El brote de covid-19 detectado en Panguipulli debe dar una campanada de alerta. Según han reconocido desde la municipalidad y desde la secretaría regional Ministerial de Salud, los casos se propagaron en un evento masivo efectuado en la noche de Año Nuevo, en el cual se reunieron más de 400 personas.

Hasta ahora hay 15 casos confirmados, pero se entiende que la cifra crecerá, lo cual es muy lamentable, considerando que la comuna recién el 11 de diciembre pasado había regresado a la fase 4 de Apertura Inicial, después de pasar casi dos meses en el paso 3. Es decir, había mejorado sus índices, aumentaban las libertades de reunión y desplazamiento, coincidiendo con la etapa alta de verano, época en la cual el turismo multiplica opciones laborales para las personas de la zona.

Tristemente, lo ocurrido evidencia retroceso. No solamente en las cifras, sino en la sensación de seguridad y en el aprendizaje colectivo de prevención.

También hay que reconocer la existencia de un componente de inconsciencia grande, sobre todo respecto de los adultos mayores, que siguen siendo las principales víctimas fatales de la enfermedad.

Otros brotes se han registrado en los últimos dos meses en supermercados y centros laborales. No sería raro, además, que las aglomeraciones de la época navideña comiencen a pasar la cuenta.

Considerando ese escenario y la alta presencia de visitantes que ya se aprecia en la región, el llamado no puede ser otro más que al autocuidado y a recordar una recomendación de la temporada 2021: intentar viajar y mantener "burbujas familiares". Es decir, concentrarse en grupos pequeños de personas cercanas y evitar asistir a eventos masivos, donde resulta compleja la distancia social.

Es cierto que tanto tiempo de restricciones pasa la cuenta, que las personas ansían retomar actividades previas a la pandemia; también que las vacunas generan una tranquilidad que relaja precauciones. En la ciudad lacustre la cifra de inoculados supra las 18 mil personas. Pero todo eso debe ponerse en la balanza y actuar con responsabilidad. Es urgente.

Para quienes nos desempeñamos en el mundo jurídico, el debido proceso es un derecho que constituye la piedra angular de nuestra profesión. Incorporado en nuestra Constitución y ampliamente desarrollado en tratados internaciones sobre Derechos Humanos, es el escudo que tenemos todos los habitantes del país para protegernos de las posibles arbitrariedades de quienes detentan el poder estatal al momento de atribuir responsabilidad a alguien por ilícitos.

Dicho de otra manera, nadie puede ser sancionado si el proceso legal para llegar a tal conclusión tiene vicios, como que el juez no sea imparcial, no hubo posibilidad de defensa, se saltaron etapas procesales, no se presumió la inocencia, etc.

El debido proceso es un derecho que asiste a toda persona y que tiene como destinatario a quien ejerza jurisdicción, es decir, a todos los órganos del Estado: administración, FF.AA, jueces, etc. Sin embargo, la fuerza de los hechos demuestra que esta vital institución no siempre se respeta, especialmente en la administración pública.

No sólo los jueces determinan la responsabilidad de las personas, quienes son funcionarios públicos saben muy bien que mediante un sumario el superior jerárquico puede sancionarles. Y para quienes se desempeñan en las Fuerzas Armadas, la sigla ISA genera estupor, toda vez que son los sumarios llevados a cabo por otros uniformados.

Sobre esto último, hemos conocido infracciones al debido proceso en la defensa que tienen los funcionarios. En efecto, sumarios que nacen con la intención de castigar, donde la defensa del imputado es una etapa meramente formal y que no incide con la idea preconcebida del castigo; o en el caso de Carabineros, cursar la baja con efecto inmediato, sin importar para nada el principio de inocencia que lo ampara o que incluso la justicia haya absuelto al funcionario.

Incluso, casos en que una autoridad militar es acusada por un subalterno de acoso laboral y que sin embargo ejerce la potestad sancionadora en su contra, sin inhabilitarse como lo exige el debido proceso.

En una sociedad donde las FF.AA. y la administración están subordinadas al principio de la supremacía constitucional, no es ni aceptable ni tolerable que quienes detentan el poder sancionador vulneren el debido proceso en perjuicio de sus subordinados por mero capricho o arbitrio. Es esperable que la nueva Constitución lo fortalezca aún más para obtener una verdadera igualdad ante la ley.

José Manuel Baquedano, presidente Colegio de Abogados Provincia de Osorno