Hoy entra en vigencia en nuestro país la primera etapa de la ley de plástico de un solo uso. Se trata de una normativa que viene a restringir el uso de ciertos plásticos de una sola vida, que tras ser usados son desechados a la basura o incluso en lugares públicos.

Por ello, desde hoy todos los restaurantes y, en general, los locales que expendan comida tendrán prohibido entregar cubiertos, bombillas, revolvedores y palillos de plástico, así como cualquier artículo de plumavit, estos últimos, usados comúnmente para albergar productos alimenticios.

A esto se agrega que los supermercados estarán obligados a tener a disposición de sus clientes bebidas en botellas retornables y a recibir dichos envases de las personas que quieran hacer uso de esa alternativa.

Con esta nueva normativa se busca reducir más de 23 mil toneladas de plástico de un solo uso que se generan anualmente en nuestro país, incentivando, a su vez, el reciclaje, la reutilización y el uso de elementos amigables con el medio ambiente.

Los encargados de fiscalizar el cumplimiento de esta nueva normativa serán los municipios. Para ello, la principal herramienta de control que tendrán serán las multas -a beneficio municipal-, las que irán desde 1 a 5 UTM ($55 mil y $250 mil), en el caso de los locales de comida que entreguen elementos plásticos; y de 1 a 20 UTM ($55 mil a $1,2 millones) para los supermercados que no cuenten con bebidas en formato de botella retornable. Se trata de una ley que viene a saldar en parte la deuda existente con el cuidado del medio ambiente en nuestro país, considerando que estos desechos al final terminan en áreas verdes, ríos, lagos y el mar. Sin embargo, por más esfuerzos que se hagan, se requiere también de fuertes campañas que incentiven el uso de envases retornables o bien implementos de comida reutilizables, ya que al final de cuentas, serán los propios clientes quienes, a través del consumo, podrán ayudar a reducir la producción de plásticos contaminantes en nuestro país.

La segunda quincena de febrero, hasta antes del estallido de violencia y de la pandemia, era la época del Festival de Viña del Mar. Y vale la pena recordarlo, porque en el escenario de la Quinta Vergara, en 1988, el cantante venezolano José Luís Rodríguez acuñó la frase que lo dejó en la historia, cuando a la espera del máximo reconocimiento por parte de la alcaldesa de la Ciudad Jardín, y en medio de las pifias del "Monstruo" dijo: "a veces hay que escuchar la voz del pueblo".

34 años después, esa frase, expresada en otro contexto, toma vida, ante la cercanía del inicio de la discusión en pleno de las normas aprobadas por las distintas comisiones de la Convención Constitucional.

No repetiré latamente el listado de normas que han sido rechazadas, ni menos las que han sido aprobadas, caracterizadas hace algunos días por el próximo ministro de Segegob Giorgio Jackson, como "loquísimas y caricaturizables". Sin embargo, luego de que los propios convencionales pidieran participación de la comunidad, a través de las denominadas Iniciativas Populares, que debían reunir al menos quince mil firmas virtuales de chilenos que habitaran en cuatro regiones distintas, llama profundamente el destino que han tenido esas ideas, muchas de ellas, de altísima calidad a la hora de construir una "casa para todos los chilenos".

Solo algunos ejemplos. La iniciativa popular para incluir un fomento al emprendimiento, y que alcanzó 21.225 apoyos ciudadanos, fue rechazada. La que buscaba la protección de los ahorros previsionales, con más de 60 mil apoyos, fue rechazada. Mismo camino corrió la que pedía un poder legislativo bicameral, con más de 27 mil firmas; la de protección para las víctimas de delitos que reunió 26 mil apoyos, y todas las iniciativas sobre libertad religiosa. Y la iniciativa sobre derecho a la propiedad, que alcanzó 47 mil apoyos, también fue rechazada, aprobándose en la comisión de una moción de convencionales del Frente Amplio, que deja abierta las puertas a expropiaciones.

A quienes trabajamos en la agricultura, nos preocupa lo que ocurra con el derecho a la propiedad, con la libertad económica y el emprendimiento, que son claves para asegurar el futuro de la producción de alimentos para los chilenos. Parece ser que la participación que pedían los 154 convencionales a los más de 19 millones de chilenos, terminó siendo un espejismo.

Christian Arntz MacEvoy, director ejecutivo