Debatir sobre los problemas de seguridad en La Araucanía, a raíz de los constantes hechos de violencia adjudicados por organizaciones mapuches, fue el objetivo de la "Cumbre por la Paz", convocada por el gobernador regional Luciano Rivas.

En la actividad participaron 28 de los 32 alcaldes de la zona; consejeros regionales; el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; y el delegado presidencial Raúl Allard, en representación del presidente Gabriel Boric, quien se excusó de asistir.

"Este un trabajo que hacemos desde la transversalidad. Aquí no importan los colores políticos, esto no es algo en contra del gobierno. Todo lo contrario, las propuestas que salgan van a ser consensuadas por los diferentes actores", dijo el gobernador Rivas.

La autoridad aseguró que la región enfrenta una "crisis humanitaria" y que "si no solucionamos esta crisis corremos el riesgo de perderlo todo, no habrá más democracia".

El ex ministro Alfredo Moreno manifestó que "la única manera de salir adelante es trabajar unidos, no hay aquí algo de oposición o de gobierno, de izquierda o de derecha, aquí tenemos un problema y casi podríamos llamar un drama humano enorme que tenemos que detener".

El delegado presidencial, Raúl Allard, valoró el encuentro, aunque lamentó que no participaran "otros actores del mundo social, del mundo mapuche". "Lo importante es participar, escucharnos y concordar posiciones", afirmó.

Casi en paralelo a la cumbre, un nuevo hecho de violencia se registró en la comuna de Renaico, región de La Araucanía. Tres trabajadores forestales fueron atacados con palos y piedras por desconocidos, presumiblemente comuneros mapuche, en una faena ubicada en la ruta 170, que une las localidades de Tijeral y Villa Mininco. Según la denuncia, los sujetos dañaron un camión y una camioneta, además de provocar lesiones leves a los trabajadores.

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó la devolución y destrucción de 1.300 dosis del medicamento anti covid-19 Interferón, producido experimentalmente producto de un convenio entre la Universidad de Concepción y la Asociación Chilena de Farmacias Populares. De acuerdo al ISP, el fármaco representa "un peligro para la salud de la población".

Las unidades estaban almacenadas en la Municipalidad de Recoleta, cuyo alcalde, Daniel Jadue, preside dicha agrupación que reúne a municipios con farmacias populares. La Universidad de Concepción informó en la tarde de ayer que las dosis fueron recibidas y destruidas según los protocolos del ISP. La resolución del organismo fue emitida días después de que un informe de la Contraloría detectara serias irregularidades en la asociación de farmacias.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya cierra hoy la fase de alegatos orales en el proceso abierto por Chile contra Bolivia por la disputa sobre las aguas del río Silala.

Los representantes del equipo jurídico nacional expondrán la réplica al alegato presentado este miércoles por los abogados que representan al país altiplánico, quienes reiteraron sus argumentos en orden a que Chile realizó canalizaciones en territorio boliviano para potenciar el flujo de las aguas hacia nuestro país.

En su exposición de ayer, el agente de Bolivia, Roberto Calzadilla, solicitó a la corte que reconozca el derecho que tiene su país sobre los canales del Silala que están en su territorio, construidos en 1908 por la empresa ferroviaria The Antofagasta & Bolivia Railway.

Junto con ello, el representante pidió que se declare el derecho de Bolivia a decidir soberanamente cuándo y cómo efectuar tareas de mantención a dichos canales.

Calzadilla también solicitó al tribunal internacional que reconozca la soberanía de Bolivia sobre el "flujo artificial" de las aguas en su territorio, y que adicionalmente establezca que "Chile no posee derechos adquiridos" sobre el afluente.

El agente agregó que cualquier requerimiento chileno sobre las aguas del río Silala debe estar sujeto a un acuerdo con Bolivia.

El lunes, la agente chilena Ximena Fuentes solicitó a la corte que declare al río Silala como un "curso de agua internacional" y que "Chile tiene derecho a utilización equitativa y razonable" de sus aguas, en conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

En su argumentación, Fuentes planteó que "Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que pudieran tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos, intercambiar datos e información y de llevar a cabo cuando proceda una evaluación del impacto ambiental con el fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos".

Redacción

Un duro cuestionamiento contra la ministra del Interior, Izkia Siches, realizó el exministro de Salud Enrique Paris.

En una entrevista con radio Pauta, la ex autoridad recordó las críticas constantes que recibió el gobierno de parte del Colegio Médico por el manejo de la pandemia, cuando la jefa de gabinete encabezaba dicho gremio.

"La forma en que ellos atacaron y algunos siguen atacando, pero mucho menos obviamente… No tienen cara, se les ha devuelto en contra", dijo Paris en alusión a los problemas que ha tenido el Ejecutivo en su instalación, en especial Siches.

La secretaria de Estado ha sufrido varios traspiés durante el primer mes de la nueva administración, siendo el último de ellos la falsa denuncia sobre un supuesto vuelo con migrantes expulsados que luego habría regresado a Chile con todos sus ocupantes.

En este punto el ex ministro fue implacable con Izkia Siches. "Los errores que ha cometido son terriblemente mayores que los que nos achacaban a nosotros. Los errores comunicacionales, de lenguaje, de postura, la forma en cómo se expresa revelan una falta de preocupación, de tino, una falta de cultura incluso, que realmente es abismante", expresó.

Durante los dos primeros años de la pandemia, hasta que se unió al comando del entonces candidato Gabriel Boric, Siches ejerció como presidenta del Colegio Médico, entidad que puso en duda la efectividad de las medidas aplicadas por el gobierno de Sebastián Piñera para contener la crisis sanitaria.

En una de sus intervenciones más recordadas, en marzo de 2021, la entonces dirigenta gremial emitió duros cuestionamientos contra las políticas sanitarias oficiales, asegurando que eran diseñadas por "ingenieros que se las dan de epidemiólogos", además de referirse a las autoridades como "los infelices del gobierno".

Siches interviene

Ayer por la tarde Siches intervino en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, convocada para explicar lo ocurrido con su falsa denuncia, de la cual se había disculpado.

"Los hechos se refieren a la fallida expulsión de 53 ciudadanos venezolanos el pasado 3 de marzo durante la administración anterior, el vuelo en que ellos saldrían finalmente solo salió con ciudadanos colombianos con destino a Bogotá por una solicitud de reprogramación de las autoridades de Venezuela. Como es de conocimiento público la información expresada en la comisión, fue transmitida desde el Servicio Nacional de Migraciones a los equipos de este ministerio en el marco de las reuniones de traspaso, todos los detalles en relación a ella hoy son materia de una investigación sumaria por parte del servicio", dijo.

"He instruido a realizar los ajustes y reforzamientos que sean necesarios en todos los espacios de gobierno para responder de mejor manera las formas y necesidades de las personas", agregó.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) anunció un aumento en el avalúo del oro de 18 kilates para quienes acceden a este tipo de préstamos mediante la entrega de objetos "en prenda". Según informó la institución, también conocida como "Tía Rica", la valorización de este metal pasó de $14.000 a $17.000.

El director de la Dicrep, Andoni Elorrieta, aseguró que el aumento "representa un esfuerzo histórico, que nunca había sido otorgado por la Tía Rica para sus usuarios y estamos seguros de que significará una importante ayuda en estos tiempos de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país". La entidad explicó que se mantendrán los montos máximos de los créditos en $500.000 para el rubro de alhajas y $200.000 para objetos varios, con un máximo del 60% del avalúo.