Regular la coordinación que debe existir entre los gobernadores regionales y los representantes del nivel central es el principal objetivo de la denominada Ley Corta de Descentralización, que la semana pasada -luego de la aprobación del informe de la Comisión Mixta en las salas del Senado y la Cámara Baja- quedó lista para continuar los trámites con miras a su promulgación.

De esta forma, se busca avanzar en la implementación de un proceso que ha estado marcado por los "tiras y aflojas" y por la falta de definiciones precisas en torno a dos normativas que han marcado el devenir de la descentralización en los últimos años, es decir, las leyes N° 21.073 y N° 21.074, que establecieron la elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización del país, respectivamente.

Si bien se trata de una normativa que debió entrar en funcionamiento mucho antes y que no estuvo exenta de controversias en su tramitación, es innegable la relevancia de que se vayan concretando estos pasos, especialmente para dar mayor claridad en cada región en torno a las competencias y atribuciones de las nuevas autoridades.

El hito que implica la próxima promulgación de la Ley Corta de Descentralización vino acompañado de otro anuncio que merece ser valorado, especialmente porque se trata de una solicitud que nació del diálogo establecido en las últimas semanas entre el nivel central y las nuevas autoridades regionales. Se trata del aumento del presupuesto para los programas de inversión regional. Sin duda, un reconocimiento por parte del Gobierno Central respecto de la importancia que tiene ir aumentando paulatinamente el porcentaje de los fondos de decisión regional, de manera de profundizar la necesaria y urgente descentralización del país, con señales concretas.

Esto, sin duda, debería ser un tema a considerar por todos los candidatos presidenciales, que están llamados a reforzar el compromiso con los territorios subnacionales, con miras a un desarrollo mucho más equitativo e integral del país.

A pesar que actualmente se multiplican los discursos que abogan por la inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social, en la práctica, esto parece estar lejos de ser una realidad tangible y definitiva.

El segundo estudio nacional de la discapacidad realizado en Chile el año 2015, afirma que más de 370.000 personas con discapacidad viven en sectores rurales. Esto es relevante, considerando que las dificultades a las que se enfrentan, se amplifican en zonas con una topografía irregular, falta de infraestructura de transportes y servicios, baja conectividad digital y ausencia de redes de apoyo institucional.

Lo anterior contribuye a disminuir las oportunidades que pueden tener las personas para desarrollar sus proyectos de vida. Las posibilidades de acceder a la educación formal, encontrar un empleo, participar de actividades culturales y recreativas es un desafío mayúsculo en contextos donde el transporte público es escaso, los caminos interiores no están asfaltados y el desconocimiento sobre la discapacidad, aumentan el aislamiento y los estigmas con los que viven las personas con discapacidad.

No obstante, es justo reconocer que, en lugares como San Juan de la Costa, muchas personas con discapacidad han logrado salir adelante gracias a sus emprendimientos y las opciones de ayuda que ofrecen algunas instituciones públicas. Uno se encuentra con personas con movilidad reducida y discapacidad visual que desarrollan actividades como la agricultura, la artesanía en esculturas, la crianza de animales, y otras, que identificadas con la cultura Mapuche-Huilliche desarrollan actividades relacionadas con la medicina intercultural, brindando servicios comunitarios y aportando desde sus conocimientos ancestrales.

Esto nos convoca a pensar, que, a pesar de las dificultades, la ruralidad ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de pertenecer a sus comunidades, participar activamente de la vida laborar y cultural de sus territorios a través de diversos emprendimientos. Aun así, no podemos olvidar que se requieren más y mejores políticas que promuevan la participación activa de todas las personas en los territorios rurales.

Diego Solsona-Cisternas, doctorante de Ciencias Sociales ULagos