En el último trimestre de 2021 las empresas de telecomunicaciones iniciaron más de 470 acciones judiciales por corte y robo de cables de cobre, cortes de fibra óptica, y robo de baterías, según datos de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones.

El alto precio del metal ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables o compran cables robados, y falsifican los documentos para su exportación. "Estos robos y el vandalismo interrumpen los servicios de telecomunicaciones y de electricidad, dejan incomunicados a miles de hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos, de salud, bancos, entre otros. Generan un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas, y el funcionamiento de la economía y la sociedad", ha señalado Alfie Ulloa, presidente de esa entidad gremial. El robo de cables de cobre de infraestructuras de telecomunicaciones y de distribución de electricidad es un delito que afecta a muchas ciudades y zonas rurales del país, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y conectividad, en este período de pandemia.

Las compañías indican que en cada ocasión en que se presentan estos ilícitos deben desplegar personal técnico para reparar de forma acelerada los daños producidos en las redes de telecomunicaciones y restablecer el servicio a los abonados. Pero no es fácil hacerlo, porque las reparaciones dependen de la magnitud del robo, de su ubicación, y tipo de cable afectado. En ocasiones, se han visto dañadas las redes de fibra óptica, lo que requiere complejos procesos de reparación, que pueden extenderse por varios días, perjudicando la conectividad de la red de alta velocidad y al mismo tiempo a hogares, servicios de emergencia, centros de salud, sistemas de pago, entre otros. Y lo peor de todo es que se perjudica gravemente la conectividad de quienes trabajan o estudian a distancia.

Durante el año 2021, la construcción recuperó lo perdido en 2020 a causa de las restricciones impuestas para enfrentar la pandemia, de acuerdo con el informe Macroeconomía y Construcción (MACh), elaborado periódicamente por la Cámara Chilena de la Construcción.

Si bien un elemento clave para este desempeño fue la baja base de comparación que representa el año antepasado, los positivos números de 2021 se explican también por el alto nivel de cumplimiento del plan de reactivación, que estimuló el desarrollo de obras de infraestructura pública.

Asimismo, hubo un positivo ciclo de ventas inmobiliarias, que comenzó a revertirse a fines de 2021 por el aumento de la inflación y la TPM. Esto llevó a que se elevaran las tasas de interés de los créditos hipotecarios, respecto de los cuales también disminuyeron los plazos y se endurecieron las condiciones para su aprobación. Otro aspecto negativo para la industria en 2021 fue el constante y severo aumento del precio de los materiales de construcción.

Para este año, el efecto base de comparación juega en contra, a lo que se sumaría una importante caída de la inversión en infraestructura privada, por el alto nivel de incertidumbre política y económica existente. Otros factores de riesgo serían la evolución del déficit fiscal, el comportamiento del precio de los materiales de construcción y una inflación que podría provocar nuevas alzas de las tasas de interés, lo que impacta directamente el acceso a crédito y las inversiones, así como una eventual eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras, que presionaría al alza el déficit habitacional.

Como gremio, hacemos un llamado a la empresa privada a seguir impulsando con fuerza el desarrollo social y económico del país, ya que estamos ante un escenario complejo, que incluye una pandemia que no cede, importantes desbalances económicos, urgentes necesidades que satisfacer y altas expectativas que cumplir. Pero lo podemos afrontar con éxito si construimos acuerdos y el sector privado, el público, la sociedad civil y las comunidades trabajamos juntos por un Chile mejor.

Los privados deben invertir y estar comprometidos con la sostenibilidad, aunque para ello se necesita de un gobierno convocante, una Constitución equilibrada y un mundo político jugado por la paz y el Estado de Derecho.

Andrés Angulo, presidente CChC Osorno