El comercio callejero ilegal sigue siendo un tema a nivel país, y la pandemia no ha hecho más que agravar la situación. Según el Servicio de Aduanas, entre enero y septiembre se incautaron productos por un valor total de 54 millones de dólares, en especial ropa, accesorios de celulares y juguetes. La inmensa mayoría de esos bienes tiene como destino la venta callejera ilegal.

Se trata de ambulantes que en forma ilegal se instalan con carros, tarimas, canastos o en el suelo, ofreciendo gran variedad de productos. Desde hace muchos años ha existido presencia de vendedores en las calles de las grandes ciudades, pero durante la pandemia el problema ha recrudecido y en estos días previos a Navidad hay un descontrol.

Por años se han planteado muchas soluciones, desde la ubicación de los ambulantes en sitios establecidos hasta la dictación de ordenanzas municipales, pero el problema persiste. A juzgar por la cantidad de personas que ejercen esta actividad, la venta callejera es un buen negocio, considerando que no pagan impuestos, patentes o arriendo. Basta con apropiarse de un lugar, que posteriormente es reclamado como derecho adquirido.

La encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio reveló que en el primer semestre, cuatro de cada diez establecimientos afirmaron tener comercio ambulante ilegal a su alrededor, y casi un 70% dice que ha aumentado. Además, el 41% de los locatarios asegura haber sido víctima de delitos en el primer semestre de 2021, aprovechando esa congestión. Por eso, los gremios del comercio establecido han celebrado el reciente despacho a ley del proyecto que fija un marco legal para abordar el fenómeno de la venta ilegal y que amplía las facultades para su control. La iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo en junio de 2007 y luego de varios años estancada en el Congreso, fue aprobada por parte de la Cámara de Diputados a principios de octubre de este año, y hace unos días ratificada por el Senado.

El vendedor callejero es el último eslabón de una cadena en la que hay grupos organizados que internan mercaderías falsificadas, de dudosa calidad, y que se distribuye evadiendo impuestos. Asumiendo que muchos de ellos llegan ahí por necesidad, es urgente una mayor regulación en el país.

Construyamos un país que promueva el bien común y el bienestar de cada uno. Un país que facilite la colaboración y donde nos apoyemos unos con otros. Un país donde podamos llegar, quizás no más rápido, pero sí más lejos.

Queremos un país en el que, sobre la base de una renovada confianza, vivamos una colaboración radical, para lo cual se necesita un Estado al servicio de las personas (son ellas el centro de su quehacer), con visión de futuro, capaz de articular a otros actores, eficaz en la resolución de problemas y con una gestión transparente, que fortalezca su legitimidad.

El país que queremos también necesita un sector privado activo, que tenga a sus trabajadores, proveedores, clientes y comunidades en el centro de su estrategia. Y una sociedad civil organizada, fuerte y transparente, que articule, fiscalice y resuelva problemas comunes. Promover distintas miradas, aproximaciones y el trabajo colaborativo es clave para superar desafíos y avanzar hacia la sostenibilidad

Nuestra propuesta para la nueva constitución es consagrar la colaboración y la participación social como principios para enfrentar estos desafíos. Estos elementos debiesen estar siempre presentes, principalmente, a lo largo del ciclo de materialización de las políticas públicas, desde la detección y priorización de las necesidades de la población, el diseño de las mejores soluciones para enfrentar dichas necesidades, así como en su implementación y posterior evaluación, ajustes y mejoras. Las políticas públicas no son materias que sean privativas del Estado. Por el contrario, deben convocar mayoritariamente al conjunto de la comunidad, actores de la sociedad civil y el mundo privado, mediante mecanismos ordenados y transparentes.

Es un hecho que lo público va más allá de lo estatal. Basta ver las funciones públicas que cumplen muchas instituciones privadas - como universidades, fundaciones, gremios, sindicatos, empresas, juntas de vecinos- que investigan, proveen servicios sociales, canalizan participación ciudadana, etc.

Esta colaboración se hace más evidente en tiempos de desastres, como ha sido el caso del incendio de Castro, en donde el Minvu, Techo Para Chile y la Cámara Chilena de la Construcción están uniendo fuerzas para dar a los damnificados un pronta y definitiva solución a la perdida de sus viviendas. Por ello, creemos que una prospera y fortalecida alianza público-privada, es el camino que debemos tomar para el desarrollo.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno