Uso de armas de fuego
Cada vez se está haciendo más recurrente la utilización de armas de todo calibre por parte de delincuentes y narcotraficantes. Las cifras son alarmantes: se calcula que en el país hay unas 230 mil armas inscritas legalmente cuyo paradero se desconoce.
La delincuencia se ve potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas. Carabineros ha revelado que en lo que va del presente año se han practicado 5.321 detenciones con incautación de armas de fuego y blancas, la mayoría de ellas en poder de adultos, pero también de niños y adolescentes.
El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego. Resulta alarmante ver cómo en las redadas realizadas por las policías, se decomisan pistolas y revólveres hasta a menores de edad, lo que indica que pese a los operativos que se realizan y a la destrucción de material, queda mucho más en circulación o que así como salen, se van reponiendo. Ya no son extraños los casos de balaceras entre traficantes en las poblaciones, que pugnan por el control de los barrios, sino que también los asesinatos y "ajustes de cuentas" de miembros de bandas rivales.
Carabineros y la PDI incautan con frecuencia armas de fuego y municiones en sus operativos policiales, y a la vez recogen el material que la ciudadanía opta por entregar en forma voluntaria. El proceso de entrega voluntaria se realiza en cualquier unidad policial, donde la persona puede identificarse, si lo desea, o bien puede mantener el anonimato.
Las autoridades han señalado que han aumentado los procedimientos policiales ligados al desbaratamiento de bandas criminales y, adicionalmente, se ha incautado el material que había sido utilizado por delincuentes para cometer delitos violentos, y que se funde y recicla. Sin embargo, se calcula extraoficialmente que unas 230 mil armas legalmente inscritas en el país no tienen paradero conocido, porque han sido declaradas por sus dueños como robadas, extraviadas o están inscritas a nombre de personas ya fallecidas.
Se constata que a pesar de los esfuerzos, se trata de un problema en aumento que pone en riesgo a toda la población.