Correo
¿Convención y revolución?
En cualquiera Institución -Convención- y más bien en una donde se gestan los nuevos destinos de una nación, sólo se debería esperar que sus miembros en su mayoría fuesen gente sensata, mínimamente preparada, madura, abierta de mente y con criterio (no es un juego); entonces debemos suponer que en la nuestra la hay, gente que propondrá soluciones pragmáticas con posibilidades de ejecución (tiempo y recursos de por medio), gente que en su mayoría buscará el bien de todos y no de un grupo o sector, pues sería un fracaso y con una visión muy amplia teniendo muy presente que será la nueva Constitución de la nación.
Me permito agregar la frase de un destacado doctor en Ciencias Políticas, en relación a nuestra Convención y lo que allí se propone: "ningún país soporta esa intensidad e inmediatez de cambios, salvo en una revolución violenta".
Entonces deberíamos preguntarnos, ¿se estará acaso cocinando una revolución violenta? Espero que no.
José Manuel Caerols
Constitución
Qué escala de valores más contradictoria dejan ver los constituyentes en la elaboración de la nueva Carta fundamental. Por un lado, defienden a brazo partido los derechos de los animales, queriendo incluso eliminar el rodeo y otras prácticas típicas de zonas rurales. Se declaran férreos defensores y protectores de la naturaleza, la ecología y el medio ambiente. Y a la hora de defender y proteger los derechos de los niños en el vientre materno, no hay consideración alguna por sus semejantes, abogan por el aborto libre, gratuito y seguro.
Sin embargo, para defender un perro, una vaca o un árbol hacen marchas y protestas hasta conseguir leyes que defiendan sus derechos. ¿No debería ser igual, o más aún, la defensa del derecho legal a la vida de los no nacidos desde el momento en que fueron concebidos? ¿Quién entiende esto? Por favor, en qué mundo estamos viviendo.
Hemos llegado a una decadencia moral sin precedentes. Con esto, lamentablemente, podemos esperar cualquier cosa en nuestro país. Dios nos ampare.
Fabiola Portales
Costos y Convención
Hace algunos años, Chile abordó un proyecto histórico e inédito, donde muchos trabajadores se esforzaron al máximo para completarlo dentro de los plazos y, en cierto modo, lo lograron. La prensa nacional y especialmente, la internacional quedaron impresionadas por las cosas históricas e inéditas que se hacen en Chile. Sin embargo, nada de eso hizo que el puente Cau Cau funcionara.
Nadie sabe dónde podría llevarnos una Constitución elaborada con un procedimiento histórico e inédito. Fuera de la política, dentro del mundo real de la economía, en cada rincón del proyecto constitucional se ven cientos de empleados públicos, comisiones, instituciones regionales y nacionales con más y más funcionarios, etc. Es decir, se ven gigantescos costos adicionales que deberá soportar un Estado empobrecido y endeudado.
En la Convención hay activistas de temas muy respetables, pero no hay un activista de gasto público que vele por mantener ese ítem en un mínimo. Entre cientos de personas trabajando en la nueva Constitución, al menos una debería poder decirnos cuánto costará el funcionamiento de la nueva Carta Magna con relación al de la Constitución actual.
Siempre hay que evaluar cuánto es el costo neto (descontando sus beneficios) de un cambio para saber si hace más bien que mal, o hace exactamente lo contrario. Y eso sin considerar que la torta de nuestra economía disminuye su crecimiento cada vez que se genera aún más incertidumbre con ciertas propuestas estrafalarias que se aprueban en la Convención.
José Luis Hernández
La urgencia del agua
El recurso hídrico es un elemento primordial para la vida que lamentablemente se encuentra en riesgo en todo el mundo. Según estudios hídricos, el planeta tiene solo el 0,007% de agua dulce para consumo y manejo humano. Gran parte de los recursos hídricos disponibles en el mundo son gracias a los ríos Amazonas, Ganges-Brahmaputra, Congo, Yangtsé y Orinoco ubicados en Brasil, India, República del Congo, China y Venezuela-Colombia respectivamente. Por lo tanto, la mayor parte se ubica en Asia y Sudamérica lo que hace que las posibilidades de utilización del recurso se vean afectados por su disponibilidad en el territorio y variabilidad en función del ciclo hidrológico a lo largo del año.
Del mismo modo, la distribución del agua ha variado según el manejo del hombre en vías del crecimiento de la población y los respectivos asentamientos urbanos, cambios de usos de suelo e incorporación de plantaciones y grandes proyectos e industrias. Se estima que el 2025 el 80% de la población se encuentre en condiciones de alta escasez hídrica, situación considerada catastrófica.
Chile cuenta con 1.251 ríos a lo largo de todo su territorio nacional, aportando un alto porcentaje del recurso, lo cual podría estar dentro de los países privilegiados en función de la disponibilidad del agua, pero la realidad es otra: se estima que un 76% de la superficie chilena está afectada por sequía y suelo degradado.
Según la Dirección General de Aguas, los caudales de agua superficial de importantes cuencas como Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre un 13% y un 37% en los últimos 30 años. Además, 156 comunas de las 345 del país presentan algún riesgo de degradación, lo que podría afectar a más del 38% de la población, lo que nos pone en estado de alerta para el manejo de esta situación.
Actualmente, se están desarrollando diversas medidas a nivel nacional para enfrentar la escasez del recurso hídrico, existen diagnósticos y estrategias, pero lamentablemente no se han logrado implementar y necesitamos avanzar en un plan de medidas concretas y eficaces donde se pueda revertir la escasez hídrica.
Leslie Alarcón, docente Escuela Ingeniería y Recursos Naturales Duoc UC
La guerra justa
Me han parecido insólitas las declaraciones del Papa Francisco en el sentido de que "las guerras son siempre injustas", en circunstancias que el Catecismo de la Iglesia Católica establece la "doctrina de la guerra justa" y sus elementos en sus artículos 2307 al 2317.
Al respecto, bastaría citar el artículo 2308, que establece: "Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa".
Adolfo Paúl Latorre