El déficit hídrico por el que cruza el país mantiene las alertas encendidas en diferentes ciudades, particularmente hoy en el Gran Santiago, por el peligro del racionamiento, pero también en numerosas zonas rurales de las comunas de la región, que hace muchos años ya perdieron la posibilidad de surtirse regularmente de agua desde las napas subterráneas, necesitando del paso de camiones aljibes de los municipios.

Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población, el crecimiento y tiene impacto positivo en la vida de las personas, al incidir en cuestiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente.

Sin embargo, Chile enfrenta ya al menos 13 años consecutivos de sequía. En los últimos años, Chile perdió en promedio el 20% del agua de sus embalses y, paralelamente, la menor existencia de lluvias y nevazones invernales hicieron difícil recuperar el nivel del recurso acumulado. Esta sequía histórica, a la que se suma el impacto de los incendios forestales del verano, genera también complicaciones para enfrentar el riego en el agro. La falta pastos de los últimos años ha golpeado la actividad ganadera y hay una considerable baja de la población de abejas, lo que afecta la producción apícola.

El cambio climático es una realidad, y está la creciente necesidad de agua que tienen la agricultura, la industria y las ciudades. Por otra parte, la contaminación de ríos, lagunas y lagos, como se atestigua, por ejemplo, en el Llanquihue es cada vez mayor, lo que acelera la crisis.

Los organismos estatales han destinado presupuesto para ir en ayuda de los agricultores más necesitados, a la vez que se han desarrollado iniciativas para optimizar el uso del agua en los sectores rurales. Con todo, es evidente que se requiere de acciones urgentes de parte del Gobierno que vayan mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Ya no queda tiempo. De la urgencia en las zonas rurales se pasará muy pronto a lo mismo en las zonas urbanas.

Blanco o negro. Esa será la encrucijada que enfrentará la ciudadanía en el plebiscito de salida del proceso constituyente, con la particularidad que en esta oportunidad el voto será obligatorio.

El artículo 142 de la Constitución actual señala que la cédula electoral contendrá la siguiente pregunta: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?", ante lo cual usted podrá pronunciarse por el Apruebo o el Rechazo.

Este escenario normativo y político "binario" genera un primer problema, ya que en realidad las opciones son: a) aprobar el proyecto de los constituyentes, o b) mantener vigente la Constitución de 1980.

Así las cosas, sólo un ingenuo o un fanático podría pensar, por más deficiente y delirante que sea el texto que propondrá la Convención, que podría ganar la segunda opción, es decir, el Rechazo en el plebiscito de salida, especialmente teniendo en cuenta el aplastante 78% obtenido por el Apruebo en la consulta de entrada, las aspiraciones y expectativas ciudadanas de cambio que, siendo legítimas, han llegado a desbordados niveles construidos a partir de la demagogia, a lo que se suma la falta de información, la propaganda y muchos otros.

Y es aquí donde surge el segundo problema de este binario proceso de salida: la posibilidad de que el texto que se propondrá por la convención sea una mala Constitución para Chile. Dará lo mismo. En el actual escenario presumiblemente se impondrá igualmente, ya que se la enfrenta a la Constitución del 80 y a la idea de mantención del status quo, los abusos y privilegios.

¿Cómo salir de la trampa? El camino es que exista una tercera vía constitucional, esto es, que se incorporen una o más alternativas sobre la(s) cuales pueda pronunciarse la ciudadanía en el plebiscito de salida. Escapar del dilema binario.

Alternativas pueden ser muchas y pasan por una reforma al Capítulo XV de la actual Carta. Van desde incluir la opción por el proyecto de Constitución enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet al Parlamento, hasta incorporar la posibilidad de rechazar el proyecto de la Convención sin que implique mantener vigente la Constitución del 80, iniciándose así un nuevo proceso constituyente.

La respuesta, una vez más, la tienen los políticos y particularmente los parlamentarios. ¿Qué cree usted que harán?

Marcos Emilfork, abogado y ex fiscal regional