El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), aseguró que en Chile no existen los "presos de conciencia". Esto, en alusión al debate que se abrió luego que la ministra del Interior, Izkia Siches, utilizara el concepto "presos políticos" para referirse a las reivindicaciones de grupos mapuche en la Macrozona Sur. El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, también dijo esta semana que "han existido, sin duda".

"Mi postura es muy clara, creo que en Chile no existen presos de conciencia, personas que están privadas de libertad por sus ideas", afirmó Elizalde. Sin embargo, dijo que sí ha habido personas encarceladas "injustamente" por distintas razones.

"Una que nos parece obviamente condenable dice relación con pruebas falsas e incluso montajes, que en el pasado hicieron un enorme daño, como en el caso Huracán", manifestó.

También se refirió al uso de las prisiones preventivas en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía y que son acogidas por los Juzgados de Garantía. "Es una acción extrema en ciertas prisiones preventivas que no dan cuenta de la gravedad de los hechos investigados, de los méritos probatorios, y por cierto de las eventuales condenas que pudieran aplicarse a quienes han sido formalizados", alegó.

El uso del concepto "presos políticos" ha generado inquietud en la oposición, especialmente en una semana marcada por la frustrada visita de la ministra Siches a la Comunidad Autónoma de Temucuicui.

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas (Chile Vamos), criticó a la autoridad, mientras que el alcalde de Temuco, Roberto Neira (PPD), la instó a ser más cuidadosa con el uso del lenguaje.

Incluso desde el gobierno surgieron voces contrarias a la ministra. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos".

En Yellow Submarine (1968), la película animada de George Dunning, la pacífica vida de los habitantes de Pepperland resulta turbada por la llegada de los Blue Meanies. Se trata de gente malhumorada e intolerante que, de un día para otro, quiere cambiarlo todo y sólo consigue sumir al país en la tristeza. Afortunadamente, el capitán Fred alcanza a escapar en su Submarino Amarillo, llega a Liverpool y consigue la ayuda de los Beatles para lograr que Pepperland vuelva a la normalidad.

Hace unas semanas, ustedes dieron a conocer el manifiesto "Amarillos por Chile". Está suscrito por personas muy variadas, en general de centroizquierda, que alzan su voz en defensa de un país donde prime la cordura y podamos resolver nuestras diferencias a través del diálogo. Todo esto parece obvio, como evidente les parecía la paz y la concordia a los habitantes de Pepperland antes de la llegada de los Blue Meanies.

Más allá de nuestras diferencias, veo con simpatía esta iniciativa amarilla de rescate. No se trata esta vez de Pepperland y del Capitán Fred, sino de Chile y de gente como ustedes, que sabe distinguir entre la necesidad de cambios y la simple demolición.

No soy ingenuo; sabía que un documento como este iba a despertar resistencias y objeciones. Se trata de un texto que invita al diálogo y eso supone contrastar diversas perspectivas. Sin embargo, veo que, dentro de la izquierda, la reacción ha sido francamente visceral en muchos casos. No hay acusación que no se haya dirigido contra ustedes.

Básicamente, se les reprocha una infidelidad al "Apruebo" que habían impulsado con entusiasmo en el plebiscito del 20 de octubre de 2020. Entonces les parecía que una Convención Constitucional era una oportunidad única para construir esa "casa de todos y todas" de la que hablaba Patricio Zapata en un libro publicado en 2015, y por eso apoyaron la idea de contar con un nuevo texto constitucional.

Ahora, en cambio, se dice que, en virtud de algunos mezquinos intereses que nunca se identifican muy bien, ustedes estarían torpedeando el trabajo de la Convención.

La acusación es insólita: ¿quién es el que torpedea esa labor? ¿Ustedes, que reivindican la letra y el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, o los radicales que se niegan al diálogo e imponen su voluntad de un modo tal que ya resulta claro que en esa casa sólo cabrá una parte de los chilenos?

¿Quién es el que pone en peligro la aprobación de la propuesta de Constitución? ¿Ustedes, que llaman al diálogo y el entendimiento, o aquellos que prescinden de nuestra tradición constitucional y parecen embarcados en una competencia por presentar propuestas cada vez más radicales?

La crítica que han enfrentado, donde sobran las descalificaciones y faltan los argumentos, nos lleva a un punto del máximo interés. A nosotros, la gente de derecha, nos han dejado relativamente tranquilos cuando ejercemos nuestro derecho de expresión y criticamos las desmesuras de parte de los convencionales. A ustedes, en cambio, se los trata de una manera muy distinta. ¿Por qué? Me temo que sólo se me ocurre una explicación, y no resulta muy alentadora: hoy, en Chile, a la gente de izquierda se le exige una completa docilidad intelectual. Las grandes transformaciones que pretenden introducir parecen requerir una unidad monolítica, y cualquier fisura o reparo se mira como una traición.

¿No te llama la atención la actitud de Gabriel Boric ante la Convención, cómo le ha dado un respaldo incondicional, sin ningún matiz? ¿Acaso no percibe que hay problemas muy serios en la fisonomía que ya está adquiriendo nuestra carta fundamental? Sin embargo no dice nada. El argumento de que de esta manera respeta la autonomía de la Convención no es malo: es pésimo. Esto supondría la prohibición de expresarse, en ningún momento, a favor o en contra de ninguna propuesta. Raro.

Se ve que ustedes, amarillos, vinieron a turbar la monocromática uniformidad reinante en cierta izquierda, y eso los Blue Meanies chilenos no pueden perdonarlo.

Redacción

Tal como lo prometió en su campaña para llegar a La Moneda, el presidente Gabriel Boric firmó este viernes el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como "Acuerdo de Escazú".

El pacto, del cual Chile fue impulsor junto a Costa Rica, hasta ayer había sido firmado por 24 países de la región. En septiembre de 2020 el gobierno de Sebastián Piñera anunció que no lo suscribiría, argumentando que el instrumento abría la posibilidad de que el país fuera llevado a tribunales internacionales, afectando la soberanía nacional.

Aunque no se plantea como un procedimiento obligatorio, en su artículo 19 el tratado plantea la posibilidad de que dos estados parte resuelvan una controversia medioambiental sometiéndose a la Corte Internacional de Justicia.

Otra de las materias que preocupa a sus detractores es el deber de los Estados de asegurar la participación ciudadana en todas las etapas de la toma de decisiones que puedan tener un impacto ambiental, norma fijada en el artículo 7. Esto, dado que podría afectar la ejecución de proyectos de inversión.

Con la firma del documento por parte de Boric, ahora resta que el Congreso lo ratifique para sellar la adhesión definitiva al acuerdo de Escazú, algo que ya hicieron 12 países.

"Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo", dijo el mandatario. "Hoy enmendamos el rumbo y por eso insto al Congreso a que se la jueguen para que aprobemos esto con rapidez", añadió.

"Este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto de la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región donde esta lucha ha costado ya varias vidas", afirmó Boric, en relación a otro de los aspectos que aborda el acuerdo.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró que "nos encontramos ante la peor crisis ecológica de la historia y requerimos enfrentarla de forma conjunta, solos no seremos exitosos".

"Es tiempo de tomar acciones decididas y transformadoras, donde hay que escuchar a la ciencia y también de la economía porque la ventana de oportunidad para enfrentar tanto la crisis climática como la de biodiversidad se nos está cerrando aceleradamente", sentenció.

Aunque en los sectores más conservadores del Parlamento aún hay reticencia a aprobar el acuerdo, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, dijo que en su partido hay disposición a evaluar su aprobación.