En Chile, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine, 2019), las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas y terminadas por los Tribunales de Familia del país. Son parte del 53% de las situaciones que esos juzgados conocen mensualmente (junto a violencia Intrafamiliar y vulneración de derechos).

De ese grupo, más del 85% del total de demandados no paga lo que corresponde a sus hijos e hijas, o tiene deudas acumuladas de las cuales no se hacen cargo. Una prueba son las más de 600 mil solicitudes de retención producidas con los retiros de las AFP que dieron esa opción a los afectados y afectadas.

En este contexto es que resulta muy importante la reciente creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuya ley fue promulgada la semana pasada por el Presidente Piñera y que establece doce medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El registro Civil estará a cargo de mantener esos datos, que influirán en retención obligatoria de fondos desde créditos otorgados; de las devoluciones de impuestos; de la compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para obtener licencias de conducir y pasaportes.

También la norma incluye, en su noveno punto, que será considerado un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, pues eso vulnera la autonomía, el patrimonio y la subsistencia de quienes tienen a los niños y niñas a cargo.

No hay duda que se trata de un avance y así lo han destacado las autoridades tanto nacionales como regionales; pues se busca poner límite a problemas que muchas familias arrastran durante años y que obligan a las víctimas a exponerse a reiterados trámites legales para que se respeten sus derechos, o a sufrir incluso extorsión de parte de quienes cometen este tipo de agresión económica.

Por otra parte, es positivo que haga partícipes a la comunidad y a instituciones frente a una situación de abuso reiterado, sacándola desde la esfera privada en que hoy suele manejarse, a una pública, con sanción social y material real.

¿Es realmente la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir dónde educar a sus hijos un tema que no debería cuestionarse en la redacción de la nueva constitución? ¿Por qué el Presidente de la República, ministro de Educación, obispos, organizaciones y dueños de colegios privados, con solo mencionar el tema, cuestionan la posibilidad de discutirlo?

El proceso constituyente nos entrega como país la oportunidad de reflexionar la sociedad que queremos y cómo deseamos proyectarla en el tiempo. Claramente cada grupo de interés tendrá sus propias aspiraciones, pero no está en discusión que la nueva Carta Magna debe consagrar derechos básicos, entre ellos el derecho a la educación desde una mirada social y no económica.

Una nueva Constitución nos permite poner en el debate la visión de país que queremos y el derecho a la educación juega un papel trascendental en esa discusión, la calidad, la equidad y la inclusión en todo el sistema educativo es lo que permitirá a todas las personas un desarrollo en igualdad de oportunidades.

La Ley de Inclusión Escolar de 2015 fue muy resistida y se vaticinaron cierre de colegios al por mayor por afectar la libertad de enseñanza. La ley que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado, es un avance importante, pero la real discusión que nos permitirá tener esa libertad de enseñanza y elegir el proyecto educativo de nuestros hijos, no es posible en una sociedad tan segregada y si esa elección pudiese estar condicionada a la capacidad de pago de los padres.

Prefiero hablar de mejorar la calidad de la educación y los estándares del sistema educativo para que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con las mismas posibilidades de desarrollar sus talentos.

El derecho a la educación no está en controversia, el cómo ejercerlo y como se involucran los padres y el Estado es lo que se debe reflexionar y debatir. En el fondo del debate está la resistencia y la necesidad de un cambio de paradigma, que supone romper con la lógica de tratar la educación como un bien de consumo y a los estudiantes como consumidores, para ser concebida como un derecho social, que reconozca y resignifique la educación pública con altos estándares en beneficio de cada uno de los estudiantes y sus familias.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos