Verónica Salgado
Existe una férrea oposición de vecinos y consejeros regionales contra la solicitud para ampliar la superficie operacional y extender la vida útil de la planta de residuos industriales Ecoprial, ubicada en el sector Curaco de Osorno. Se trata del proyecto privado que busca sumar 7,8 hectáreas al área para la disposición de residuos orgánicos no peligrosos al interior del predio de 56,98 hectáreas donde actualmente se reciben desechos y lodos orgánicos procedentes de distintos rubros industriales, como agrícola, pesquero, lácteo, acuícola, sanitarios, entre otros.
El rechazo vecinal y político se suma al planteado por organizaciones de medios ambientales, donde todos apuntan a los antecedentes y procesos sancionatorios por diversos incumplimientos a la legislación medioambiental que enfrenta el recinto privado desde que comenzó a funcionar en 2009. A eso se suman los cuestionamientos ciudadanos por la emanación de malos olores y la falta de medidas de mitigación para el constante flujo de camiones con desechos hacia el recinto; aseguran que la iniciativa, que ingresó a trámite ambiental, tampoco considera un estudio de impacto ambiental ni procesos de participación ciudadana.
Según consta en la documentación pública disponible en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la presentación de los antecedentes del proyecto "Ampliación Superficie Planta de Disposición Final de Residuos Biológicos No Peligrosos Industriales Ecoprial Región de Los Lagos", fue solicitado el 20 de diciembre del 2021 por el representante legal de Asesorías Los Olivos S.A. Fue admitida a trámite el 22 de diciembre y comenzó un proceso de análisis técnico en el que deben pronunciarse más de 13 organismos públicos antes del martes 13 de enero.
Consejo y gore
Los primeros organismos públicos en emitir su pronunciamiento oficial fueron el Gobierno y Consejo Regional, discusión realizada en la sesión plenaria celebrada el miércoles. El informe emitido da cuenta de una serie de observaciones negativas a la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación y extensión de vida útil de Ecoprial.
"El Consejo Regional (…) está solicitando procesos de participación ciudadana en torno a los efectos de operación de la planta y revisar nuevamente las determinantes ambientales que pueden afectarse ante la ampliación de este proyecto, requiriendo evaluarse como un estudio de impacto ambiental", dice un extracto textual del documento enviado a la Dirección Regional del SEA.
María Angélica Barraza, consejera (UDI) por la provincia, manifestó su rechazo al proyecto que sólo viene a consolidar como zona de sacrificio ambiental a un amplio sector rural de Osorno.
"La legislación medioambiental es muy débil y requiere con urgencia cambios que salgan desde el Congreso, porque como Consejo Regional podemos observar, pero no es suficiente, ya que la legislación es débil. En mi caso rechazo este proyecto en todas sus formas, porque no vamos a seguir transformado ese sector en zona de sacrificio ambiental", dijo Barraza.
Francisco Reyes, consejero (PS) por la provincia, precisó que la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, unidad que preside, también observó negativamente el proyecto privado: "resulta un contrasentido que desde el sector privado se pretenda ampliar y perpetuar un relleno industrial que recibe residuos de toda la región y de las vecinas también. En lo personal, creo que es necesario discutir la salida de Ecoprial, al igual como se está haciendo con el relleno sanitario provincial del sector Curaco, que están a pocos kilómetros de la zona urbana e impactan negativamente a cientos de familias de sectores rurales ubicados en sus inmediaciones", comentó Reyes.
Ciudadano
Rodrigo Ardiles, miembro de la agrupación ambiental ruta U-400, comentó que "esta solicitud es una burla a la comunidad que está totalmente desprotegida, porque el Estado no realiza reales labores de fiscalización ni seguimiento de temas ambientales y el impacto que tienen estos recintos. Aquí vamos a tomar todas las acciones necesarias, porque la comunidad se opone masivamente a ser pasada a llevar nuevamente y por la misma firma Ecoprial".
Mirta González, presidenta de la Unión Comunal Rural de Osorno, fue enfática en cuestionar el actuar de los organismos técnicos que permiten que empresas con historial de daño ambiental y rechazo ciudadano realicen este tipo de tramitaciones. "Aquí a la ciudadanía se la pasa a llevar descaradamente y el llamado es que las autoridades que deben pronunciarse de forma vinculante, lo rechacen, porque nosotros como vecinos lo h aremos. La calidad de vida de nuestros vecinos en zonas rurales y el medio ambiente de todos no puede seguir siendo escenario para que un particular se enriquezca a costa de la pasividad del Estado", expresó la dirigenta del mundo rural osornino.
Pese a los reiterados intentos de este medio para obtener una versión de los ejecutivos de la empresa Ecoprial, no fue posible establecer contacto.
"Aquí vamos a tomar todas las acciones necesarias, porque la comunidad se opone masivamente a ser pasada a llevar nuevamente y por la misma firma Ecoprial".
Rodrigo Ardiles miembro de la agrupación ambiental ruta U-400
7,8 hectáreas es la superficie que se busca ampliar en el relleno de residuos industriales Ecoprial de Curaco.
