, no desconoce el aporte a la tradición universitaria chilena de instituciones diversas, pero sí, releva el rol público de las estatales, que las constituye en un referente social y una voz respecto de la educación que el país necesita, y como sus instituciones a lo largo del país procuran avanzar en mayor calidad y ajustar su oferta aportando decididamente al desarrollo regional.

Hoy las Ues privadas tradicionales exigen un trato igualitario que las públicas no han tenido, por ello no debemos relativizar el concepto de lo público. Las diferencias son claras, lo público por definición no es privado ni es una opción, las Ues del Estado son las Ues públicas.

Chile requiere impulsar una nueva forma de desarrollo para la educación terciaria, con una estrecha relación del Estado y las autoridades públicas con sus universidades.

La colaboración es condición para garantizar una sociedad cohesionada, y es la educación pública la que debe fortalecerse, luego de ser desmantelada por décadas por un modelo individualista y mercantilista, que no hizo más que dañar la cohesión de la sociedad chilena, la que requiere ser restaurada para ser agentes de cambio y transformación social. Las universidades públicas merecen el trato que le es propio por ser parte del Estado chileno.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos