(viene de la página anterior)
propiamente tales, consistente en el pago de $1.480.000.000, en un solo pago, unido a la restitución de la boleta de garantía".
La citación a conciliación es un trámite obligatorio y esencial que se realiza dentro de un juicio. Debe ser llamado por un juez o ministro para proponer bases de arreglo y solución al conflicto que llevan las partes en tribunales. Si se logran acuerdos, se pone término al juicio, siendo considerada la conciliación como una sentencia definitiva dictada por los tribunales.
La firma y transacción del acuerdo informado por el municipio local y Servitrans deberá quedar cerrada en una audiencia fijada para marzo, aunque eventualmente puede ser concretado con antelación e informado a la Corte Suprema.
Reacciones
El alcalde Emeterio Carrillo reconoce que existe un acuerdo de conciliación que debe socializar con el Concejo Municipal (no vinculante ) y además explicó que "prefiero referirme al tema una vez que esté cerrado, ya que aún existen algunos detalles que esperamos poder acordar en este proceso que lleva la Corte Suprema", dijo el jefe comunal.
El pago de los $1.480 millones saldrá íntegramente de las arcas municipales y se sumarán a los más de $5 mil millones que ya fueron pagados por el Gobierno Regional a la empresa Servitrans hasta 2018. La millonaria cifra fue cancelada por obras ejecutadas como el hoyo que actualmente está lleno de agua lluvia, que significó un pago total de $1.800 millones; $706 millones en remuneraciones a personal contratado, movilización, traslados, alojamientos, entre otros; y $1.025 millones asociados a las obras de arquitectura, instalación de redes de agua y alcantarillados, entre otros ítems.
El concejal Juan Carlos Velásquez recordó que, junto a Daniel Lilayú, fueron los únicos ediles que votaron para rechazar la adjudicación del proyecto a la empresa Servitrans durante la sesión del Concejo Municipal realizada en septiembre del 2014.
"El actual alcalde Carrillo ahora se debe hacer responsable por un proyecto que cuando era concejal votó a favor sin reparo alguno. Aquí se está afectando gravemente el patrimonio municipal y por ende de todos los osorninos. No podemos pagar errores y malas decisiones tomadas en la antigua administración y si bien no podemos oponernos a una resolución de un tribunal, sí es necesario que una vez concluido se persigan responsabilidades administrativas y la restitución de los recursos a las arcas municipales. El presupuesto va a quedar muy debilitado y no se ha transparentado de dónde sacará el municipio esos $1.500 millones para pagar y menos aún en una sola cuota. Esta es una situación gravísima. Si el alcalde Carrillo no inicia las acciones ya mencionadas, seré yo, en mi calidad de concejal, quien haga la denuncia donde corresponda", enfatizó el edil.
En tanto, el concejal Miguel Arredondo comentó, "no tengo antecedentes de los términos que se llevaron adelante en la conciliación y voy a esperar a que el alcalde Carrillo nos cite para conocer detalles del tema. En todo caso, no tenemos muchas opciones más que pagar y terminar así con una parte de este problema que no debemos olvidar es provincial, ya que es para depositar la basura de las siete comunas, pero que lo está pagando sólo el municipio de Osorno con su patrimonio", indicó Arredondo.
Francisco Reyes, consejero regional por la provincia y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Core, precisó que la realidad judicial que enfrenta el municipio es lamentable, pero que debe resolver de forma autónoma, "el alcalde Carrillo poco se ha referido a este problema que involucra gravemente recursos públicos, por lo que debe buscar responsabilidades administrativas. El Gobierno Regional tiene poco que opinar en este caso. Lo que sí debemos solucionar es el problema de las basuras en la provincia involucrando a la comunidad y con las 7 comunas. Por años no ha existido una real voluntad de avanzar en una solución que ahora es muy distinta al relleno sanitario en sus tecnologías, emplazamientos y procesos. El problema de la basura no se puede seguir escondiendo bajo la alfombra. Se tiene que enfrentar, incluyendo las responsabilidades que provoca la falta de una solución integral que no afecte a las comunidades", indicó Reyes.
1989 comenzó a operar el vertedero de Curaco, luego del cierre del basural ubicado en el sector de Ovejería Bajo (en calle Inés de Suárez), en los terrenos donde se emplaza el Parque Hott.
$10 mil millones fue el costo de inversión del fracasado relleno sanitario provincial, que fueron aportados por la Subdere a través de un crédito del Banco Alemán KFW ($7 mil millones) y el Gore ($3 mil millones).
2014 comenzó la construcción del recinto ubicado en la ruta U-400 al mar, cuyas obras se paralizaron en octubre del 2015. La empresa Servitrans era la ejecutora, el municipio la unidad técnica y el Gore el mandante.