Marcelo Galindo
Son 70 las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Región de Los Lagos, durante y después del estallido social de 2019, cuyo avance es de un 4%, de acuerdo al balance realizado por ese organismo, al cumplirse dos años desde que se iniciaron las protestas, algunas de ellas muy violentas y con daño en la estructura pública y privada.
Hasta el momento sólo una condena ha entregado la justicia en materia penal en contra de agentes del Estado por violación a los derechos, en este caso de una menor de 17 años.
El informe revela que las causas que se originaron desde el 18 de octubre de 2019 hasta marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, la sede regional del INDH presentó 70 querellas en representación de 77 víctimas (48 hombres y 29 mujeres) 20 de ellas menores de edad.
De esas acciones penales, el 30% son por tortura, el 10% por actos de connotación sexual y un 60% por apremios ilegítimos. El mismo informe indica que en la región el 90% de las acciones judiciales están dirigidas contra funcionarios de Carabineros.
"En este momento tenemos una condena, por el delito de violencia innecesaria, en la que fue sentenciado un subteniente de Carabineros por golpear con una bomba lacrimógena a una menor de 17 años en la Plaza de Armas", explicó Mauricio Maya, director regional del INDH.
Según Maya, "hay otras dos causas formalizadas, pero lo que representa cerca del 4% del total de las causas que llevamos adelante en la región", remarcó.
Déficit
Maya reconoce que en el INDH existe conformidad, en una primera instancia, con las formalizaciones y el avance de algunas causas. "Sin embargo, en el análisis a nivel nacional y también regional, nos encontramos más cerca de la impunidad que de la justicia".
Anotó que "hay todavía un déficit en el avance de las investigaciones. Nosotros, con la Fiscalía, vemos que hay avances, pero vemos que aún falta compromiso estatal, no sólo en la Fiscalía, sino que en el fortalecimiento del Servicio Médico Legal, en la PDI y designación de fiscales exclusivos o preferentes para investigar estas causas".
De acuerdo a Maya "creemos que el Estado de Chile puede hacer mucho más para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos".
Octubre
Según Alfredo Argel, dirigente de las organizaciones de detenidos desaparecidos de la dictadura, octubre "es un mes muy triste" para quienes fueron perseguidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, a lo que se suman las violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social.
Argel recordó que entre el 18 y 19 de octubre de 1973 hubo fusilamientos por consejo de guerra en Chamiza y en el camino a Pelluco. Uno de sus hermanos fue víctima de ello.
"Esto es muy doloroso, porque no ha habido justicia completa. Han pasado 48 años y se junta con el inicio de la revuelta de hace dos años".
Agregó que "nunca pensamos que ese dolor que sufrimos tanto, iba a ser igual a lo que hemos vivido con nuestros jóvenes, que lucharon por este cambio, que ahora es muy importante".
Derechos
Patricio Navarro, coordinador regional de Seguridad Pública de la Subsecretaria de Prevención del Delito, resaltó que las modificaciones al protocolo de actuación realizadas este año ante las manifestaciones de 2019, "representan el avance del gobierno en términos de respeto irrestricto de los derechos de las personas".
Puntualizó Navarro que no se puede olvidar que las manifestaciones deben ser pacíficas, "para respetar los derechos de las personas de transitar libremente por las calles, cuando quieran y dónde quieran, derecho que está garantizado en la Constitución Política del Estado".
"Nos encontramos más cerca de la impunidad que de la justicia"
Mauricio Maya,, director regional del INDH.
2 años se conmemoran hoy del "estallido social" del 18 de octubre de 2019, que derivó en la elaboración de una nueva Constitución.
