Falta de control y fiscalización por parte de la municipalidad de Osorno, en materia asociada a la extracción de áridos, fue parte de los resultados que revela el informe final de la auditoría realizada por Contraloría General de la República, considerando el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de agosto de 2020.

La investigación da cuenta de 10 proyectos asociados a 8 empresas, emplazados en el río Rahue y pozos lastreros situados en terrenos de bienes de uso público, fiscales o particulares dentro de la comuna.

Algunas de las faltas detectadas son la ausencia de permisos municipales o de patentes comerciales del giro correspondiente a faenas de pozos lastreros que están funcionando; falta de chequeo y monitoreo del cumplimiento de las condiciones de operación autorizada para cada proyecto; no presentar antecedentes oportunamente a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) del incumplimiento o actuar ilegal de firmas; no llevar registro de denuncias ciudadanas asociadas al tema, entre otros puntos.

Hace unas semanas, en la página web de la Contraloría, fue publicado el informe final N° 354 de 2021 con detalles y conclusiones de la auditoría realizada por el organismo entre enero del 2017 y agosto del 2020, con el objetivo de verificar las acciones y medidas adoptadas por la Municipalidad de Osorno y otras entidades públicas que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la explotación de material pétreo en cualquiera de sus formas y ubicación dentro del territorio comunal.

Paralelamente, se realizó un examen de cuentas de ingresos percibidos por este concepto durante el periodo del 1 de enero del 2019 y el 28 de febrero del 2021 para constatar que se ajusten al principio de legalidad e integridad, así como su debida acreditación.

Esta auditoría se desprende del informe final N° 964 de la investigación realizada por la Contraloría General entre enero del 2018 y julio de 2019 para determinar si la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) contaba con mecanismos que garanticen la calidad de los 6.772 puentes existentes en el país.

Entre sus conclusiones estuvo que 14 puentes, entre esos el puente Cancura sobre el río Rahue, desplomado en junio del 2018, tenía graves daños que hacían urgente y a corto plazo su intervención. Entre los factores que causaron los daños estructurales a los viaductos figura la extracción ilegal de ripio en los ríos, incluido el Rahue. Esto gatilla la decisión de Contraloría de auditar los procedimientos administrativos, de control y fiscalización asociados a la extracción de ripio en todas sus formas y puntos de su territorio en diversos municipios del país (incluido Osorno), donde los resultados han evidenciado la falta de control y fiscalización desde los casas edilicias a la extracción de áridos.

Contraloría

Dentro de las conclusiones contenidas en las 119 páginas del informe final de la auditoría, se detallan 10 proyectos de extracción de áridos, entre ellos Áridos Dowling & Schilling S.A; Transportes, Servicios y Comercializadora del Sur Ltda; Servicios Integrales CAPA SpA; Constructora Harr S.A.; Transportes Áridos y Servicios VICAT Ltda; y Constructora JEP Ltda.

Entre las conclusiones asociadas a las faltas aparecen autorizaciones entregadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) sin firma del alcalde de esa época (Jaime Bertín), construcciones y contenedores que no contaban con permiso de edificación dados por la DOM (situación detectada en terrenos por los funcionarios de Contraloría); la realización de fiscalizaciones desde el municipio, donde se detectaron situaciones anómalas sin que se generen acciones derivadas posteriormente para subsanar, multar o clausurar la faena. Estos antecedentes debían ser remitidos por la casa edilicia a otros servicios públicos como la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), entre otros.

También está la falta de control y fiscalización municipal a las condiciones de autorización de operación de las extracciones, situación similar relacionada a la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En este punto, las faltas son que el área de intervención supera las 5 hectáreas, fue sobrepasado el volumen máximo de extracción, entre otros. Además, se detectó la falta de permisos o patentes comerciales asociadas al giro de extracción de ripio en faenas operativas sin que existieran procesos iniciados para corregir la situación.