El Ministerio de Salud puso en vigencia durante la pandemia la plataforma "SaludableMente", con el fin de tratar problemas de salud mental ocasionados en el contexto de la emergencia sanitaria, entre los cuales el intento de quitarse la vida es uno de los principales motivos de consulta. Las personas que se han contactado con él argumentan tener especialmente síntomas de ansiedad y trastornos severos, como las conductas que atentan contra su propia vida, hecho que se puso de relieve el viernes en el país, a propósito del Día de la Prevención del Suicidio.

Desde antes de la emergencia sanitaria los sistemas de salud ya venían advirtiendo la alta incidencia que tienen las depresiones como causal de licencias médicas en los trabajadores, lo que invitaba a reflexionar sobre varios aspectos relacionados con la calidad de vida y satisfacción de las personas. En estos casi 18 meses, si bien las cifras de contagios han decaído bastante gracias a un amplio programa de vacunación para llegar a estabilizar la enfermedad, hay otra pandemia que no logra controlarse: la de los trastornos de salud mental. La depresión es un trastorno mental frecuente, eventual o crónico, dependiendo de cada paciente, que debe ser tratado médicamente, por el riesgo que implica en sus estados más críticos.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en Chile hay anualmente 1.800 suicidios, y por cada uno de ellos, alrededor de 20 realizan un intento sin lograrlo. Según se desprende de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, más de 220 mil chilenos sobre los 18 años han planificado su autoeliminación y más de 100 mil reconocieron que intentaron quitarse la vida. El suicidio constituye un grave problema de salud pública, por lo que en 2019 se dictó el Decreto de Vigilancia Universal, que establece la obligación de todos los centros de salud de reportar a la autoridad sanitaria cualquier intento de suicidio o lesiones autoinfligidas, lo que permite no sólo monitorear los casos, sino entender mejor quiénes son las personas que toman ese camino. Las secuelas que dejará la pandemia serán grandes y su solución serán de largo aliento, pero la salud mental de los chilenos requiere de mucha atención.

Desde 1995, el Sistema de Incentivos a la Recuperación de Suelos Degradados ha sido el más importante instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto anual de 30 mil millones de pesos, de los cuales 22 mil millones de pesos se destinan a productores Indap y el saldo restante a productores pequeños y medianos.

Desde el año 2010, más de 198 mil productores han sido beneficiados, lo que ha permitido recuperar más de 1.614.361 hectáreas de suelos con distintos niveles de degradación. En este sentido, los productores han tenido un rol importante en el establecimiento de la priorización de las actividades bonificables a través de su participación en las instancias que a nivel regional les permite esta ley.

El impacto es indudable, toda vez que ha permitido realizar una mayor inversión en fertilización de suelos, permitiendo que éstos recuperen su capacidad productiva y, tal vez lo más importante, se evite el proceso erosivo con la consiguiente pérdida de suelo, estado del cual es prácticamente imposible de recuperar.

Considerando que la vigencia de esta ley termina el próximo 9 de febrero de 2021, cuesta entender el por qué a esta fecha el Ministerio de Agricultura aun no ha presentado un proyecto que, con los ajustes necesarios, reemplace y dé continuidad a esta importante política de recuperación y conservación de los suelos agrícolas de Chile. Esta situación es de extrema gravedad considerando que, con la actual crisis hídrica que afecta de forma más fuerte a los suelos de secano, una de las mejores herramientas para enfrentarla es justamente a través de un adecuado nivel de fertilidad.

Las soluciones que hasta ahora se han planteado para subsanar la falta de atención del Ministerio de Agricultura a este programa no tendrán ningún efecto si su implementación se piensa realizar a fines de año; hoy se requiere del compromiso de las autoridades y de todos los parlamentarios para que estos recursos se pongan a disposición de los productores en el más breve plazo.

La necesidad de mantener esta política de fomento a la inversión en suelos, junto a otras normativas necesarias para proteger este recurso, no tolera discusiones político-partidistas, sino que exige una discusión seria y que considere las necesidades alimentarias del futuro.

Christian Arntz Mac Evoy, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)