La reciente Encuesta de Victimización del Comercio, correspondiente al primer semestre, elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) reveló una tasa de victimización del 41,2% en el país. Si bien los resultados fueron menores a mediciones anteriores, siguen siendo altos, si se toma en cuenta que los locales estuvieron un promedio de 38% del tiempo cerrados, por las medidas de cuarentena cuando se acentuaron los contagios de covid-19.

El comercio es uno de los sectores más atacados por la delincuencia y junto con afectar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Y con ello también se limita el crecimiento de las fuentes de empleo, con lo cual el daño tiene una notoria derivación social.

Si se realiza un seguimiento de las informaciones sobre delitos graves que se publican en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que muchos de estos son cometidos por reincidentes y sujetos que habían pasado por los tribunales pero fueron dejados en libertad.

Muchas de las víctimas deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, porque estiman que no tendrán resultados, o porque lo consideran una pérdida de tiempo, de manera que al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar lo que se conoce como las "cifras negras" de la delincuencia.

A juicio de los comerciantes consultados, las autoridades que presentan mayores niveles de insatisfacción frente a la delincuencia son Tribunales de Justicia (85,1% de insatisfechos), el Congreso (83,4 %), Ministerio Público (77,3%) y el Gobierno (75,9%). En momentos en que el país se encuentra en una campaña que llevará a las elecciones de presidente y de parlamentarios en noviembre, las autoridades y los sectores políticos tienen el deber de hacerse cargo del tema.

En este periodo de cambios constitucionales, los convencionales en ejercicio deberán abocarse a revisar muy pronto el capítulo relativo al Poder Judicial, con el fin de debatir si se va a dejar igual a como históricamente ha sido regulado, o bien, se van a introducir reformas.

Por mandato constitucional, los tribunales que integran el orden judicial deben conocer, fallar y hacer ejecutar lo juzgado, los tres momentos clásicos de la jurisdicción, siendo el juzgamiento el más relevante, toda vez que mediante una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por acreditados, el juez, en su sentencia declarará el derecho aplicable a las partes en pleito.

Y es precisamente en lo que atañe al juzgamiento, en donde la comunidad ha formulado sus mayores críticas. Casos como la destitución de los ex ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, por hechos de corrupción, en agosto de 2019, removieron los cimientos mismos de la probidad administrativa en lo que respecta a funcionarios judiciales de alta categoría.

En este escenario, muchos académicos y abogados nos preguntamos sobre si nuestro país está preparado en cuanto a su madurez cívica, para adoptar una justicia servida por jurados, es decir, hombres y mujeres legos, de las más variadas profesiones y oficios que deben asumir la importante misión de juzgar a sus propios pares, los ciudadanos.

Las ventajas que se advierten es que el juicio por jurado puede ayudar enormemente a debilitar la burocracia y el corporativismo existente en el poder judicial. Los miembros del jurado no necesitan hacer carrera dentro del poder judicial, razón por la cual no tienen ningún interés en complacer al poder político que deberá impulsar su carrera para llegar a la cúspide funcionaria.

De esta manera, la justicia se democratiza por cuanto el control ciudadano es mayor y otorga transparencia y equidad a las decisiones judiciales evitando influencias indebidas y presiones. Con todo, subsiste la pregunta de si la madurez cívica de nuestra nación estará a la altura de tamaña responsabilidad. Yo apuesto por la afirmativa.

José Manuel Baquedano, pdte. Colegio de Abogados Osorno